La Moncloa. 28/09/2021. Referencia del Consejo de Ministros [Consejo de Ministros/Referencias]

SUMARIO

Asuntos Económicos y Transformación Digital

Trabajo y Economía Social

Para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico

Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación

Justicia

Hacienda y Función Pública

Interior

Transportes, Movilidad y Agenda Urbana

Industria, Comercio y Turismo

Agricultura, Pesca y Alimentación

Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática

Política Territorial

Cultura y Deporte

Sanidad

Derechos Sociales y Agenda 2030

Igualdad

Universidades

ACUERDOS DE PERSONAL

Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación

Ciencia e Innovación

CONDECORACIONES

Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación

AMPLIACIÓN DE CONTENIDOS

ASUNTOS GENERALES

Trabajo y Economía Social

EL CONSEJO DE MINISTROS APRUEBA EL REAL DECRETO QUE REGULA LOS PROGRAMAS COMUNES DE ACTIVACIÓN PARA EL EMPLEO

El Consejo de Ministros ha aprobado, a propuesta del Ministerio de Trabajo y Economía Social, el Real Decreto que regula los programas comunes de empleo que constituye el marco sobre el que se desarrollan las Políticas Activas de Empleo (PAE) en todo el territorio del Estado a través del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) y de las comunidades autónomas, según su ámbito de competencias.

La norma aprobada hoy responde a la necesidad de simplificar la gestión y una regulación muy dispersa y también de actualizar los programas existentes para que se adapten a las necesidades cambiantes del mercado laboral y se adecúen a las particularidades de cada territorio. De esta manera, permitirá aumentar la eficacia de las PAE e impulsar su adaptación a cada perfil de la persona demandante.

Cuenta con las aportaciones y observaciones del Sistema Nacional de Empleo y de las comunidades autónomas, en línea con la Estrategia de Apoyo Activo al Empleo 2021 - 2024, unánimemente apoyada en la Conferencia Sectorial del pasado día 28 de abril, y de las entidades del ámbito tanto de atención a la discapacidad como de la Economía Social.

La norma es un instrumento fundamental para desarrollar el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y afronta, en línea con el objetivo 8 de la Agenda 2030, los retos de la reducción del desempleo, especialmente el que afecta a los colectivos más vulnerables, y la creación de empleo estable y de calidad.

Enfoque innovador

Los programas comunes existentes incorporan un nuevo enfoque y se aportan otros nuevos en un proceso de renovación, integración y actualización de programas dentro del marco presupuestario existente.

En total, se regulan 17 programas de los cuales siete son programas nuevos y han sido diseñados con las aportaciones de los distintos servicios públicos de empleo que, por su cercanía, cuentan con una experiencia de gestión muy avanzada y con el conocimiento de la realidad y las necesidades de cada territorio.

Nuevos programas

Refuerzan la apuesta por el mantenimiento y la creación del empleo de calidad con una orientación individualizada con una especial atención a los colectivos vulnerables e impulso de la igualdad, también en materia de acceso a las oportunidades de empleo. Estos programas, además, suponen un compromiso con la Economía Social como instrumento fundamental de desarrollo social e inclusivo y con la dimensión local de las políticas de empleo.

-Programa para evitar la discriminación por razón de edad: En este programa se contemplan acciones que faciliten la reactivación e inserción laboral de personas demandantes de empleo y servicios que sean mayores de 45 años, preferentemente desempleadas de larga duración. De esta manera, su participación prioritaria en diversos programas de políticas activas de empleo y tendrán acceso preferente a las subvenciones públicas que incentiven su contratación y el emprendimiento de una actividad por cuenta propia.

- Programas públicos de empleo-formación: Se trata de iniciativas públicas mixtas de empleo-formación que permitirán compatibilizar el aprendizaje formal y la práctica profesional en el puesto de trabajo. Su duración será de hasta 12 meses que podrá ser superior si se atienden a personas especialmente vulnerables o incluyen un servicio de orientación.

-Programa de inclusión laboral de personas en riesgo o situación de exclusión social: con itinerarios personalizados de inserción en colaboración con empresas de inserción y sus entidades promotoras, entidades sin ánimo de lucro y empresas que los contraten.

-Programa de apoyo a la movilidad geográfica: Mediante este programa se subvencionarán los gastos de desplazamiento y se incentivará la contratación para el retorno del talento. También permitirá el traslado de las personas víctimas de violencia de género y, con carácter general, a quienes decidan trabajar o emprender en zonas rurales despobladas o en riesgo de despoblación.

-Programa para la igualdad entre hombres y mujeres: para promover medias que fomenten la igualdad y el acceso y mantenimiento del empleo, las condiciones laborales y la conciliación y corresponsabilidad en la vida personal, familiar y laboral. Permitirá implantar los planes de igualdad en empresas, incorporar una participación de mujeres en programas de orientación o mejora de empleabilidad, ayudar a la conciliación e incentivar la contratación indefinida entre otras cuestiones.

-Programa de inserción sociolaboral para mujeres víctimas de violencia de género: Se podrá incrementar hasta un 10% las subvenciones previstas en otros programas comunes en los que pueden participar. También recibirán orientación e información especializada en materia laboral, y se proporcionará formación específica al personal que realice dichas funciones.

-Programas de Orientación, Emprendimiento e Innovación para el Empleo: Su objetivo será el desarrollo por los servicios públicos de empleo de funciones en los ámbitos de la orientación, la prospección e intermediación laboral y el emprendimiento.

Evaluación como elemento clave

Los programas se someterán a evaluación cada año, en el marco del correspondiente Plan Anual de Política de Empleo, así como en el tránsito de una Estrategia plurianual a otra.

La evaluación es una herramienta fundamental para consolidar un sistema dinámico de políticas activas de empleo susceptible de evolucionar y adaptarse a las circunstancias cambiantes y obtener, de esta manera, prácticas, medidas y acciones más eficaces y eficientes.

Trabajo y Economía Social

EL CONSEJO DE MINISTROS APRUEBA LA SUBIDA DEL SALARIO MÍNIMO INTERPROFESIONAL A 965 EUROS

El Consejo de Ministros ha aprobado hoy, a propuesta del Ministerio de Trabajo y Economía Social, la subida de 15 euros hasta los 965 euros del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), tras el acuerdo alcanzado con las organizaciones sindicales Comisiones Obreras (CCOO) y la Unión General de los Trabajadores (UGT).

La subida, que se aplicará a partir del 1 de septiembre de 2021, es la segunda vez que se acuerda desde el inicio de la legislatura y constituye un avance en el compromiso para que el SMI vaya aumentando progresivamente el año que viene y en 2023, hasta alcanzar 60% del salario medio antes del fin de la legislatura.

De este modo, se cumple con los compromisos adquiridos y con la Carta Social Europea, suscrita por España. Desde 2019 el SMI ha subido en total 229 euros, un 31 %.

El salario mínimo interprofesional, que ha demostrado su incidencia real y efectiva en la reducción de la pobreza las brechas salariales entre mujeres y hombres, es un mecanismo que tiene especial incidencia el colectivo con mayor grado de desprotección en términos laborales.

La decisión de esta subida surge del acuerdo con las formaciones sindicales dentro del Diálogo Social emprendido a inicios de mes con los agentes sociales y que ha estado promovido por el Ministerio de Trabajo y Economía Social. La medida se aplica siguiendo la propuesta de la Comisión Asesora para el Análisis del Salario Mínimo Interprofesional, que proponía una horquilla para incrementarlo de entre 12 y 19 euros mensuales este año.

La fijación del Salario Mínimo Interprofesional, que establece el artículo 27 del Estatuto de los trabajadores y es prerrogativa del Gobierno, supone una garantía de protección a las personas más vulnerables en el mercado laboral.

Trabajo y Economía Social

REAL DECRETO LEY PARA LA PRÓRROGA DE LOS ERTE Y AYUDAS A AUTÓNOMOS HASTA EL 28 DE FEBRERO DE 2022

El Consejo de Ministros ha dado luz verde al Real Decreto Ley para la defensa del empleo y la reactivación económica y para la protección de los trabajadores autónomos, que incluye la prórroga los beneficios de los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) hasta el 28 de febrero de 2022, con el objeto de extender esta medida de protección social y del empleo que se ha mostrado transcendental ante la pandemia.

El nuevo Real Decreto Ley traslada el VI Acuerdo Social en Defesada del Empleo alcanzado entre la Vicepresidencia tercera y Ministerio de Trabajo y Economía Social; el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones; las organizaciones sindicales CCOO y UGT y las organizaciones empresariales CEOE y CEPYME.

En esta ocasión, el mecanismo de los ERTE promueve la formación como paso fundamental para recapitalizar las personas trabajadoras trabajadores y mejorar su empleabilidad. Las empresas que cuenten con acciones formativas podrán acceder a mayores exenciones en las cotizaciones a la Seguridad Social.

La nueva norma, vigente hasta el 28 de febrero de 2022, establece, por un lado, la prórroga de los ERTE en sus modalidades actuales hasta el 31 de octubre de 2021 y, por otro, las nuevas modalidades de ERTE a partir del 1 de noviembre, para las que es obligatorio solicitar ante la autoridad laboral competente su prórroga entre el 1 y el 15 de octubre. Por tanto, los nuevos ERTE se extenderán desde el 1 de noviembre hasta el 28 de febrero de 2022.

ERTE de formación

De un modelo basado en los llamados ERTE sectoriales, con una protección especial a las actividades que habían mostrado una menor recuperación tras el impacto de la pandemia, se pasa a dar mayor protección a las empresas que promuevan la formación de sus empleados. Se incentiva así la formación en los nuevos ERTE, subvencionando el grueso del coste de la formación y aplicando exoneraciones a las empresas que formen a sus trabajadores en ERTE.

Las empresas que formen a personas afectadas por este tipo de ERTE tendrán derecho al incremento del crédito para la financiación para actividades formativas, en función de su tamaño:

•De 1 a 9 personas trabajadoras: 160 euros por persona

•De 10 a 49 personas trabajadoras trabajadores: 240 euros por persona

•De 50 o más personas: 320 euros por persona

Exoneraciones

Los beneficios, en forma de exoneración de las cotizaciones a la Seguridad Social y con ayudas a la formación, son mayores en función del tamaño de la empresa y de las acciones formativas.

•El esquema de exoneraciones entre noviembre y febrero distinguirá entre empresas de menos de10 trabajadores y aquellas con plantilla igual o superior a estos. Así, para las primeras, las exoneraciones en las cuotas a la Seguridad Social alcanzarán el 80% si realizan acciones formativas y el 50% para el resto; si la empresa tiene 10 o más trabajadores, tendrá una exoneración del 80% si realiza acciones formativas, y del 40% en el resto de los casos.

•El número mínimo de horas de formación de cada persona será de 30, en las empresas de 10 a 49 trabajadores y de 40 a para las que tienen 50 o más. Y estas actividades deberán desarrollarse durante la jornada suspendida.

•Además, se mantienen los ERTE de impedimento, vinculados a las limitaciones de actividad. Las empresas en esa situación pasan a tener una exoneración del 100% de la aportación empresarial devengada a partir de noviembre de 2021, durante el periodo de cierre, y hasta el 28 de febrero.

Protección de las personas trabajadoras

Los trabajadores acogidos a ERTE seguirán disfrutando de la exención del periodo de carencia para el acceso a la prestación por desempleo. También del denominado "contador a cero" que se amplía de manera extraordinaria hasta el 1 de enero de 2023.

Las bases reguladoras de las personas trabajadoras, sobre las que se calculan las prestaciones, se incrementan del 50 al 70% para las personas beneficiarias que hayan consumido 180 días.

Se mantienen los beneficios para las personas afectadas por ERTE con contrato a tiempo parcial y la prestación extraordinaria para las personas fijas discontinuas.

Medidas de acompañamiento

Se mantienen las garantías de acuerdos anteriores tales como los límites al reparto de dividendos y el acceso a las ayudas a las empresas domiciliadas en paraísos fiscales.

Las empresas acogidas a estos ERTE tendrán que respetar restricciones en el acceso a las horas extraordinarias y en las externalizaciones de la actividad.

Se extiende la prohibición del despido durante el periodo de vigencia de la norma y también se interrumpe el cómputo de la duración máxima de los contratos temporales para las personas acogidas a ERTE.

El compromiso de mantenimiento del empleo contará con un nuevo periodo adicional de 6 meses.

La norma también contempla prórroga del plan MECUIDA y de la prestación extraordinaria para los profesionales de las artes hasta el 28 de febrero de 2022

ERTE específico para Canarias

El Gobierno también ha aprobado los ERTE específicos para las empresas afectadas por la erupción del volcán Cumbre Vieja en la isla de La Palma y en el conjunto de las Islas Canarias.

Los trabajadores y trabajadoras tendrán protección y las empresas se beneficiarán de exoneraciones de hasta el 100% de las cotizaciones sociales en el caso de ver totalmente impedida su actividad y de hasta el 90% en el caso de limitación de la actividad.

Tramitación simplificada

Las empresas deberán solicitar a la autoridad laboral la prórroga de todos los expedientes para extender los beneficios de los ERTE hasta el 28 de febrero de 2022. Para tramitar esta solicitud deberán presentar el listado de horas o días de trabajo suspendidos o reducidos desde julio de 2021. Para el caso particular de los ERTE por razones económicas, técnicas organizativas o de producción, los llamados ERTE ETOP, aportarán el informe de la representación legal de las personas trabajadoras.

Se mantiene la simplificación de trámites para pasar de un ERTE de impedimento a uno de limitación y viceversa. Será suficiente una comunicación en tal sentido a la autoridad laboral y a la representación de las personas trabajadoras.

Prórroga de las ayudas a los autónomos

El Consejo de Ministros ha dado luz verde también al sexto esquema de ayudas para los autónomos de este tipo, tras el acuerdo entre el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y las asociaciones de autónomos. Con el objetivo de apoyar el mantenimiento de la actividad, se incluyen exoneraciones de las cuotas a las Seguridad Social para todos los trabajadores por cuenta propia que han estado protegidos en el periodo anterior (a finales de septiembre eran 226.000) durante los próximos cuatro meses.

Estas ayudas, en forma de exoneraciones, serán así: en octubre del 90%, en noviembre del 75%, en diciembre del 50% y en enero de 2022 del 25%.

Prestaciones

Además, se mantienen hasta el 28 de febrero las prestaciones extraordinarias vigentes para proteger a quienes tienen un impacto significativo sobre su actividad.

En primer lugar, continúa la prestación extraordinaria por suspensión de actividad, dirigida a aquellos trabajadores autónomos con una suspensión temporal de toda su actividad como consecuencia de una resolución de las autoridades administrativas competentes para la contención de la pandemia de la COVID 19. La cuantía de la prestación es del 70% de la base mínima de cotización. Además, el autónomo quedará exonerado de pagar las cuotas a la Seguridad Social, aunque ese periodo le contará como cotizado y, en su caso, será compatible con ingresos del trabajo por cuenta ajena hasta 1,25 veces el SMI.

En segundo lugar, se mantiene la prestación compatible con la actividad para aquellos trabajadores que, reuniendo el requisito de carencia para acceder a la prestación ordinaria de cese de actividad, cumplen dos exigencias adicionales: una, que su facturación del tercer y cuarto trimestre 2021 caiga el 50%, frente al tercer y cuarto trimestre de 2019; y dos, no haber obtenido durante el tercer y cuarto trimestre 2021 unos rendimientos netos computables fiscalmente superiores a 8.070 euros (que supone 1,2 veces el SMI en dos trimestres).

Tercero, quienes no cumplan los requisitos para acceder a esta prestación ni al cese ordinario, podrán solicitar una prestación extraordinaria. La cuantía de la prestación es del 50% de la base mínima de cotización e igualmente está exonerado de abonar las cuotas y computa como cotizado. Los requisitos son acreditar una caída de ingresos del 75% (los ingresos del cuarto trimestre 2021 deben ser inferiores a los del cuarto trimestre de 2019) y no tener unos rendimientos netos computables entre julio y diciembre de 2021 superior al 75% del salario mínimo interprofesional.

En cuarto lugar, también se mantiene la prestación para autónomos de temporada, que es del 70% de la base mínima y requiere no tener ingresos superiores a 6.725 euros en el tercer y cuarto trimestre de 2021.

Por último, también se ha aprobado una prestación específica para los autónomos afectados por la erupción del volcán Cumbre Vieja en la isla de La Palma. Aquellos trabajadores por cuenta propia que se vean obligados a suspender o cesar su actividad como consecuencia directa de este suceso podrán recibir la prestación por cese de actividad sin que los primeros cinco meses de percepción le computen.

Desde marzo de 2020 a septiembre de 2021, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha destinado en ayudas para autónomos más de 10.100 millones entre prestaciones y exoneraciones de las cuotas.

Interior

DECLARACIÓN DE LA ISLA DE LA PALMA COMO ZONA CATRASTRÓFICA Y CONCESIÓN DE 10,5 MILLONES DE EUROS PARA LA COMPRA DE VIVIENDAS A LOS AFECTADOS POR EL VOLCÁN

El Consejo de Ministros ha aprobado, a través de un acuerdo y de un real decreto, un paquete de medidas, tanto de impacto inmediato como enfocadas a medio y largo plazo, destinadas a ayudar a las personas afectadas por la erupción del volcán de la Cumbre Vieja de La Palma y a articular la recuperación económica de la isla y la reconstrucción de las infraestructuras.

Dentro de las medidas a corto plazo, se ha aprobado un Real Decreto con el que se destinan 10,5 millones de euros -a través de una ayuda directa al Gobierno de Canarias- para cofinanciar la compra de hasta 107 viviendas para el realojo de las personas que han perdido su hogar de residencia tras la erupción volcánica y para la adquisición de enseres de primera necesidad.

Además, el Gobierno ha declarado la isla de La Palma zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil (ZAEPC, la antigua Zona Catastrófica) por la erupción del volcán. Este acuerdo habilita a todos los departamentos ministeriales para determinar las ayudas necesarias para recuperar todos los daños provocados por el volcán.

107 VIVIENDAS

El avance de la lava ha arrasado numerosas viviendas que no podrán ser reconstruidas en el lugar donde se ubicaban. Para realojar a las personas afectadas, el Gobierno de Canarias está gestionando la adquisición de viviendas tanto existentes como provenientes de promociones de obra nueva recientemente finalizada o en curso.

El Real Decreto aprobado concede una subvención directa a la Comunidad Autónoma de Canarias para cofinanciar la compra de 107 viviendas en la isla de La Palma para destinarlas al alojamiento, temporal o definitivo, de familias afectadas con la pérdida o daño de su vivienda habitual como consecuencia de la erupción volcánica.

La Comunidad Autónoma de Canarias deberá destinar el importe íntegro de la subvención a la adquisición tanto de esas 107 viviendas (5.500.500 euros) como a las ayudas a los damnificados para la adquisición de los enseres de primera necesidad necesarios para la habitabilidad de las viviendas (5.000.000 de euros.

ZONA GRAVEMENTE AFECTADA POR UNA EMERGENCIA DE PROTECCIÓN CIVIL

Además de esta ayuda, la declaración de la isla de La Palma como ZAEPC abre la fase de recuperación de la catástrofe a medio y largo plazo, una recuperación que se dará por finalizada hasta que todas las personas afectadas hayan recuperado la normalidad.

La recuperación es una de las misiones esenciales del Sistema Nacional de Protección Civil, para garantizar la vuelta a la normalidad de las personas afectadas y el pleno restablecimiento de las infraestructuras esenciales y servicios públicos.

El acuerdo aprobado hoy detalla que erupción volcánica forzó la evacuación preventiva de 6.000 personas de las poblaciones afectadas por las coladas de lava, que han causado daños en infraestructuras y bienes públicos y privados, así como en cultivos y explotaciones agropecuarias, polígonos industriales y otras instalaciones productivas. Asimismo, indica que se han alterado redes del transporte de personas y mercancías, con el corte de carreteras y la prohibición temporal de la navegación marítima en la zona del oeste de la isla de La Palma, así como suspensión de actividades escolares en algunos de los municipios afectados.

Aunque el volcán sigue activo, las características de esta emergencia, en particular su intensidad y su duración en el tiempo, han impulsado al Gobierno a habilitar ya la adopción de medidas extraordinarias paliativas, para lo que cada departamento ministerial debe determinar las iniciativas que corresponde adoptar en el ámbito de sus respectivas competencias.

AYUDAS PARA TODOS LOS SECTORES

El acuerdo aprobado por el Consejo de Ministros incluye una lista no exhaustiva de medidas a adoptar para paliar las consecuencias de la erupción volcánica en La Palma, que son las siguientes:

Todas estas ayudas, subvenciones y bonificaciones, una vez determinadas, se integrarán y se aprobarán mediante la disposición legal correspondiente. Su valor no podrá superar la diferencia entre el valor del daño producido y el importe de otras ayudas o indemnizaciones declaradas compatibles o complementarias que, por los mismos conceptos, pudieran concederse por otros organismos públicos, nacionales o internacionales, o que correspondieran en virtud de la existencia de pólizas de aseguramiento.

(DECLARACIÓN ZONA CATASTRÓFICA)

Derechos Sociales y Agenda 2030

SUBVENCIONES PARA ACTIVIDADES DE INTERÉS SOCIAL

El Consejo de Ministros aprueba este proyecto de real decreto que deroga y sustituye al Real Decreto 729/2017, de 21 de julio, por el que se establecen las bases reguladoras de la concesión de subvenciones para la realización de actividades de interés general con cargo a la asignación tributaria del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, correspondientes a la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad.

De esta forma, se culmina la reforma del marco de financiación del Tercer Sector de Acción Social de ámbito estatal, iniciada a raíz de la Sentencia del Tribunal Constitucional 9/2017, adecuándolo al actual sistema de distribución de competencias.

Asimismo, integra en un único instrumento todos los ingresos públicos afectados por la financiación de actividades de interés general consideradas de interés social, es decir, las asignaciones tributarias del IRPF, del Impuesto sobre es y los abintestatos.

El objeto de las subvenciones es financiar actividades de interés general consideradas de interés social por parte de entidades del Tercer Sector de Acción Social de ámbito estatal, en el marco de competencias del Estado delimitado y/o reforzado por el Acuerdo del Consejo Territorial. Estas actividades, que se especificarán en la convocatoria, se articulan en torno a los siguientes ejes establecidos como obligatorios por el Real Decreto-ley 7/2013, de 28 de junio:

a) La atención a las personas con necesidades de atención integral socio-sanitaria.

b) La atención a las personas con necesidades educativas o de inserción laboral.

c) El fomento de la seguridad ciudadana y prevención de la delincuencia.

f) El fomento y modernización del Tercer Sector de Acción Social.

Las entidades beneficiarias son Cruz Roja y el resto de entidades del Tercer Sector de Acción Social de ámbito estatal. Sobre los requisitos para acceder a la condición de entidad beneficiaria se introduce una novedad que es fundamental: el criterio de solvencia. En este sentido, la cantidad global que una entidad puede solicitar por la totalidad de programas presentados no puede ser superior al volumen global de los ingresos percibidos y declarados por dicha entidad el año inmediatamente anterior a la convocatoria, independientemente de su origen y tipología.

Estas subvenciones se ejecutan al año siguiente de su concesión durante un periodo de un año natural, sin perjuicio de las ampliaciones que puedan concederse. Las nuevas bases reguladoras permitirán que las convocatorias puedan establecer una cuantía mínima y una cuantía máxima por programa a financiar, permitiendo así terminar con la micro financiación de proyectos. En esta misma línea, las bases reguladoras permitirán que la distribución del crédito total entre colectivos pueda realizarse de forma equitativa estableciendo medidas que garanticen la equidad en el acceso a estas subvenciones atendiendo a la diversidad que caracteriza a los sectores de actuación del Tercer Sector de Acción Social.

Agricultura, Pesca y Alimentación

REAL DECRETO PARA INCENTIVAR LA IGUALDAD DE LAS MUJERES EN LAS EXPLOTACIONES AGRARIAS DE TITULARIDAD COMPARTIDA

El Consejo de Ministros ha aprobado un real decreto para promover la igualdad de las mujeres en las explotaciones agrarias y concederá ayudas para contribuir al pago de parte de las cuotas de la seguridad social a las mujeres que estén inscritas en el registro de explotaciones agrarias de titularidad compartida.

La medida tiene por objeto incentivar que las mujeres, que comparten tareas agrícolas en explotaciones familiares, participen también en igualdad de condiciones en los derechos y obligaciones que les corresponden, según el real decreto por el que se establecen las bases reguladoras para la concesión directa de las subvenciones a las explotaciones agrarias de titularidad compartida.

Los análisis de la situación de las mujeres en el medio rural y en el sector agroalimentario en España constatan que sigue existiendo una menor representación de las mismas en la actividad agraria y una menor dimensión económica de sus explotaciones, con el consiguiente déficit de renta. Por ello, la incorporación y permanencia de las mujeres en la actividad agraria y su asentamiento en el medio rural debe entenderse como una prioridad a la hora de diseñar actuaciones desde las administraciones, y en esta línea se inscriben estas ayudas.

Las ayudas, que contarán con un total de 1.000.000 de euros para este año, consistirán en la financiación de parte del coste de las cuotas a la seguridad social a las que están obligados los titulares de las explotaciones, siempre que éstas estén inscritas en el registro de titularidad compartida.

Las explotaciones agrarias que resulten beneficiarias de las ayudas deberán permanecer al menos cinco años inscritas en este registro, y sus titulares tendrán que estar ese mismo tiempo mínimo dados de alta en la seguridad social. Con el establecimiento de esta línea de ayudas se trata de incentivar precisamente que se produzcan más altas en el registro de explotaciones agrarias de titularidad compartida.

En las explotaciones agrícolas y ganaderas de carácter familiar trabajan muchas mujeres que comparten las tareas con los hombres pero que en la mayoría de los casos no figuran como titulares, lo que dificulta que se valore adecuadamente la participación de la mujer y se dimensione el papel que realmente desempeña en el medio rural.

Para favorecer este reconocimiento, se promulgó en 2011 la Ley sobre la Titularidad Compartida de las Explotaciones Agracias (35/2011, de 4 de octubre), que promovía diversas medidas tendentes a conseguir la igualdad real de la participación de la mujer en la explotación agraria, tales como la regulación de la administración, representación y responsabilidad sobre la explotación de titularidad compartida entre los dos miembros titulares; el reparto de rendimientos por mitades iguales entre ambos titulares.

Actualmente hay 868 explotaciones inscritas en el Registro de Titularidad Compartida. El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación considera necesario reforzar aún más este apoyo a este tipo de explotaciones familiares, con estas ayudas que complementan las reducciones a las cuotas de la Seguridad Social, ya que en muchos casos, el menor tamaño económico de estas explotaciones dificulta poder asumir mayores gastos para profesionalizar el trabajo de las mujeres.

Transportes, Movilidad y Agenda Urbana

MANTENIMIENTO DE CARRETERAS EN HUESCA

El Consejo de Ministros, en su reunión de hoy, ha autorizado al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) la celebración de un contrato para la ejecución de diversas operaciones de conservación y explotación en carreteras del Estado en la provincia de Huesca. El valor estimado del contrato es de 48,96 millones de euros y cuenta con una duración de 3 años, con posibilidad de prórroga por otros 2 años.

Este contrato se enmarca en el programa de conservación y explotación de carreteras del Mitma, que permite mantener la vialidad en la Red de Carreteras del Estado para que sea accesible en adecuadas condiciones para todos los ciudadanos.

El sector asignado es el nº1, que incluye las siguientes carreteras:

•N-240, De Tarragona a San Sebastián y Bilbao. P.K. 283,500 al P.K. 340,600.

•N-260, Eje Pirenaico. P.K. 463,300 al P.K. 487,136.

•N-330, De Alicante a Francia por Zaragoza. P.K. 609,300 al P.K. 666,275.

•A-23, Autovía Mudéjar. P.K. 374,700 al P.K. 424,108.

•A-21, Autovía de los Pirineos. P.K. 51,800 al P.K. 55,180; P.K. 60,600 al P.K. 72,600 y P.K. 86,170 al P.K. 101,290.

Desde este sector se gestionan un total de 11 km repartidos en 10 túneles, desde dos centros de control. Además, cobra especial relevancia el servicio de mantenimiento de la vialidad invernal al dar acceso sus carreteras a estaciones de esquí como Formigal, Astún, Candanchú, Panticosa o Valle de Ordesa.

Características del nuevo modelo de conservación

El nuevo modelo de contratos de servicios para la ejecución de operaciones de conservación y explotación en la Red de Carreteras del Estado persigue ofrecer un servicio integral de movilidad al usuario, mejorar el estado de la carretera y red, y optimizar los recursos públicos.

A través de ellos se realizan trabajos de ayuda a la vialidad y conservación ordinaria de las carreteras, para permitir que la carretera y sus elementos funcionales dispongan de las mejores condiciones de vialidad y seguridad posibles, incluyendo actuaciones como: vigilancia y atención a accidentes e incidentes, vialidad invernal, servicio de control de túneles y comunicaciones, mantenimiento de instalaciones, establecimiento de inventarios y reconocimiento del estado de la vía, agenda de información de estado y programación, ayuda a explotación y estudios de seguridad vial, y mantenimiento de los elementos de la carretera con adecuados niveles de calidad.

Además, en algunos contratos se incorporan proyectos específicos de pequeñas obras necesarias para mejorar la funcionalidad de la vía. En este contrato de Huesca, se incluye la ejecución de dos obras menores que mejoran la seguridad viaria: la reposición de la señalización vertical en distintos tramos del sector y la adecuación de una glorieta en la travesía de Jaca de la carretera N-240, p.k. 284+500, transformándola de abierta en cerrada.

Con este nuevo modelo se refuerza la orientación hacia los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) con los que está comprometido el Mitma.

Transportes, Movilidad y Agenda Urbana

DOCUMENTO DE REGULACIÓN AEROPORTUARIA (DORA) PARA EL PERIODO 2022-2026

El Consejo de Ministros ha aprobado el Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA) para el período 2022-2026, que establece las condiciones que deberán cumplirse en los aeropuertos de la red de Aena en materia de calidad y medioambiente, capacidad e inversiones, así como la senda tarifaria para los próximos 5 años.

Entre los objetivos estratégicos que guiarán la actuación de Aena en el periodo 2022-2026, cabe destacar:

La recuperación del tráfico y la gestión eficiente de la red aeroportuaria en términos de seguridad y calidad.

La sostenibilidad medioambiental como eje vertebrador de las actuaciones.

La innovación como pieza esencial para la eficiencia y la calidad en la prestación del servicio.

Por tanto, este DORA 2022-2026 supone una apuesta decidida del Gobierno por la calidad, la sostenibilidad medioambiental y la innovación en la red de aeropuertos de Aena.

Las principales variables del DORA 2022-2026

Mediante el DORA 2022-2026, el Gobierno establece una congelación de la senda tarifaria de Aena durante los próximos 5 años, lo que sitúa las tarifas de Aena entre las más competitivas, y contribuirá a atraer nuevas compañías y a la recuperación del sector del transporte aéreo.

La inversión regulada para el conjunto del quinquenio asciende a 2.250 millones de euros, 450 M€ de inversión media anual. Dicho volumen de inversión permitirá dar respuesta a las necesidades de los usuarios y contribuirá a superar las graves consecuencias que la pandemia ha provocado en el transporte aéreo.

Por otro lado, el compromiso con la sostenibilidad medioambiental se medirá con la incorporación de 6 nuevos indicadores medioambientales que completarán los estándares de calidad del servicio del DORA 2022-2026. En materia de inversiones y con objeto de potenciar la sostenibilidad en la red de Aena, se llevará a cabo el ambicioso Plan Fotovoltaico, que permitirá a Aena la autogeneración de toda su energía eléctrica en 2026.

El DORA aprobado hoy por el Consejo de Ministros, establece un marco predecible y confiable, que garantiza la competitividad y la estabilidad del modelo aeroportuario para los próximos años, asegurando la prestación de unos servicios aeroportuarios de calidad en la red de Aena, equilibrando las necesidades de desarrollo del gestor con unas tarifas aeroportuarias competitivas que facilitarán la recuperación del sector del transporte aéreo.

Todo ello es la mejor garantía de que nuestros aeropuertos seguirán estando al servicio de los ciudadanos y del interés general, y contribuyendo positivamente a la recuperación de la economía, y a la cohesión de nuestro territorio.

La aprobación del documento culmina un largo e intenso proceso de diálogo y concertación desarrollado a través de la Dirección General de Aviación Civil, que comenzó con la propuesta inicial de Aena, sobre la que se ha pronunciado la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, la Dirección General de Política Económica del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital y la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, y que fue presentada también a los Comités de Coordinación Aeroportuaria.

Universidades

REAL DECRETO DE ORGANIZACIÓN DE ENSEÑANZAS UNIVERSITARIAS Y DE ASEGURAMIENTO DE SU CALIDAD

El Consejo de Ministros ha aprobado esta misma mañana a propuesta del Ministerio de Universidades el Real Decreto por el que se establece la organización de las enseñanzas universitarias y del procedimiento de aseguramiento de su calidad.

Entre los principales objetivos de este decreto está favorecer el ejercicio efectivo de la autonomía universitaria en la planificación y definición de las características de su oferta académica. De igual forma, posibilita la ordenación de la oferta de títulos oficiales por parte de las Comunidades Autónomas en el desarrollo de sus competencias, en tanto que interrelaciona las demandas cambiantes de la sociedad y las iniciativas académicas universitarias.

Esta nueva regulación busca fortalecer la confianza de la comunidad universitaria y de la sociedad en su conjunto en los procedimientos establecidos para garantizar la calidad de la oferta académica de todo el sistema universitario, tanto el de naturaleza pública como el privado.

Así entre las principales acciones que conforman este nuevo decreto se encuentran las siguientes. Todas ellas están dirigidas a la mejora de la calidad, la agilización de los trámites de evaluación de los títulos, así como la modernización e innovación de las enseñanzas universitarias.

Para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico

ACTUACIONES DE EMERGENCIA PARA LAS ZONAS AFECTADAS POR EL INCENDIO FORESTAL DE NAVALACRUZ

El Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), ha tomado razón de la declaración de emergencia para la realización de actuaciones de recuperación medioambiental en las áreas afectadas por el incendio forestal de Navalacruz, en la provincia de Ávila, por un importe máximo de 699.999 euros. La intervención comenzará de inmediato ante el riesgo de que las lluvias de otoño agraven los procesos de erosión de los suelos y la pérdida de valor ecológico de una zona incluida parcialmente en la Red Natura 2000.

Estas actuaciones urgentes garantizarán la pervivencia del bosque, los usos ambientales, paisajísticos, sociales y de recreo de los terrenos forestales y facilitarán la restauración integral, por parte de la Comunidad Autónoma, de los espacios dañados a más largo plazo. La ejecución de estas obras de emergencia ha sido encargada al medio propio TRAGSA, con un plazo de ejecución de seis meses.

Para paliar la situación de emergencia provocada por el incendio, la Dirección General de Biodiversidad, Bosques y Desertificación del MITECO ha puesto en marcha acciones como trituración de árboles en pie, construcción de cordones de vegetación en las laderas más expuestas, mejora de masas forestales, suministro de paja, plantación de frondosas para protección del suelo en zonas húmedas, obras de drenaje y retirada y sustitución de cerramientos ganaderos en las zonas próximas a carreteras y vía públicas para evitar el riesgo de accidentes de tráfico por colisión con el ganado.

RESTAURACIÓN ARBÓREA Y BIODIVERSIDAD

La restauración de la cubierta arbórea conlleva un aumento de la biodiversidad, una mejor protección del suelo contra la erosión y por lo tanto una mejor regulación del ciclo hidrológico, el establecimiento de un sumidero de carbono, la mejora del entorno paisajístico y el impulso del uso social del monte; así como la producción de múltiples beneficios indirectos.

Las llamas del incendio dañaron principalmente zonas de brezales oromediterráneos endémicos, formaciones de Genista purgans en montaña, prados ibéricos silíceos y pastos pioneros en superficies rocosas. Cabe destacar la gran extensión de la superficie arbolada afectada, con un total de 2.738,73 ha quemadas, fundamentalmente de pino silvestre (Pinus sylvestris). El perímetro del incendio ha afectado en un 30% al espacio natural protegido de las Sierras de la Paramera y Serrota, un enclave incluido dentro de la Red Natura 2000.

UN VEHÍCULO EN UNA CUNETA

El pasado 14 de agosto se declaró un incendio entre los municipios de Sotalbo y Navalacruz, (Ávila) al arder un vehículo en la cuneta de la carretera N-502. Dadas las adversas condiciones meteorológicas, con episodios de altas temperaturas y la existencia de fuertes vientos, el fuego se propagó con gran virulencia, y llegó a alcanzar una extensión de 22.037,85 hectáreas (ha) de varios términos municipales, convirtiéndose en el incendio de mayor superficie quemada de la historia de la provincia y de Castilla y León, y uno de los más grandes de la historia de España.

El incendio quedó extinguido el 26 de agosto. A partir de esta fecha, y una vez enfriado el conjunto de la superficie afectada, la Comunidad Autónoma de Castilla y León, como administración responsable inició la evaluación de los daños ocasionados por el incendio, así como los riesgos asociados a la no intervención, determinando las actuaciones a realizar para minimizar dichos riesgos y hacer viable una posterior restauración de la zona afectada.

El 24 de agosto el Consejo de Ministros acordó declarar zonas afectadas gravemente por emergencias de protección civil (ZAEPC) las comunidades autónomas de Castilla y León, Andalucía, Aragón, Canarias, Castilla-La Mancha, Cataluña, Comunidad Valenciana, Extremadura, Illes Balears, La Rioja, Madrid, Navarra y el Principado de Asturias, que este verano han sufrido importantes incendios forestales, contexto en el que se encuentra incluido este incendio.

Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación

DECLARACIÓN DE EMERGENCIA PARA AYUDA HUMANITARIA A HAÍTÍ

El Consejo de Ministros ha aprobado un acuerdo por el que se toma razón de la declaración de emergencia de la contratación para una ayuda humanitaria a la población afectada por el terremoto ocurrido el 14 de agosto de 2021 en la República de Haití, por un importe máximo de 500.000 euros.

Con objeto de atender las necesidades de la población afectada por el terremoto ocurrido en la República de Haití el 14 de agosto de 2021, la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) resolvió otorgar una ayuda humanitaria de emergencia.

La ayuda ha consistido en fletar un avión desde la base aérea de Torrejón de Ardoz con destino a Haití para el transporte de carga consistente en material de socorro de los sectores de agua y saneamiento, cobijo y medicamentos.

El importe total de la actuación se ha presupuestado en un máximo de 500.000 euros.

Hacienda y Función Pública

ASISTENCIA SANITARIA DE LOS FUNCIONARIOS

El Consejo de Ministros ha autorizado la licitación de los dos Conciertos que, en el trienio 2022-2024, garantizarán la cobertura sanitaria a través de distintas entidades aseguradoras a funcionarios que prestan su servicio en España y a los destinados en 123 países.

Este acuerdo se incardina dentro de la planificación estratégica de la Secretaría de Estado de Función Pública, dirigida a modernizar y mejorar el servicio que presta la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado (MUFACE).

Se trata de un concierto a tres años con la finalidad de garantizar la asistencia sanitaria y poder afrontar situaciones como la provocada por la pandemia generada por la COVID-19 y la incorporación del nuevo colectivo derivado de las últimas ofertas de empleo público.

El volumen total del colectivo cubierto asciende aproximadamente a 1,5 millones de mutualistas, mientras que la cuantía total de la contratación alcanza los 3.571 millones de euros.

El Concierto 2022-2024 supone una garantía de suficiencia presupuestaria con la incorporación de una prima incremental que alcanza el último año de vigencia el 10%. Con ello se recuperan los niveles de calidad que demanda el colectivo y se incorporan los nuevos servicios con que el Gobierno está completando la cartera común del Sistema Nacional de Salud. Se incluye también por primera vez la financiación de gastos derivados de la situación actual de la pandemia.

Los nuevos conciertos apuestan decididamente por la calidad con la inclusión de un protocolo de asistencia COVID; la creación de un Comité Interdisciplinar de Expertos para la valoración de los tratamientos de protonterapia; o las plataformas de telemedicina para complementar la asistencia sanitaria, entre otras novedades.

Finalmente, desde la óptica de la sensibilización, cabe destacar también la introducción de nuevas prestaciones para funcionarias víctimas de violencia de género, como sesiones de psicoterapia ilimitadas o la equiparación de las lesiones derivadas de actos de violencia de género con las derivadas de accidente en acto de servicio o enfermedad a consecuencia del reciente Convenio firmado entre MUFACE y la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género.

Hacienda y Función Pública

FINANCIACIÓN DEL CONSORCIO 'CENTRO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN SOBRE LA EVOLUCIÓN HUMANA'

El Consejo de Ministros ha aprobado un Acuerdo por el que se modifican los límites y el número de anualidades establecidos en el artículo 47 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, para adquirir compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros, a fin de posibilitar al Ministerio de Ciencia e Innovación la aprobación de la primera adenda al convenio celebrado con la Comunidad Autónoma de Castilla y León, de 15 de noviembre de 2019, para la financiación del consorcio 'Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana' (CENIEH).

Con objeto de colaborar en la construcción y financiación del CENIEH, en 2004 el Ministerio de Ciencia e Innovación y la Junta de Castilla y León suscribieron un convenio de colaboración para la constitución del Consorcio para la construcción, equipamiento y explotación de este centro, mediante el que se comprometían a financiar al 50% su construcción y equipamiento.

En 2009 esas dos administraciones firmaron un nuevo convenio para regular la financiación del Consorcio para el periodo 2009-2016 que, posteriormente, fue modificado por acuerdo entre las partes en 2012, para establecer un nuevo marco de financiación hasta el fin de 2016, modificando y reduciendo las aportaciones inicialmente previstas.

En noviembre de 2019 se suscribió un nuevo convenio entre la Administración General del Estado (Ministerio de Ciencia e Innovación) y la Administración General de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, para la financiación del Consorcio durante el periodo 2019-2021. En la actualidad, dada la voluntad de ambas Administraciones de continuar con la colaboración, tienen previsto aprobar una adenda al convenio de 15 de noviembre de 2019, para ampliar la financiación del Consorcio CENIEH al periodo 2022-2028.

Según el borrador de la adenda, las partes se obligan a aportar 15.067.500 euros cada una para el periodo de 2022 a 2028. Al superarse los límites que marca la Ley General Presupuestaria, se requiere la autorización que este martes ha acordado el Consejo de Ministros para elevar los compromisos máximos de gasto con cargo a ejercicio futuros para los ejercicios 2022 a 2025 y aumentar el número de anualidades de 2026 a 2028.

Hacienda y Función Pública

TRANSFERENCIA DE CRÉDITO PARA CENTRO DE OPERACIONES DE CIBERSEGURIDAD

El Consejo de Ministros ha autorizado una transferencia de crédito, por importe de 5.200.000 euros, desde el presupuesto del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital al Ministerio de Defensa, para dar cumplimiento al Convenio en materia de implantación y operación del Centro de Operaciones de Ciberseguridad, en el marco del componente 11 ("Modernización de las Administraciones Públicas"), Inversión 1 ("Modernización de la Administración General del Estado y orientación al servicio del ciudadano"), del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

La Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial y el Centro Criptológico Nacional del Centro Nacional de Inteligencia (CNI-CCN) suscribieron el pasado 28 de julio un Convenio, con una vigencia de tres años, en materia de implantación y operación del Centro de Operaciones de Ciberseguridad (COCS), con el fin de fijar los términos y el alcance de la colaboración entre ambas partes.

El objetivo principal de la colaboración es asegurar que la inversión que se va a llevar a cabo es adecuada y se ajusta en tiempo y forma en relación a los despliegues y a los servicios que se van a establecer.

Las actuaciones de colaboración entre ambas partes están relacionadas con las siguientes finalidades:

Implantar el COCS

Desplegar el COCS e integrar a las entidades incluidas en su alcance.

Implantar las herramientas y/o tecnologías más adecuadas en cada momento, así como adoptar las medidas oportunas para una defensa eficiente.

Impulsar la certificación de la conformidad con el Esquema Nacional de Seguridad (ENS) de los sistemas de información de las entidades incluidas en el alcance del COCS.

El CNI-CCN pone a disposición su apoyo al despliegue del COCS, su capacidad de operación de ciberseguridad, herramientas y soluciones de ciberseguridad, así como capacidades de investigación y respuesta experta ante incidentes de seguridad complejos. Asimismo, apoyará a la SGAD en la dirección técnica y estratégica del servicio y en el seguimiento y ejecución de la implantación del COCS.

En contraprestación, el MAETD realizará una aportación económica en el marco de la ejecución del Convenio, que tendrá como objetivo cubrir los gastos que generan las actuaciones referidas anteriormente, según la siguiente distribución:

Todas estas actuaciones se enmarcan dentro del Componente 11, "Modernización de las Administraciones Públicas", del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, y más concretamente en la Inversión 1, "Modernización de la Administración General del Estado, y orientación al servicio del ciudadano", dentro de la línea de acción 5, "Ciberseguridad".

Por tanto, según lo establecido en la cláusula cuarta del Convenio, se tramita la transferencia de crédito, con el correspondiente incremento en el presupuesto del Centro Nacional de Inteligencia. La financiación se realizará con cargo a la aplicación "Gastos de inversiones de carácter inmaterial. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia".

Hacienda y Función Pública

ACUERDO PARA LA CONCESIÓN DE INCENTIVOS REGIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE FONDOS EUROPEOS

El Consejo de Ministros ha aprobado un Acuerdo por el que se modifican los límites establecidos en el artículo 47 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, para adquirir compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros, a fin de posibilitar a la Dirección General de Fondos Europeos la concesión de incentivos regionales para fomentar la actividad empresarial y orientar su localización hacia zonas previamente determinadas, denominadas 'Zonas de Promoción Económica', durante el periodo 2022-2025.

La Dirección General de Fondos Europeos, dependiente del Ministerio de Hacienda y Función Pública, solicitó la modificación de los límites de la aplicación presupuestaria 'Subvenciones a empresas localizadas en zonas de promoción económica y otras zonas acordadas por el Gobierno', dotada en el presupuesto para 2021 con un crédito inicial de 57,5 millones de euros.

Por Acuerdo de Consejo de Ministros de 24 de noviembre de 2020 ya se aprobó la modificación de límites de compromisos de gasto plurianuales, autorizando para 2021, 2022, 2023 y 2024 unos compromisos de gasto por importe de 57,5 millones de euros para cada uno de esos ejercicios.

Pero, en la actualidad, para el año 2025 está previsto, en concreto para el último trimestre del ejercicio, la valoración de expedientes de solicitudes de subvención que podrían dar lugar a la concesión de subvenciones por importe de 28,9 millones de euros, habiéndose ya comprometido con cargo a la citada aplicación presupuestaria y para el año 2025 una cuantía de 28,6 millones.

Al superarse, por tanto, los límites establecidos en el apartado 2 del artículo 47 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, se ha aprobado este martes su ampliación por Acuerdo del Consejo de Ministros.

Los incentivos regionales son ayudas financieras que concede el Estado en forma de subvenciones para fomentar la actividad empresarial y orientar su localización con objeto de reducir las diferencias económicas en el territorio nacional y favorecer un reparto más equilibrado de la actividad. Las subvenciones se otorgan a proyectos de inversión promovidos por inversores privados.

Hacienda y Función Pública

ACUERDO PARA PERMITIR AL CENTRO DE ESTUDIOS JURÍDICOS TRAMITAR UN CONTRATO PARA EL SERVICIO DE OFICINA DE TRANSFORMACIÓN PEDAGÓGICA

El Consejo de Ministros ha aprobado un acuerdo por el que se modifican los límites establecidos en el apartado 2 del artículo 41 del Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, para adquirir compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros, a fin de posibilitar al Centro de Estudios Jurídicos la tramitación anticipada de un contrato para el servicio de Oficina de Transformación Pedagógica (OTP), en el marco de la Inversión 2 del Componente 11 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

En el Plan Justicia 2030 se ha determinado una serie de proyectos tractores para la transformación profesional en la Administración de Justicia y en los que el Centro de Estudios Jurídicos desempeña un papel relevante. Estos proyectos tienen como finalidad:

-La capacitación del personal de la Administración de Justicia en las necesidades inmediatas de sus puestos de trabajo en el actual escenario social, y con proyección de futuro.

-La mejora del acceso del personal de la Administración de Justicia.

-El fomento de la investigación y la innovación con el fin de lograr un mejor diseño y más eficiente de las políticas públicas.

Por ello, con el fin de apoyar el proceso de transformación del Centro de Estudios Jurídicos, junto con la potenciación de la formación online, se requiere la contratación de una Oficina de Transformación Pedagógica (OTP) que complemente las actuaciones desarrolladas por el equipo interno del Organismo.

El contrato se encuadra dentro del Plan de Recuperación (componente 11 "modernización de las Administraciones Públicas"; inversión 2 "proyectos tractores de digitalización de la Administración General del Estado". También forma parte del Proyecto 5 (Formación) del Plan Justicia 2030, cuya orientación principal es mejorar la formación y dar seguridad a los operadores jurídicos en el proceso de transformación de la justicia.

El contrato tendrá una duración de 24 meses y su coste asciende a los 2,7 millones de euros. Ello requiere la elevación del límite de compromisos máximos de gastos en la aplicación presupuestaria correspondiente para los ejercicios 2022 y 2023 que este martes se ha aprobado en Consejo de Ministros.

Hacienda y Función Pública

ACUERDO PARA QUE MAZ LICITE EL MANTENIMIENTO DE UN NUEVO EQUIPO DE RESONANCIA MAGNÉTICA EN ZARAGOZA

El Consejo de Ministros ha autorizado la modificación de los límites para adquirir compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 47 de la Ley General Presupuestaria, con la finalidad de que la mutua colaboradora con la Seguridad Social MAZ pueda acometer el mantenimiento de un equipo de resonancia magnética 1,5 T con destino al hospital que existe en Zaragoza.

MAZ, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social, es una entidad colaboradora con personalidad jurídica propia que tiene atribuidas, entre otras funciones, la gestión de una serie de prestaciones de la Seguridad Social.

Para llevar a cabo su función de recuperación sanitaria, MAZ dispone de un hospital en Zaragoza en el que se llevan a cabo, entre otras, distintas pruebas de diagnóstico por imagen con diferentes equipamientos específicos.

Un número importante de esas pruebas, cada vez más demandadas, son las que se realizan a través de los dos equipos de Resonancia Magnética instalados en el hospital, con los que es imprescindible contar para asegurar determinados niveles tanto de calidad en la imagen como de seguridad para el paciente y los trabajadores de MAZ.

Sin embargo, uno de los dos equipos de Resonancia Magnética utilizados en el Hospital MAZ, que había sido adquirido en el año 2000, ha quedado obsoleto. En consecuencia, se encuentra en fase de tramitación por parte de MAZ el expediente para suministro, instalación, puesta en marcha y mantenimiento de un equipo de Resonancia Magnética (RMN) 1,5 T con destino al Servicio de Radiodiagnóstico de la imagen del Hospital MAZ.

Si bien la vida útil de los equipos médicos se extiende a catorce años, el plazo de garantía de dos años que lleva aparejado el suministro del aparato conlleva que se haya previsto la licitación del servicio de mantenimiento para los doce años siguientes hasta completar la referida vida útil. Es esta parte del contrato referida al mantenimiento para la que se solicita la autorización del incremento del número de anualidades establecido en el artículo 47 de la Ley General Presupuestaria.

A los expedientes tramitados hasta la fecha e imputados al Capítulo II del Grupo de Programas 22 del Presupuesto de Gastos de la Mutua Colaboradora, correspondientes a los ejercicios comprendidos entre 2024 y 2035, se suman los nuevos compromisos del presente expediente, en la parte correspondiente al mantenimiento de la instalación. En consecuencia, al superarse el número de anualidades a que se refiere la Ley General Presupuestaria, resulta necesario someter a la decisión del Consejo de Ministros el incremento del número de anualidades hasta el ejercicio 2035.

Hacienda y Función Pública

ACUERDO PARA LA REHABILITACIÓN DEL SALÓN DE REINOS DEL MUSEO DEL PRADO

El Consejo de Ministros ha acordado la modificación de los límites para adquirir compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 47 de la Ley General Presupuestaria, para la ejecución material del proyecto de obra de rehabilitación arquitectónica y adecuación museística del Salón de Reinos del Museo Nacional del Prado.

La finalidad de esta operación es posibilitar la ejecución material del proyecto de obra de rehabilitación arquitectónica y adecuación museística del Salón de Reinos del Museo Nacional del Prado, redactado por la UTE integrada por Foster-Rubio, en aplicación de la Ley de Contratos del Sector Público.

La realización de este importante contrato de obras se justifica por la necesidad de acometer la rehabilitación arquitectónica y adecuación museística del Salón de Reinos, objetivo prioritario del Museo del Prado desde el año 2015, momento en el que, por la Orden del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas de 2 de octubre de 2015 este edificio fue adscrito al Museo.

Como consecuencia de la relevancia y proyección de la actuación, se declaró de urgencia y excepcional interés público por el Ministerio de Cultura y Deporte.

La ejecución material de la obra derivada del proyecto, ya redactado, tiene un importe estimado de gasto en inversión de 36 millones de euros, distribuyéndose inicialmente en 8.315.000 euros para la anualidad 2022, 20.483.000 euros para la anualidad 2023 y 7.202.000 euros para la anualidad 2024.

Por otra parte, a fecha actual, se han tramitado otros expedientes de gasto anticipadamente o con la condición de plurianuales, imputados al capítulo 6 de gasto "Inversiones Reales" dentro del programa 333A "Museos" del Museo Nacional del Prado, por un importe total de 2.136.752,90 euros.

A este gasto ya comprometido se suman, en dicho capítulo, las previsiones globales de gasto a tramitar anticipadamente o con la condición de plurianuales, desde el momento actual hasta fin del ejercicio 2021, independientemente del expediente de gasto a través del cual se acometerá el proyecto de obra de rehabilitación arquitectónica y adecuación museística del Salón de Reinos. Dichas previsiones a la fecha actual son: en el año 2022, 1.365.000 euros; en el año 2023, 35.000 euros, y en el año 2024, 30.000 euros.

Hacienda y Función Pública

ACUERDO PARA PRORROGAR EL ENCARGO A TRAGSATEC PARA EL SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA FSE DE EMPLEO JUVENIL

El Consejo de Ministros ha autorizado la modificación de los límites establecidos en el artículo 47 de la Ley General Presupuestaria, para adquirir compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros, a fin de posibilitar al Ministerio de Trabajo y Economía Social dar cobertura a la prórroga del encargo a Tragsatec, S.A., S.M.E., M.P, para la asistencia en el seguimiento de la ejecución del Programa Operativo FSE de Empleo Juvenil.

Con el objetivo de reducir el desempleo juvenil, se creó en España el Plan Nacional de Implantación de la Garantía Juvenil, con actuaciones desarrolladas a través del Programa Operativo de Empleo Juvenil (POEJ), al cual la Unión Europea financia a través del Fondo Social Europeo.

Dicha financiación ha sido ampliada en cuantía y tiempo desde su inicio en 2014 para incluir la participación de medios externos que den soporte a la ejecución de las acciones encuadradas en el programa.

En este sentido, el encargo efectuado a la empresa Tragsatec, que tiene experiencia al servicio de la Administración en la prestación de asistencias y servicios técnicos de alto contenido tecnológico, en relación con el POEJ, se encarga de efectuar el seguimiento de la ejecución de dicho programa. El encargo tiene prevista su finalización el 30 de noviembre de 2021, con posibilidad de prórroga.

La Subdirección General de la Unidad Administradora del Fondo Social Europeo (UAFSE), a través de la Resolución de la Secretaría de Estado de Empleo y Economía Social, de 21 de mayo de 2021, pretende prorrogar el encargo a Tragsatec para el apoyo a la UAFSE en las tareas de asistencia para el seguimiento de la ejecución del citado programa por parte de los organismos intermedios y beneficiarios directos de la autoridad de gestión, desde el 1 de diciembre de 2021 hasta el 30 de noviembre de 2022, por persistir la necesidad de apoyo externo, que en su momento justificó la formalización del encargo.

En concreto, se ha aprobado la ampliación del mismo hasta la fecha señalada, por un importe de 1.008.563,59 euros, distribuido en las siguientes anualidades:

Hacienda y Función Pública

AUTORIZADA UNA TRANSFERENCIA DE CRÉDITO PARA AULAS DIGITALES INTERACTIVAS EN CENTROS EDUCATIVOS DE CEUTA Y MELILLA CON CARGO AL PLAN DE RECUPERACIÓN

El Consejo de Ministros ha autorizado una transferencia de crédito, por importe de 6 millones de euros, entre el Ministerio de Educación y Formación Profesional y el Ministerio de Cultura y Deporte, para adquisiciones relativas a la actualización e instalación de Aulas Digitales Interactivas en centros educativos de Ceuta y Melilla, dentro del marco del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.

En el actual ejercicio se va a tramitar el Programa de digitalización del Ecosistema educativo que tiene como objetivo la promoción de la enseñanza digital mediante la actualización e instalación de Aulas Digitales Interactivas en centros educativos de Ceuta y Melilla.

Para llevar a cabo esta actuación, hay asignada una dotación presupuestaria en el vigente presupuesto de la que se realizarán las correspondientes transferencias a las Comunidades Autónomas, excepto a las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla cuya gestión corresponde al Ministerio de Educación y Formación.

Según se establece en el Real Decreto 498/2020, de 28 de abril, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Educación y Formación Profesional, y el Real Decreto 1379/1999, de 27 de agosto, de Regulación de la Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos de Educación y Cultura (GIEC), la competencia para la adquisición de infraestructuras y equipamientos educativos del ámbito de gestión de dicho Departamento Ministerial corresponde a la GIEC, a la que hay que transferir los correspondientes fondos, por importe de 6 millones de euros, destinados a la adquisición de equipamiento para las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla.

Hacienda y Función Pública

ACUERDO PARA PERMITIR AL MINISTERIO DE AGRICULTURA LA PRÓRROGA DE BECAS DE FORMACIÓN EN LA INDUSTRIA ALIMENTARIA

El Consejo de Ministros ha autorizado la modificación de los límites establecidos en el artículo 47 de la Ley General Presupuestaria, para adquirir compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros, para permitir al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, la prórroga de becas de formación práctica, para titulados universitarios, en el área de la industria alimentaria.

La Dirección General de la Industria Alimentaria del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación financia, entre otras medidas, diferentes actuaciones para la formación de capital humano, dentro de las cuales se incluye la convocatoria de 26 becas de formación práctica para titulados universitarios en el área de la industria alimentaria.

Mediante Resolución de 16 de abril de 2019 del Director General de la Industria Alimentaria se concedieron 24 de estas becas a favor de los titulares. Actualmente se encuentran cubiertas 20 becas por lo que, en el momento de solicitar la tercera prórroga por un periodo de un año por parte de los becarios, que deberá realizarse a finales de 2021, existirá la necesidad de retener y autorizar gasto con cargo a 2022 por un importe de 308.000 euros.

Hacienda y Función Pública

ACUERDO PARA QUE EL SEPE TRAMITE O PRORROGUE DIVERSAS CONTRATACIONES

El Consejo de Ministros ha acordado la modificación de los límites para adquirir compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 47 de la Ley General Presupuestaria, con la finalidad de posibilitar al Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) la tramitación inicial o la prórroga de diversos expedientes de contratación.

La necesidad de configurar nuevos contratos y prórrogas hace que se vayan a incrementar los importes a ejecutar para el ejercicio 2022.

En primer lugar, resulta imprescindible abordar la tramitación del contrato del Proyecto de Evaluación Permanente de la Formación Profesional para el Empleo en el ámbito laboral, para la elaboración de los Planes anuales de evaluación de la calidad, impacto, eficacia y eficiencia del conjunto del sistema de Formación Profesional, que debe iniciar su ejecución a principios de 2022.

Asimismo, en 2021 se iniciará la tramitación del contrato de obras para reformar la Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal en las Islas Baleares, aplazada debido a la emergencia sanitaria de la COVID-19 y que en el momento actual resulta urgente acometer para garantizar una adecuada prestación del servicio en la citada provincia.

Finalmente, hay que considerar los compromisos de gasto que el Centro Gestor debe asumir, con cargo a ejercicios futuros, y en especial en 2022, para garantizar una adecuada prestación de servicio a los ciudadanos.

Todas estas necesidades vienen detalladas en la Memoria y se refieren a prórrogas y contratos para mantenimiento de aplicaciones informáticas en diferentes lotes, encomiendas de gestión, el desarrollo del tercer ciclo del Programa EVADES, así como gastos diversos de las Direcciones Provinciales.

Asimismo, el SEPE tiene previsto reasignar algunos importes debido al ciberataque sufrido durante este ejercicio y que ha supuesto que el gasto efectivo de determinados servicios TIC haya aumentado.

Hacienda y Función Pública

ACUERDO PARA MODIFICAR LOS LÍMITES DE GASTO PARA PERMITIR AL FONDO ESPAÑOL DE GARANTÍA AGRARIA CONVOCAR SUBVENCIONES PARA PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN APÍCOLA

El Consejo de Ministros ha autorizado la modificación de los límites establecidos en el artículo 47 de la Ley General Presupuestaria, para adquirir compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros, para permitir al Organismo Autónomo Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA) la convocatoria de subvenciones para la realización de proyectos de investigación en el sector apícola.

Las medidas estarán cofinanciadas, en un 50%, con cargo al Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA) por importe de 149.374,13 euros, y en otro 50% con cargo al presupuesto nacional, en concreto con cargo al presupuesto del FEGA por importe de 149.374,13 euros.

Las ayudas se convocan anualmente mediante Resolución del citado Fondo Español. Independientemente de la fecha de concesión de subvenciones a los proyectos seleccionados, el periodo subvencionable y de ejecución de los proyectos para la próxima convocatoria, correspondiente al Programa Nacional de Medidas de Ayuda a la Apicultura del año 2022, se establece entre el 1 de agosto del año 2021 y el 31 de julio del año 2022 y el FEGA deberá realizar el pago antes del 15 de octubre del año 2022.

Hacienda y Función Pública

EL GOBIERNO AUTORIZA A ASTURIAS LA CONCESIÓN DE UN AVAL A LA ZONA DE ACTIVIDADES LOGÍSTICAS E INDUSTRIALES DE ASTURIAS

El Consejo de Ministros ha autorizado a la Comunidad Autónoma de Asturias la concesión de un aval en 2021 a Zona de Actividades Logísticas e Industriales de Asturias, S.A. (ZALIA) por un importe máximo de 500.000 euros.

Esta autorización se produce en cumplimiento del artículo 20 de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF).

Asturias ha solicitado con fecha 23 de agosto de 2021 que el Ministerio de Hacienda y Función Pública tramite autorización del Estado para el otorgamiento de un aval en el ejercicio 2021 a Zona de Actividades Logísticas e Industriales de Asturias, S.A. (ZALIA) hasta una cuantía máxima global de 500.000 euros.

Atendiendo la solicitud de la Comunidad Autónoma y teniendo en cuenta la finalidad, importe y características de la operación de aval se estima pertinente que se conceda la autorización solicitada.

Esta autorización solo podrá amparar la concesión del aval indicado hasta el 31 de diciembre de 2021.

Hacienda y Función Pública

ACUERDO PARA QUE EL MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN PUEDA PRORROGAR DIVERSOS CONVENIOS

El Consejo de Ministros ha acordado la modificación de los límites para adquirir compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 47 de la Ley General Presupuestaria, con la finalidad de posibilitar al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación la prórroga de diversos convenios con centros científicos sobre variedades de cultivo.

El acuerdo autoriza la modificación de compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros a fin de posibilitar al Ministerio la tramitación de nuevos gastos. En este ejercicio se plantea la necesidad de tramitar la prórroga de cuatro convenios, vigentes hasta el 30 de noviembre de 2021, que implican un aumento del gasto que supera el porcentaje legalmente establecido para el capítulo 6 en el año 2022.

-Convenio con el Centro de Investigaciones Científicas y Tecnológicas de Extremadura (CICYTEX) para la realización de trabajos relacionados con los exámenes técnicos de identificación varietal de higuera para el registro de variedades vegetales.

-Convenio con el Instituto Andaluz de Investigación y Formación Agraria, Pesquera, Alimentaria y de la Producción Ecológica (IFAPA) para la realización de trabajos relacionados con los exámenes técnicos de identificación varietal de fresa para el registro de variedades vegetales.

-Convenio con el Instituto Madrileño de Investigación y Desarrollo Rural, Agrario y Alimentario (IMIDRA) para la realización de análisis por marcadores moleculares relacionados con los exámenes técnicos de vid requeridos para el registro de variedades.

-Convenio con la Universidad de Córdoba (UCO) para la realización de trabajos relacionados con los exámenes técnicos de identificación varietal de olivo para el registro de variedades vegetales.

Con cargo a la aplicación presupuestaria, 21.05.412C.6 "Inversiones reales", el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ya tiene iniciados expedientes de los que se derivan compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros en las citadas anualidades. Estas nuevas necesidades sumadas a los compromisos ya adquiridos son los siguientes:

Industria, Comercio y Turismo

PROGRAMAS TECNOLÓGICOS INDUSTRIALES RELACIONADOS CON LA DEFENSA

El Consejo de Ministros ha autorizado al Ministerio de Industria, Comercio y Turismo a suscribir un nuevo convenio con la entidad TESS Defence para la continuación del programa de fabricación de vehículos de combate sobre ruedas VCR 8x8. El gasto derivado del convenio asciende a un máximo de 1.208 millones de euros en las anualidades 2021 a 2024. El contrato recoge el suministro de 348 unidades, incluyendo los respectivos componentes del sistema de misión, armamento, nivel de protección, sensores, comunicaciones y sistemas de mando y control.

El programa de fabricación de los vehículos de combate sobre ruedas VCR 8x8 comporta un elevado contenido tecnológico e industrial que afecta no solo a TESS, sino a numerosas empresas españolas de muchos ámbitos industriales como materiales, telecomunicaciones, sistemas de defensa, propulsión, etc.

Se estima que el contrato de suministro implica la creación de hasta 1.230 puestos de trabajo cualificados al año y la oportunidad de desarrollar un producto nacional y de exportación de la tecnología, permitiendo posicionar a la industria española de defensa en el segmento de los vehículos de combate sobre ruedas a nivel internacional.

La continuación del programa es necesaria para lograr la incorporación de este vehículo blindado a las operaciones realizadas por las Fuerzas Armadas. Por otra parte, contribuirá a capitalizar la inversión realizada en los programas tecnológicos y a maximizar la participación de la industria nacional.

Industria, Comercio y Turismo

INVERSIÓN EXTRANJERA EN LAS SOCIEDADES CIRCET IBERIA, SOLARPACK Y URBASER

Mediante tres acuerdos, el Consejo de Ministros ha autorizado la inversión extranjera en las siguientes sociedades: Circet Iberia, S.L.U (CIRCET), Solarpack Corporación Tecnológica S.A. (SOLARPACK) y Urbaser, S.A.U.

Circet se dedica a la instalación, mantenimiento de equipos y sistemas de telecomunicaciones para operadores en el sector. La sociedad compradora es Intermediate Capital Group PLC (ICG).

Solarpack es una multinacional especializada en el desarrollo, construcción y operación de proyectos solares fotovoltaicos con presencia en Europa, América del Norte, América Latina, Asia y África y tiene tres líneas de negocio fundamentales: la generación de energía; el desarrollo y construcción de parques renovables para terceros o para operación propia; y la provisión de servicios asociados a los anteriores. La sociedad compradora es Veleta Bidco.

La actividad principal de Urbaser es la recogida de residuos y otras actividades conexas. También son relevantes las actividades de tratamiento municipal de residuos sólidos y el tratamiento de residuos industriales. La sociedad compradora es Global Modelo.

Política Territorial

RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD CONTRA LA LEY DE PRESUPUESTOS DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS PARA 2021

El Consejo de Ministros ha aprobado un acuerdo por el que se solicita al presidente del Gobierno la impugnación ante el Tribunal Constitucional (TC) del artículo 39.Ocho de la Ley del Principado de Asturias de Presupuestos Generales para 2021.

Con el dictamen favorable del Consejo de Estado, y al no alcanzarse un acuerdo en la Comisión Bilateral, dentro del procedimiento previsto en el artículo 33.2 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC), se invoca el artículo 161.2 de la Constitución Española para la suspensión del citado precepto.

Fundamentos del recurso

El artículo 39.Ocho de la ley asturiana introduce una deducción que aplicarán los contribuyentes en la base imponible del importe de subvenciones o ayudas otorgadas por la Administración del Principado de Asturias para paliar el impacto de la COVID-19 sobre los sectores especialmente afectados por la pandemia.

Por otro lado, la legislación estatal, en concreto el artículo 46.1.c) de la Ley 22/2009, por la que se regula el sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común y Ciudades con Estatuto de Autonomía y se modifican determinadas normas tributarias, establece el alcance de las competencias normativas de las comunidades autónomas en materia de deducciones en la cuota íntegra autonómica del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF).

El Gobierno considera que las deducciones por obtener subvenciones o ayudas para paliar el impacto de la COVID-19 sobre sectores especialmente afectados, exceden las competencias normativas autonómicas, ya que se exceptúan las que afectan al desarrollo de actividades económicas.

La autonomía financiera de las comunidades autónomas debe desenvolverse en el marco constitucional, y los impuestos cedidos son impuestos estatales, de manera que la regulación autonómica sobre estos debe limitarse a las competencias cedidas y sobre el alcance de la cesión.

En conclusión, concurren los requisitos formales y materiales para la impugnación ante el TC del artículo 39. Ocho de la Ley del Principado de Asturias 3/2020, de 30 de diciembre de 2020, de Presupuestos Generales para 2021.

BIOGRAFÍAS

Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación

Secretario General para la Unión Europea

D. PASCUAL IGNACIO NAVARRO RÍOS

Licenciado en Derecho por la Universidad de Murcia y diplomado en Derecho Internacional Público por la Universidad de Paris I Sorbonne y en Relaciones Internacionales por la London School of Economics, es miembro de la carrera diplomática desde 1987. Ha servido en las Embajadas de España en Damasco, Copenhague y Brasilia. Ha sido jefe de área de Extranjería y Asilo, subdirector general de Cooperación para América Central y subdirector general para Asuntos de Terrorismo.

Asimismo, ha sido consejero en la Representación Permanente de España ante la Unión Europea, director del Gabinete del secretario de Estado para la Unión Europea, embajador de España en la República Checa y asesor para Asuntos Institucionales de la Unión Europea. Recientemente, era director general de Mercado Interior y otras Políticas Comunitarias en la Secretaría de Estado para la Unión Europea.

Director General de Política Exterior y de Seguridad

D. FEDERICO DE TORRES MURO

Federico de Torres Muro nació en La Felguera-Langreo (Asturias), el 22 de julio de 1957. Es licenciado en Geografía e Historia por la Universidad Complutense de Madrid e ingresó en la Carrera Diplomática en 1985.

Ha estado destinado en las Embajadas de España en Trípoli, Buenos Aires, Londres (Consulado General), Rabat - donde fue consejero cultural y de Cooperación para el Desarrollo - y en la Representación Permanente de España ante el Consejo de Europa (Estrasburgo) como representante permanente adjunto.

Fue director del Gabinete Técnico de la AECID (1992-1994), director del Gabinete del secretario de Estado de Asuntos Exteriores y para Iberoamérica y director de Gabinete del secretario general de presidencia de Gobierno entre 2004 y 2008.

Fue designado embajador de España en Quito (Ecuador), cargo que desempeñó entre noviembre 2008 y mayo 2012 y embajador de España en San Salvador (El Salvador) entre julio 2017 y febrero 2020

Ha sido director general de Estrategia, Prospectiva y Coherencia en el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación entre febrero 2020 y septiembre 2021.

Directora General para África

Dª. ALICIA RICO PÉREZ DEL PULGAR

Nacida el 23 de julio de 1965, es licenciada en Derecho e ingresó en la Carrera Diplomática en1991.

Ha estado destinada en las Embajadas de España en el Gran Ducado de Luxemburgo, Kuwait y el Sultanato de Omán. En los servicios centrales del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, ha trabajado en la Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales, en el Gabinete del Ministro de Asuntos Exteriores y como subdirectora general de Cancillería. En el ámbito europeo, ha estado destinada como consejera en la Representación Permanente de España ante la UE (Bruselas) y como experta nacional en el Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE). En agosto de 2017 fue nombrada embajadora de España en la República de Ghana, acreditada también ante la República Togolesa, regresando a los servicios centrales en agosto de 2021.

Directora General de Coordinación del Mercado Interior y otras Políticas Comunitarias

Dª. MARÍA DOLORES LLEDÓ LAREDO

Nacida en Madrid el 17 de abril de 1972. Es licenciada en Ciencias Económicas (Universidad Autónoma de Madrid) y licenciada en Ciencias Políticas (Universidad Nacional de Educación a distancia). Posee cursos de Doctorado en la Escuela de Comercio de Solvay (ULB, Bélgica) e ingresó en la carrera diplomática el 1 de julio de 1999.

En la sede central del Ministerio de Asuntos Exteriores, en Madrid, ha sido jefa de servicio de Acción Consular en la Dirección General de Asuntos Jurídicos y Consulares y jefa de servicio de Coordinación y Cooperación en la Dirección General de Asuntos Políticos y para las Naciones Unidas. Posteriormente, ha desempeñado los cargos de vocal asesora en el Gabinete del ministro y directora del Gabinete de la secretaría de Estado de Cooperación Internacional.

Ha estado destinada en las Embajadas de Marruecos y Londres y ha sido cónsul general en Argel y cónsul general adjunta en Bogotá.

En el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, fue nombrada subdirectora general de Promoción Exterior de la Cultura.

En la Representación de España ante la UE ha desempeñado las funciones de representante permanente adjunta ante el Comité político y de Seguridad y consejera de Asuntos Parlamentarios.

Embajador de España en Canadá

D. ALFREDO MARTÍNEZ SERRANO

Nacido en Oviedo en 1971, es licenciado en Derecho, máster en Derecho de la Unión Europea y ha cursado el Programa de Liderazgo en la Gestión Pública del IESE. Ingresó en la Carrera Diplomática en 1998.

Desde la proclamación de Su Majestad el Rey Felipe VI hasta la actualidad, ha sido jefe de Protocolo de la Casa de Su Majestad el Rey, con rango de director general. Igualmente, desempeñó el puesto de segundo jefe de Protocolo, con rango de subdirector general en la Jefatura del Estado entre 2007 y 2012.

Ha sido jefe de servicio del Gabinete del ministro de Asuntos Exteriores y ha ocupado las segundas jefaturas de las Embajadas de España en Arabia Saudí, Bulgaria, El Salvador y Egipto.

Embajador de España en la República Francesa

D. VICTORIO REDONDO BALDRICH

Nació en Lleida en 1960. Es licenciado en Derecho por la Universidad de Lleida-Barcelona, en la que fue investigador y profesor colaborador.

Ingresó en la Carrera Diplomática en 1991 y en la actualidad ocupaba el puesto de embajador en la Confederación Suiza y el Principado de Liechtenstein.

De 1991 a 1995, fue miembro del Gabinete del secretario general de Política Exterior, jefe de área de Europa Central y Oriental y participó en las negociaciones sobre el conflicto de la antigua Yugoslavia.

De 1996 a 2000 fue consejero de Asuntos Políticos en la Embajada de España en Rusia y, de 2000 a 2004, consejero en la Representación de España ante la UE en Bruselas y representante en las negociaciones de ampliación de la UE.

De 2004 a 2011 fue asesor del presidente del Gobierno para Asuntos Europeos y de la Unión Europea y, de 2012 a 2013, asesor del secretario de Estado de la Unión Europea.

De 2013 a 2018 fue embajador representante permanente adjunto ante la Oficina de Naciones Unidas y Organismos Internacionales en Ginebra.

De 2018 a 2020 fue director general de Asuntos Exteriores y Seguridad Global en el Gabinete del presidente del Gobierno.

Ciencia e Innovación

Director del Gabinete de la Ministra de Ciencia e Innovación

D. JOSEP ANTONI LOBERA SERRANO

Nacido en Barcelona en 1975. Es ingeniero Superior de Materiales por la Universidad Politécnica de Cataluña (1999) por el Institut National Polytechnique de Lorraine (1999) y "Master of Science in Materials Engineering" por la Universidad de Houston (2000). Dispone, además de un "Sociology Diploma for Graduates" de la Universidad de Londres (2014); y un Doctorado en Sostenibilidad,y Humanismo por la Universidad Politécnica de Cataluña (2010) con calificación sobresaliente cum laude.

Ha sido profesor de Sociología en la Universidad Autónoma de Madrid desde 2009 y del programa internacional de Tufts University (desde 2012). También ha sido presidente del Comité de Investigación en Sociología de la Ciencia y la , de la Federación Española de Sociología y miembro del Grupo de Trabajo Técnico de la Ponencia de Vacunas del Ministerio de Sanidad. Igualmente, ha sido director de investigación del instituto demoscópico Metroscopia (2009-2012), director adjunto de operaciones internacionales para Simon Holding (2000-2001), coordinador de programas de reconstrucción post-terremoto en El Salvador para la Fundación Española para la Cooperación Solidaridad Internacional (2002-2004) e investigador principal sobre políticas internacionales de educación superior para la Global University Network for Innovation (2005-2009).

Anteriormente, fue investigador en el Texas Center for Superconductivity (1999-2000) y en el Fraunhofer Institut de Alemania (1999). Es autor de una treintena de publicaciones científicas y ha recibido dos premios a la excelencia investigadora en la Universidad Autónoma de Madrid.

Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación

La Gran Cruz de la Orden del Mérito Civil

D. GABRIEL FERRÁN CARRIÓN.

Nacido en Madrid en 1961.

Licenciado en Derecho, ingresa en la carrera diplomática en 1990. Ha estado destinado en varias Embajadas como segunda jefatura (Beirut, Kuala Lumpur y La Haya); consejero de Cooperación en Costa Rica; secretario de Embajada en Rabat; consejero en la Representación Permanente de España ante la Unión Europea (Bruselas).

También ha sido vocal asesor en la Secretaria de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior y vocal asesor en la Obra Pía (Santa Sede).

Fue designado Embajador de España en Afganistán en 2018 y cesado en agosto de 2021, unos días antes de la toma del poder por los talibanes y se quedó en Kabul hasta la finalización del proceso de repatriación.