Outgunned: La historia de una mujer, su abusador y el fallido control de armas de California Outgunned: The story of a woman, an abuser, and California’s failing gun control

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Dieciocho millas al sur de la casa del Valle Central que era su prisión, cerca de la Carretera 99, pasando por huertos de almendros y camiones sobrecargados con fardos de heno, se encuentra el Tribunal Superior del Condado de Madera. La estructura de acero de cuatro pisos con su exterior de granito claro cuenta con 10 salas de audiencias, grandes monitores de pantalla plana y un atrio acristalado.

El tribunal abrió en el 2015 en este condado de 160.000 habitantes, como parte de un esfuerzo de décadas para trasladar el financiamiento y la supervisión de los tribunales locales al estado y garantizar el acceso equitativo a la justicia para todos los californianos.

“El Palacio de Justicia de Madera fue diseñado para demostrar la transparencia y dignidad de la democracia, proporcionando un lugar para facilitar el funcionamiento de los ideales estadounidenses de justicia”, reza el sitio web del arquitecto .

Calley Garay, una madre de 32 años de tres niños pequeños, vino aquí en junio de 2020 en busca de protección contra su esposo abusivo.

Julio Garay le advirtió que una orden de restricción no era más que un trozo de papel y no lo mantendría alejado, según muestran los registros judiciales.

Pero cada vez las palizas empeoraban, las amenazas eran más inquietantes y la Policía local todavía estaba investigando sus acusaciones. Necesitaba ayuda. Entonces, en junio del año pasado, planeando una nueva vida con sus hijos libres de su control, Calley llenó la solicitud estándar de orden de restricción por violencia doméstica. Su petición fue uno de los 72,000 formularios de este tipo que los californianos, en su mayoría mujeres, presentaron en todo el estado ese año fiscal, incluidos 211 en el condado de Madera.

Ahora estamos casados ​​o somos parejas de hecho registradas.Aplica.

Somos los padres juntos de un niño o niños menores de 18años. Aplica.

Creo que la persona … posee o posee pistolas, armas de fuego o municiones.Aplica

@XboxSupport My son has an XBox live enforcement but when I follow the links it says he has no violations and gives… https://t.co/I7rOUd9zlk

— Me Sat Oct 20 14:34:54 +0000 2018

La respuesta a esa última pregunta en el formulario de Calley le dijo a la corte que su caso podría ser particularmente peligroso. Las investigaciones muestran que la presencia de un arma de fuego aumenta la probabilidad de que la violencia doméstica se vuelva mortal. Es por eso que las personas que son objeto de una orden de restricción en California, incluso una temporal, no pueden tener armas. Por ley, se supone que deben entregar sus armas a la Policía o un comerciante autorizado dentro de las 24 horas posteriores a la entrega de la restricción.

Y si una simple casilla de verificación no fuera suficiente para llamar la atención de un juez, Calley adjuntó al formulario más de una docena de páginas de horror, incluidas descripciones de agresiones y fotos de moretones en su pierna, espalda y pecho.

A través de todo se mencionó una pistola, una pistola que su pareja llevaba en su bolsillo cuando le gritó fuera de la escuela de su hijo. Una pistola cuando amenazó con llevarla a los huertos y matarla.

Lo que le sucedió a Calley Garay, una historia que culmina esta semana en el juzgado de Madera, se trata de algo que va más allá del caso de una mujer. Se trata de la incapacidad de California para desarmar a los abusadores, un fracaso de largo alcance sobre el que los jueces, los defensores y las fuerzas del orden han estado advirtiendo durante años.

CalMatters pasó meses revisando informes gubernamentales, revisando archivos de casos en varios condados y entrevistando a personas en todo el estado. El informe muestra que la igualdad de acceso a la justicia sigue siendo difícil de alcanzar. Las protecciones que los sobrevivientes de abuso doméstico obtienen de los tribunales varían ampliamente, dependiendo de dónde vivan o del juez que maneja su caso.

Y California, que posiblemente tiene las medidas de control de armas más estrictas del país, lucha con demasiada frecuencia para hacer cumplir esas leyes.

En julio, CalMatters informó sobre la dificultad del Departamento de Justicia del estado para aclarar una acumulación de casos en suSistema de Personas Armadas y Prohibidas, una base de datos de propietarios de armas conocidos a quienes se les prohíbe tener armas de fuego debido a una condena u otra orden judicial. A principios de este año, 24.000 personas estaban en el sistema, incluidas casi 4.600 debido a una orden de restricción. Esas son solo las personas que conoce California. No incluye a las muchas personas, como Julio Garay, que los sobrevivientes de abuso dicen que poseen armas de fuego no registradas.

En su solicitud de una orden de restricción, Calley terminó su solicitud con la descripción de un ataque del 7 de mayo de 2020, el que la llevó a irse, diciéndole al tribunal sobre el miedo que tenía.

“Siempre me ha dicho que una orden de restricción no es a prueba de balas y que me encontrará”, escribió.

Un mes después, lo hizo.