La pandemia de COVID-19 ha disparado el número de pacientes en urgencias hospitalarias con patología de salud mental y tentativas de suicidio. Se calcula que el incremento ronda el 30 por ciento, aunque aún es pronto para conocer el impacto definitivo, explica a GM Iria Miguéns, miembro de laEspañola de Medicina de Urgencias (SEMES) y coordinadora del Grupo de Trabajo Depresión y Suicidio en Urgencias y Emergencias Hospitalarias, una iniciativa de la sociedad científica junto a Fundamed que cuenta con la colaboración de Janssen.
SEMES acaba de presentar los resultados del informe de este grupo de trabajo que, según indica el presidente de la entidad, Manuel Vázquez Lima, puede ser el primer paso hacia un Código Esperanza orientado a la prevención del suicidio, en línea con otros protocolos impulsados por la sociedad como el Código Íctus o Código Corazón, con un amplio recorrido y excelentes resultados.
“En urgencias somos tiempo-dependientes. A partir de este trabajo, invito a desarrollar un Código Esperanza que defina perfectamente el proceso asistencial, procedimientos, indicadores, medidas y seguimiento en la asistencia urgente al suicidio”, plantea el portavoz.
En este sentido, Vázquez Lima hace hincapié en que los servicios de urgencias están disponibles en cualquier circunstancia y lugar. “Estamos comprometidos en este proyecto de dar soporte inicial en tentativas de suicidio, de llevar a cabo la estabilización necesaria y ofrecer apoyo y formación clave al paciente y la familia. En definitiva, de actuar como agente catalizador para valoración posterior con otros colaboradores básicos en las Unidades de Salud Mental”, remarca.
El grupo de trabajo puesto en marcha en el seno de esta sociedad científica está integrado por médicos de urgencias, psiquiatras, médicos de familia, gestores sanitarios y representantes de los pacientes, que han analizado fortalezas y debilidades en la atención urgente hospitalaria a estos pacientes. Su coordinadora, Iria Miguéns, repasa las conclusiones principales de este informe sin perder de vista que el objetivo es que las medidas se puedan implementar lo antes posible en beneficio de estos pacientes.
El grupo ha identificado ocho puntos para mejorar esta atención. El primero de ellos se refiere a signos de alarma. En este punto, Miguens destaca que “el primer paso es concienciar a la población y a los propios sanitarios. Nadie se plantea que el infarto sea una debilidad, pero sí la patología mental”.
De cara al abordaje, la coordinadora indica que es preciso contar con una infraestructura adecuada. “Son pacientes especiales y necesitan una atención especial. La familia, el entorno próximo debe estar integrado en estos espacios humanizados, no solo el paciente”, remarca.
Otro punto clave es la falta de formación en salud mental, un aspecto en el que se comprometen a avanzar desde esta sociedad científica, en aras de una atención excelente.
En la misma línea, los expertos coinciden en la necesidad de mejorar la detección de pacientes en situaciones vulnerables. Miguéns señala a los jóvenes en un contexto como el actual. “En nuestros servicios han crecido las consultas de jóvenes por drogas de abuso, intentos autolíticos, síntomas depresivos, etc., en una población que tiene todo un futuro por delante”, explica. “Nuestro compromiso con la población joven tiene que ser firme y tenemos que implementar estas medidas ya en esta población vulnerable. Nos negamos a estigmatizar a una población que ha sufrido los daños colaterales de la pandemia”, sentencia.
Otro aspecto básico es que los servicios puedan contar con guías de práctica clínica que orienten su trabajo de forma eficaz. “Los protocolos tienen que estar aprobados, los profesionales han de tener formación e información para este abordaje”, apunta.
Los expertos también han analizado el papel de los medios de comunicación. En esta línea, Miguéns apunta que es preciso realizar un trabajo conjunto y un aprendizaje por ambas partes. La coordinadora insiste en que hay que trabajar en una estrategia común para comunicar de forma adecuada. “Hay mucho que aportar por parte de todos. Hoy en día sabemos que no falla hablar de suicidio sino cómo se hace”, alerta.
El último punto pone el foco en la salud mental de los profesionales sanitarios de urgencias. La portavoz reconoce que están cansados y necesitan ayuda y reconocimiento. En este sentido, invita al Ministerio de Sanidad a reflexionar por qué no cumple su compromiso de crear una especialidad de urgencias que les permita realizar su trabajo con la máxima excelencia. A pesar del cansancio, remarca que la fatiga pandémica de los profesionales no compromete la asistencia en los servicios de urgencias
La presidenta de la Fundación de Psiquiatría y Salud Mental, Ana González-Pinto, es uno de los miembros de este grupo de trabajo. Desde la perspectiva de su especialidad, defiende la necesidad de trabajar de forma conectada, no solo en el ámbito clínico, sino también desde el punto de vista social. “Durante la pandemia se ha demostrado que la presencia de una enfermera de salud mental en las urgencias mejora mucho la atención en parte por esa coordinación. Hay varias experiencias en Galdakano, en el Hospital Gregorio Marañón, son experiencias muy positivas y lo recomendamos” advierte.
Según su visión, la enfermería de enlace entre Urgencias hospitalarias y centros de Salud Mental es importante también. La especialista subraya que de la misma manera que la rapidez es fundamental en la sepsis o el infarto también lo es ante intentos de suicidio.
“Una vez que una persona ha hecho intento de suicidio resulta básico conseguir una cita pronto con enfermera y psiquiatra. Para ello hacen falta recursos, aunque la situación es muy dispar entre comunidades”, explica. Tras ese intento, recursos como el consejo sanitario también resultan de utilidad para lograr la adherencia al tratamiento. González-Pinto explica que algunas comunidades incorporan este dispositivo a través de profesionales de enfermería que tras el alta hospitalaria se encargan de llamar al paciente para preguntarle cómo está.
Asimismo, la especialista insiste en que no hay que olvidar que la enfermedad mental tiene origen biológico, psicológico y social y hay factores ambientales de riesgo. “Es importante que las personas hospitalizadas por suicidio tengan atención sanitaria y social también rápida cuando vayan a casa. Hay asociaciones y una red de recursos sociales que deben priorizar a aquellas personas en riesgo de muerte”, advierte.
Al igual que se refleja en las conclusiones del grupo de trabajo avanzadas por la coordinadora, González-Pinto hace hincapié en la necesidad de hacer prevención desde el ámbito escolar. Destaca en este sentido varios proyectos europeos, como el UpRight, a través del cual se observa mejoría en la resiliencia de los jóvenes reforzando el papel de la educación. La psiquiatra recuerda que el 50 por ciento de los trastornos mentales comienzan en la infancia. “Es el momento de actuar y el mejor tratamiento es la prevención”, sentencia.
Desde la perspectiva de los supervivientes, y según las palabras de Cecilia Borrás, presidenta y fundadora de ‘Después del suicidio-Asociación de superviventes’, se observa ya la necesidad de un cambio en la atención, en parte como consecuencia del desgaste que provoca la pandemia.
Borrás recuerda que en muchos casos el punto de partida frente al suicidio es acudir a urgencias: “Ese punto de partida debe ser vital. Es muy importante. Lo que diga o cómo lo diga el profesional que nos atiende puede hacer o no aumentar el tabú”.
La portavoz entiende que el recorrido cambia por completo en función de esa primera experiencia. “Si quienes van a urgencias (con un intento autolítico) se encuentran con un profesional con empatía que se acerque a su caso, le provea un recurso y haga que se sienta cuidado puede ayudar a cambiar su idea de que “no importan a nadie”. “Ese primer contacto nos puede marcar profundamente, de ahí la importancia de ese Código Esperanza”,
De igual modo, Borrás remarca la necesidad de “optimizar todos los recursos en marcha y reforzar el análisis de las debilidades, como puede ser la formación en la detección de los primeros síntomas”. “La formación y la concienciación debe abarcar a todos los profesionales del servicio, desde el urgenciólogo al celador… En suicidio a veces la verbalización pasa inadvertida y hay que estar atentos a esta señal”, asegura.
En cualquier caso, el radio de acción en la formación para detectar el riesgo va más allá del servicio de Urgencias en las conclusiones de este grupo de trabajo, que plantean extrapolarla a todos los ámbitos, incluso más allá del sanitario, como el entorno educativo y el terreno social. Formación básica para activar un radar social que pueda ayudar a salvar vidas.
Consulta aquí el informe completo del GT Depresión y Suicidio en UrgenciasLa reclamación histórica del colectivo, la especialidad de Urgencias, también ha estado sobre la mesa con el trasfondo de la mejora de la atención a las personas con patología mental. El presidente de SEMES, Manuel Vázque Lima, ha recordado que la atención a estos pacientes está en el mapa de competencias como urgenciólogos a nivel europeo.
“En nuestro currículum europeo dedicamos un amplio espacio formativo a todos los trastornos del comportamiento y nos gustaría aplicarlo en España en toda su integridad. España es uno de los tres países que no tiene regulada esta situación en toda Europa, es el momento de solucionar este anacronismo”, alerta.
Según ha detallado, en este currículum formativo se destinan alrededor de seis meses al estudio de trastornos del comportamiento, que aparece incluso en la propia definición de la especialidad, que comprende la atención a trastornos urgentes y emergentes incluidos los del comportamiento. “Es de las pocas especialidades que lo incluyen de forma específica”, advierte.
Las cosas cambian “si un profesional tiene una formación integral y una parte de su formación está basada en atender perfectamente y manejar el Código Esperanza, porque lo ha adquirido durante su formación como residente. Cuando llega al servicio es una persona totalmente competente para atender una tentativa de suicidio, una depresión o cualquier otro trastorno del comportamiento”.
En la misma línea, Iria Miguéns, cuestiona que España no tenga la especialidad, más aún después de haberlo prometido desde el Ministerio de Sanidad. En su opinión, supone una falta de seguridad para los pacientes, de ahí que abogue por trabajar en ello y reclamarla como un derecho para los pacientes.
“Estamos en deuda con nuestros pacientes constantemente. Queremos trabajar en la excelencia”, concluye.
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