La derecha se impone a los partidos: el pragmatismo domina el ajedrez político

Tania Molina/Parte del especial Peligro, cruce a la derecha*

Estancada en preceptos de hace un siglo, la derecha dominicana se erige sobre una minoría de gran influencia en los partidosmayoritarios y sectores de poder económico y religioso. Su discurso nacionalista, centrado en el rechazo a la migración haitiana y el desconocimiento a derechos de las minorías, le dan vigencia en una sociedad con fuertes garras conservadoras. En esta historia sobre la derecha dominicana, políticos, sociólogos e historiadores exponen una mirada a la crisis que afecta al sistema de partidos y que ha roto las fronteras ideológicas que hace un tiempo le distinguían, arrastrándose a un pragmatismo que les convierte, más que en partidos, en corporaciones políticas.

El 1 de mayo de 2018 los ciudadanos de República Dominicana recibieron la noticia de que el país cambiaba sus vínculos históricos con Taiwán para establecer relaciones diplomáticas con la República Popular China. Tras 70 años de apoyo técnico y económico de Taiwán, bajo la presidencia de Danilo Medina, del derechista-liberal Partido de la Liberación Dominicana (PLD), el país caribeño se inclinaba por el régimen comunista del gigante asiático, un socio comercial del que en 2017 importó US$2,378.9 millones y al que sólo exportó US$85.7 millones, según cifras oficiales.

Seis meses después, el 1 de noviembre, el presidente Medina arribó a Beijing en la primera visita oficial de un jefe de Estado dominicano a esa nación. Regresó con una carpeta llena de acuerdos de cooperación y promesas de inversión en las áreas financiera, comercial, agrícola y de aeronavegación.

Pero antes de concretarse las promesas, el panorama diplomático dominicano volvió a dar un giro con el presidente Luis Abinader Corona, quien llegó al poder dos años y cuatro meses después, el 16 de agosto de 2020, en la boleta del Partido Revolucionario Moderno (PRM), una formación desprendida del otrora poderoso Partido Revolucionario Dominicano (PRD), de inclinación derechista y tendencia democrática.

La campaña electoral que llevó al poder a Abinader Corona tuvo a su favor los vientos diplomáticos de la gestión del republicano Donald Trump. El 11 de julio de 2019, cuando diversos grupos del país presionaban ante la posibilidad de que el entonces presidente Medina volviera a reformar la Constitución para buscar un tercer mandato de cuatro años, el gobierno estadounidense informó de una llamada del secretario de Estado Mike Pompeo al jefe de Estado dominicano.

El Departamento de Estado informó que Pompeo conversó con Medina, “sobre la importancia de que todos los actores políticos en la República Dominicana preserven las instituciones democráticas y respeten el Estado de Derecho y la Constitución, particularmente en el período previo a las elecciones del 2020”. Tras los resultados electorales, pese a la pandemia de la COVID-19, Pompeo visitó el país para la toma de posesión de Abinader Corona.

El mandatario expresó, durante una entrevista que concedió el 30 de octubre al Centro Wilson, de Estados Unidos: “Si China quiere invertir en áreas no estratégicas del Gobierno dominicano es bienvenida su inversión, pero la decisión del Gobierno dominicano es tener una alianza estratégica con los Estados Unidos”. Abundó que a la nación asiática le están vedadas inversiones en áreas estratégicas, como puertos, aeropuertos y telecomunicaciones.

En el origen de aquellos hechos estaba la sentencia TC/168-13, dictada en 2013 por el Tribunal Constitucional, presidido por el perredeísta, que despoja de la nacionalidad dominicana a todos los hijos de extranjeros nacidos en suelo dominicano desde 1929.

Previo a la reforma de 2010, impulsada por el entonces presidente Leonel Fernández (PLD), la Constitución dominicana concedía la nacionalidad a “todas las personas que nacieren en el territorio de la República, con excepción de los hijos legítimos de los extranjeros residentes en el país en representación diplomática o los que estén en tránsito”.

Según reconoció entonces la propia Junta Central Electoral, rectora del registro civil en el país, cuyo presidente de entonces, Roberto Rosario, se vincula a grupos ultranacionalistas, unas 55 mil personas fueron afectadas por la sentencia del TC y por una resolución del organismo que data de 2007 que ya restringía el acceso a las actas de nacimiento para las personas de ascendencia haitiana, nacidas en el país.

Para ese grupo se emitió en 2014 la Ley 169-2014, que establece un régimen especial para personas nacidas en el territorio nacional inscritas irregularmente en el registro civil dominicano y sobre naturalización. Esto, a la par del Plan Nacional de Regularización de Extranjeros que mandara realizar la sentencia del TC.

En febrero de 2016, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió un informe en el que critica las violaciones a los derechos humanos generados por la sentencia del TC. “La Comisión estima que la sentencia TC/0168/2013 del Tribunal Constitucional llevó a una privación arbitraria de la nacionalidad para todas las personas sobre quienes extendió sus efectos. A su vez, la sentencia tuvo un efecto discriminatorio, dado que impactó principalmente a personas dominicanas de ascendencia haitiana; privandoles de su nacionalidad retroactivamente; y generando apatridia respecto de aquellas personas que no eran consideradas como nacionales suyas por ningún otro Estado”, dice el informe.

Sin embargo, ya en 2014, el TC había emitido la sentencia 256-14, sobre un recurso de inconstitucionalidad que interpuso un grupo de nacionalistas, encabezado por Pelegrín Castillo contra el Instrumento de Aceptación de la Competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, suscrito en febrero de 1999 por el entonces presidente de la República, Leonel Fernández. Por tanto, el informe de la CIDH fue ignorado.

Al analizar el éxito de los sectores nacionalistas en cuanto al posicionamiento del tema haitiano, Pérez Vargas destaca una estrategia que dice ser muy efectiva: el miedo, que tiene impacto, sobre todo, en la gente humilde. “El nacionalismo que se pregona hoy es excluyente, es un nacionalismo que explota los miedos de la clase trabajadora, y a los padecimientos de la clase trabajadora se les crean miedos como responsables. Entonces, ese miedo tiene que ser esencialmente a lo extranjero y hay una exacerbación de todo lo que es lo nacional”.

El discurso de la nacionalización de los puestos de trabajo es apoyado en la idea de que la migración haitiana despoja al dominicano de oportunidades laborales, también de que el presupuesto para la salud se destina a la atención de los haitianos, sobre todo de parturientas.

En ocasiones, el discurso puede ser más desmedido. En 2018, en redes sociales, principalmente WhatsApp, y varios medios de comunicación, se difundió la falsa denuncia de un supuesto envenenamiento del sistema de distribución de agua potable en pueblos de la región sur del país. Uno de los mensajes, indicaba que los haitianos preparaban un golpe o atentado contra el país, una temática recurrente en los grupos nacionalistas que también muestran videos manipulados de supuestos soldados intentando entrar en grupos a territorio dominicano, o cifras abultadas de personas asesinadas a manos de inmigrantes haitianos.

La información del envenenamiento, y el temor generado en la población obligó al Ministerio de Salud Pública a ordenar una investigación del acueducto de las zonas referidas, determinando que se trataba de una información falsa y que el agua “es apta para el consumo humano”.

Otro tema recurrente de la derecha, posesionado entre las promesas y el miedo, es el de la estabilidad nacional, basada en la preservación de la paz y la conservación de las tradicionales instituciones. Ocurrió cuando en los años 70 Joaquín Balaguer presentaba al país el perfil de una izquierda que ponía en peligro la paz y el desarrollo del pueblo dominicano, mientras sus leales militares y policías marcaban un hilo de sangre que buscaba desarticular una juventud progresista opositora.

Religión y derechos

La incidencia de la ideología de la derecha conservadora en República Dominicana también ha pulsado contra los aprestos por establecer la despenalización del aborto en tres causales excepcionales, una demanda de grupos que defienden los derechos de las mujeres.

Las iglesias, principales opositoras de esta excepcionalidad, bajo alegato de que se debe preservar la vida desde el momento de la concepción como se estableció en la Constitución de 2010, ha logrado articular a su favor el voto de la mayoría congresual.

El Código Penal Dominicano, que data de 1844, penaliza la interrupción del embarazo en sus artículos del 107 al 110, en los que se establecen penas de uno a dos años de prisión menor para quienes se practiquen a ayuden a practicar un aborto.Para los profesionales de la salud, como médicos o enfermeras, esas penas son de cuatro a diez años.

Así quedó establecida en la modificación que se realizó en 2014 a varios artículos del Código Penal, los cuales fueron previamente vetados por el entonces presidente de la República, Danilo Medina. Su veto se justificó en el tema del aborto, a fin de que los legisladores especifiquen las excepciones que deben prevalecer en caso de penalizar la interrupción del embarazo, tales como los casos en que en la vida de la madre corre peligro, cuando ha sido víctima de violación o incesto, o cuando el feto tenga malformaciones incompatibles con la vida.

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La Iglesia católica, que para entonces tenía establecido en una oficina en el Palacio Nacional al sacerdote Manuel Ruiz, enlace con el Poder Ejecutivo, la emprendió contra Medina. Mientras, las convocatorias a protestas en favor de la vida en los alrededores del Congreso fueron más constantes e iniciaron desde entonces la práctica de las iglesias de realizar listas de candidatos a cargos electivos que entienden son los de “más valores” y otra de los que –a su consideración–no se les puede votar.

Con su influencia religiosa sorprendió Leonel Fernández cuando, durante la campaña política interna del ahora opositor PLD, en medio de un discurso en agosto de 2019, proclamó: “Yo me considero ser amante de Dios y lo soy por el enigma de la vida y por el misterio de la muerte y sabemos que más allá de esta vida hay una vida eterna que se conquista actuando bien en esta vida”.

Fernández, que cuando fue presidente llegó a vetar el Código Penal a fin de que se incluyeran las excepciones al castigo del aborto, y expresó su apoyo a Danilo Medina cuando le tocó el turno, flexibilizaba su postura en octubre de 2019, cuando declaró: “Yo lo que creo es que eso no debe impedir la aprobación del Código. Que se apruebe el Código como está y el tema de las causales será un tema del Tribunal Constitucional como ha sido en España”.

Más sorpresivo fue el caso del congresista Pedro Catrain, vinculado con movimientos de izquierda y grupos de la sociedad civil y que en 2014 figuró en un grupo de personalidades que se comprometían como padrinos del colectivo de lesbianas, gays, transgéneros y bisexuales (LGTB) de cara a la caravana del orgullo gay de julio.

Su postura tomó un giro, durante la campaña política en la que Catrain se presentó como candidato a senador por la costera provincia Samaná, al norte del país, cuando se publicó un acuerdo al que se adhirió con su firma. “Me comprometo ante Dios y todas las iglesias evangélicas y católica, que, a partir del 16 de agosto 2020, cuando sea el próximo senador (…) a no levantar mis manos a favor de ningún proyecto que atente la modificación de nuestra Constitución promulgada el 26 de enero 2010, en contra de la palabra de Dios, los valores y la familia, para favorecer al grupo denominado LGTB, en relación al matrimonio del mismo sexo y a favor del aborto”, establecía.

Dentro del aparato de gobierno, el conservadurismo religioso encuentra otros exponentes de gran incidencia. Tal es el caso de la vicepresidenta de la República, Raquel Peña, quien llegó a la boleta del PRM desde la estructura empresarial y religiosa que sostiene a la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM).

Fundada por la iglesia católica en 1962, la PUCMM tiene en su Junta de Directores a cuatro religiosos y unos 17 empresarios. Raquel Peña fue vicerrectora de Administración y Finanzas de la universidad, previo a su designación a principios de 2020 como compañera de boleta de Abinader Corona. “Sin antes haber una consulta a los especialistas de todas las esferas sociales es imposible que pueda estar de acuerdo con el aborto en las tres causales”, dijo mientras enfatizaba su autodefinición como pro vida, durante una entrevista en la que se le cuestionó si apoyaría las tres causales.

Durante el proceso de campaña, el ahora presidente de la República Luis Abinader, declaró: “Nuestro partido tiene una posición en relación con las causales, que nosotros entendemos que debemos apoyar esas causales. En términos generales somos un partido tolerante, con que cada quien tenga sus inclinaciones (referente a la comunidad LGTB)”.

Sin embargo, el mismo 16 de agosto, mientras asumía en el Congreso como diputado por el PRM y presidente de la Cámara de Diputados, el congresista Alfredo Pacheco anunció que someterían el Código Penal a discusión sin el tema del aborto. “Las causales las vamos a someter como una nueva ley y ahí no hubo consenso como es normal, pero nosotros nos proponemos en los próximos cien días, dotar al país de esta legislación”, dijo.

Mano dura

La política de mano dura o ley y orden para hacer frente al delito también vincula a las tendencias de derecha dominicana, heredera de una práctica de la dictadura de Trujillo. Frases como el “tránquenlo y después preguntan” o “darle pa’ bajo”, con las que en las fuerzas militares y policiales se conoce la práctica de detener a personas sin cumplir las disposiciones mínimas de derechos humanos, o, lo que es peor, las ejecuciones extrajudiciales, colocan a República Dominicana en la lista de países donde se irrespetan los derechos humanos.

“Los temas de los derechos humanos incluyeron informes sobre asesinatos arbitrarios o ilegales por parte de las fuerzas de seguridad del Gobierno; actos de torturas cometidos por policías y otros agentes del Gobierno; detenciones arbitrarias; condiciones carcelarias duras y crueles que amenazan la vida misma (…)”, resumió la CIDH en su informe de 2018 sobre los derechos humanos en República Dominicana.

A pesar de que se trata de una práctica cuestionada, sectores conservadores la han promovido en sus discursos. En 2008, el entonces cardenal dominicano Nicolás de Jesús López Rodríguez sugirió a la Policía Nacional actuar “sin contemplaciones piadosas” en momentos en que esa institución era cuestionada por la muerte de varios civiles en manos de agentes policiales.También indicaba que los derechos de las personas que son víctimas de los delincuentes, “no están por debajo de los derechos de los victimarios”.

En su informe de 2018, la CIDH indica que el Gobierno dominicano dio ciertos pasos para castigar a los oficiales que cometieron abusos en contra de los derechos humanos denunciados, pero que hubo informes amplios sobre “la impunidad oficial y la corrupción, especialmente en aquellos casos donde estaban involucrados funcionarios de alto rango”.

Política impositiva

Y también se protege a los ricos de pagar sus impuestos. Un artículo publicado en septiembre de este 2020 por el periódico Diario Libre, bajo la firma del periodista Edwin Ruiz, titulado “Los consumidores: la gallina de los huevos de oro del fisco dominicano”, se plantea que en República Dominicana los pobres pagan más impuestos que los ricos.

Para su afirmación cita un informe de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) sobre el Sistema Tributario Dominicano, actualizado al 2018. En éste se plantea que las recaudaciones de impuestos directos a la riqueza y al patrimonio en América Latina representan el 39.3 %, mientras que en los países más desarrollados (países OCDE) es de un 48.8 %. “En cambio, en República Dominicana en impuestos directos (a la riqueza y al patrimonio) ese porcentaje es de solo 33.6 %. Entonces, República Dominicana es campeona en cobrarles menos impuestos a los ricos”.

En cuanto a las recaudaciones de impuestos indirectos, que gravan al consumo, cita que en América Latina el porcentaje de recaudación es de 60.7 %, y en los países OCDE es de 51.2 %, en cambio, en República Dominicana la proporción es de 66.4 %.“Entonces, República Dominicana es campeona en gravar más a los consumidores y en consecuencia a los hogares”, plantea Ruiz.

En enero de 2012, se aprobó la Ley 1-12 que establece la Estrategia Nacional de Desarrollo. Dicha legislación en su artículo 36, consigna la necesidad de que las fuerzas políticas, económicas y sociales arriben a un pacto fiscal. Dicho pacto debe estar orientado a reducir la evasión fiscal, ii) elevar la calidad, eficiencia y transparencia del gasto público, iii) elevar la eficiencia, transparencia y equidad de la estructura tributaria (…)”.

A la fecha no se ha logrado un consenso para la firma, aunque el nuevo gobierno lo ha declarado como tema de prioridad.

Una derecha influyente

“La derecha dominicana post trujillista ha tenido mucha influencia en la política nacional, pero no como actores políticos formalmente organizados en partidos, sino sobre todo como grupos de interés con gran influencia en la toma de decisiones en el Estado”, afirma el sociólogo Wilfredo Lozano. Así lo han hecho a través de organizaciones corporativas formales, como el Conep y la Iglesia católica en su alta jerarquía, o grupos informales de presión, como el llamado “Grupo de Santiago (empresarios de gran poder económico)”.

Salvo el caso de la Unión Cívica Nacional en el pasado, por lo general la derecha no ha tenido nunca una expresión política organizada propia con impacto de masas. “El caso de Balaguer como líder de derecha es distinto, pues fue un líder bonapartista que como conservador pactó siempre con la derecha, pero mantuvo su visión reformista del orden social y de la función del Estado”, dice Lozano.

Para Lozano, funcionario del gobierno de Abinader Corona, la derecha dominicana tuvo y mantiene una importancia determinante en la vida política del país. “Tan es así que puede decirse que hoy día el espectro político nacional en su conjunto está altamente influenciado por las derechas.

Plantea que los partidos, al tener que coexistir con el empuje de masas y con las crecientes demandas de participación social, “han tenido que moverse en un doble movimiento: asumir un cariz populista, lo que ha introducido una suerte de condicionamiento social en las fuerzas de derecha, y por otro, negociar permanentemente con los grupos de presión conservadores, lo que les ha obligado a hacer del Estado un instrumento que sobre todo produce políticas estabilizadoras que tienden, en la generalidad de los casos, a frenar las reformas sociales”.

* Especial periodístico sobre las derechas en Chile, Argentina, Brasil, Colombia, República Dominicana y México, con la participación de Macarena Segovia, Werner Pertot, Fábio Zanini, Alejandra de Vengoechea, Tania Molina, Paty Godoy. Editor: Omar Rincón