Presidencia del Gobierno
Para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico
Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación
Justicia
Defensa
Hacienda y Función Pública
Transportes, Movilidad y Agenda Urbana
Educación y Formación Profesional
Industria, Comercio y Turismo
Agricultura, Pesca y Alimentación
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Cultura y Deporte
Sanidad
Ciencia e Innovación
Inclusión, Seguridad Social y Migraciones
Universidades
CONDECORACIONES
Presidencia del Gobierno
D. José Manuel García-Margallo y Marfil.
D. Alberto Ruiz-Gallardón Jiménez.
D. Pedro Morenés Eulate.
D. José Ignacio Wert Ortega.
D. José Manuel Soria López.
D. Luis De Guindos Jurado.
D. Alfonso Alonso Aranegui.
Dª Dolores Delgado García.
D. José Luis Ábalos Meco.
Dª María Isabel Celaá Diéguez.
Dª Magdalena Valerio Cordero.
Dª Meritxell Batet Lamaña.
D. Màxim Huerta Hernández.
Dª Carmen Montón Giménez.
D. Pedro Duque Duque.
D. José Guirao Cabrera.
Dª María Luisa Carcedo Roces.
D. Pablo Iglesias Turrión.
Dª María Aránzazu González Laya.
D. Juan Carlos Campo Moreno.
D. José Manuel Rodríguez Uribes.
D. Salvador Illa Roca.
D. Manuel Castells Oliván.
Defensa
D. José Ignacio Criado García Legaz, General de División del Cuerpo de la Guardia Civil
D. José María Martínez Ferrer, General de Brigada del Cuerpo General del Ejército de Tierra
D. Manuel Pérez López, General de Brigada del Cuerpo General del Ejército de Tierra
D. Fernando Rocha y Castilla, General de Brigada del Cuerpo General del Ejército de Tierra
D. Carlos Prada Larrea, General de Brigada del Cuerpo General del Ejército de Tierra
D. Javier Antonio Miragaya Prieto, General de Brigada del Cuerpo General del Ejército de Tierra
D. Luis Francisco Cepeda Lucas, General de Brigada del Cuerpo General del Ejército de Tierra
D. Joaquín de la Torre Fernández, General de Brigada del Cuerpo de Ingenieros Politécnicos del Ejército de Tierra
D. Alberto Pérez Romero, General de Brigada Veterinario del Cuerpo Militar de Sanidad
Dª Susana Margarita Cámara Angulo
D. Ramón Fernando Uribe Contreras
D. Juan del Río Martín (A título póstumo)
D. Francisco Braco Carbó, Teniente General del Cuerpo General del Ejército del Aire
D. Enrique Núñez de Prado Aparicio, Contralmirante del Cuerpo General de la Armada
D. Francisco Javier Roca Rivero, Contralmirante del Cuerpo General de la Armada
D. Justo Tomás Zambrana Pineda
Dª Almudena de Arteaga y del Alcázar
Sr. Tan Peng Yam
D. Manuel Llamas Fernández, Teniente General del Cuerpo de la Guardia Civil
D. Fernando Torres San José, General de Brigada del Cuerpo General del Ejército del Aire
D. Juan Manuel Pablos Chi, General de Brigada del Cuerpo General del Ejército del Aire
D. Pedro Alejandro García Sipols, General de Brigada del Cuerpo General del Ejército del Aire
D. Francisco Javier Vidal Fernández, General de Brigada del Cuerpo General del Ejército del Aire
D. Adolfo Sánchez Valdivieso, General de Brigada del Cuerpo de Intendencia del Ejército del Aire
D. Carlos Castejón Rosauro, General de Brigada Interventor del Cuerpo Militar de Intervención
Sr. Jeffrey L. Harrigian, General de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos de América
Sr. Ingo Gerhartz, Teniente General de la Fuerza Aérea de Alemania
D. Raúl Medina Caballero
D. José Julián Garde López-Brea
D. Francisco Vergé Gracia
Educación y formación profesional
Cultura y Deporte
Dª María Isabel Gallardo Gómez (Maribel Gallardo)
Dª Julia Uceda Valiente
Semana Negra de Gijón. Festival Literario y Cultural de novela negra
D. Agustí Villaronga Riutort
Fundación Max Aub
D. Francisco Martínez Roca (Paco Roca)
D. Javier Ángel Encinas Bardem (Javier Bardem)
Fundación de Arte y pensamiento Martín Chirino
Amaral (Dª Eva María Amaral Lallana y D. Juan Vicente García Aguirre) Grupo musical
D. Daniel Martínez de Obregón
D. Jaume Plensa Suñé
Dª Isabel Steva Hernández (Colita)
Dª Ana González Rodríguez (Ana Locking)
Fundación Cerezales Antonio y Cinia
D. Genis Matabosch Giménez
Dª Carme Solé Vendrell
Drac Mágic. Cooperativa y distribuidora de cultura audiovisual
D. José Pablo Guerrero Cabanillas (Pablo Guerrero)
D. José María García Conesa (Chema Conesa).
Junta de Calificación, Valoración y Exportación de Bienes del Patrimonio Histórico
Dª María Teresa Martín Cadierno (Mayte Martín)
Dª Icíar Bollaín Pérez-Mínguez (Iciar Bollaín)
Dª Teresa Catalán Sánchez
D. Ramón Casas Vallés (a título póstumo)
D. Ian Keith Gibson Ritchie (Ian Gibson)
D. Ignacio Javier Gurruchaga Iriarte (Javier Gurruchaga)
Dª Saioa Hernández del Río
D. Juan Muñoz Martín
D. Francisco Portalo Calero y D. Francisco Suárez García
D. Antonio Javier Eulogio Rodríguez Reija (Antón Reixa).
Dª Paloma Cecilia San Basilio Martínez (Paloma San Basilio)
Trabajo y Economía Social
Inclusión, Seguridad Social y Migraciones
REFORMA LABORAL
El Consejo de Ministros ha aprobado el Real Decreto Ley que recoge el acuerdo alcanzado entre el Gobierno, las organizaciones sindicales CCOO y UGT y las organizaciones empresariales CEOE y CEPYME para reformar estructuralmente el mercado laboral. La nueva norma permitirá cimentar un mercado laboral en el que la temporalidad se sitúe, por primera vez, en el entorno de los estándares europeos.
Mediante este nuevo Real Decreto Ley, se restablecen los equilibrios perdidos en la negociación colectiva que recuperará, nuevamente, su papel central en las relaciones laborales.
El texto, además, da cumplimiento tanto al acuerdo de Gobierno como a los compromisos adquiridos con la Unión Europea plasmados en el Componente 23 y sienta las bases en materia laboral para una recuperación justa e inclusiva.
Negociación Colectiva
La nueva norma recupera la ultraactividad indefinida, es decir, que las condiciones establecidas en un convenio colectivo seguirán en vigor aún después de que se termine su vigencia expresa.
Se deroga la prevalencia salarial del convenio de empresa, evitando convenios a la baja en materia salarial que rompan el suelo salarial de los convenios sectoriales y, por tanto, la devaluación salarial que posibilita el modelo hasta ahora vigente.
La contratación estable como norma
Desaparece el contrato por obra o servicio. Los contratos se presumen concertados por tiempo indefinido y se reducen, por tanto, las modalidades de contratación disponibles.
En el sector de la construcción los contratos ordinarios también serán los indefinidos. La empresa, una vez finalizada la obra, deberá ofrecer una propuesta de recolocación a la persona trabajadora, previo desarrollo, si es preciso, de un proceso de formación a cargo de la empresa. Si la persona trabajadora rechaza la oferta o motivos inherentes a la misma determinan la imposibilidad de recolocación, por no existir puesto adecuado, se produce la extinción del contrato, con una indemnización del siete por ciento calculada sobre los conceptos salariales establecidos en las tablas del convenio colectivo. Tanto la finalización de la obra como la extinción debe ser comunicada a la representación legal de las personas trabajadoras.
Solo existirá un contrato de duración determinada, que podrá celebrarse por circunstancias de la producción o por sustitución de la persona trabajadora.
Contratación de duración determinada
Para celebrar este contrato, será necesario que se especifiquen con precisión la causa habilitante de la contratación temporal, las circunstancias concretas que la justifican y su conexión con la duración prevista.
Contrato fijo discontinuo
Deberá concertarse para trabajos de naturaleza estacional o actividades productivas de temporada, así como aquellos que no tengan dicha naturaleza pero que, siendo de prestación intermitente, tengan periodos de ejecución ciertos, determinados o indeterminados.
Las personas trabajadoras sujetas a este tipo de contratos serán colectivo preferente para las acciones formativas. Los convenios sectoriales podrán establecer bolsas de empleo para favorecer su contratación y para mejorar su formación durante los periodos de inactividad.
Subcontratación
Un cambio fundamental es que siempre habrá un convenio colectivo sectorial aplicable, una cuestión decisiva ya que permite cubrir vacíos legales existentes hasta ahora.
El convenio sectorial aplicable puede ser el de la actividad desarrollada en la empresa principal u otro si así lo determina la negociación colectiva sectorial dentro de sus normas generales.
El convenio de empresa solo podrá aplicarse por la contratista si determina mejores condiciones salariales que el sectorial que resulte de aplicación
La nueva norma regula, por tanto, en base a la actividad propia de la empresa. En el caso de que realice actividades esenciales para el desarrollo de la empresa se aplicar a las personas trabajadoras el convenio sectorial de la actividad que desarrolla la contrata o subcontrata.
Contratos formativos
Se opera un cambio de modelo respecto al contrato formativo que tendrá dos modalidades: formación en alternancia y obtención de la práctica profesional
El contrato de formación en alternancia redefine los límites aplicativos, retributivos y temporales para responder a un nuevo objeto: adquirir la competencia profesional adecuada correspondiente a un determinado nivel de estudios (FP, universidad o catálogo de cualificaciones profesionales del Sistema Nacional de Empleo).
Podrán concertarse con personas de cualquier edad salvo en el caso del Catálogo de Cualificaciones Profesionales, con límite de hasta 30 años y tendrán una duración máxima de dos años.
Las jornadas serán no superiores al 65% el primer año y 85% el segundo año sin poder realizar horas extra, trabajo a turnos o jornadas nocturnas. La retribución se adaptará al convenio y no podrá bajar de 60% (el primer año y del 75% el segundo año). Nunca será menor al SMI proporcional a la jornada.
Un tutor o una tutora con la formación adecuada se encargará de monitorizar el plan formativo individual que se diseñe para cada persona y el correcto cumplimiento del objeto del contrato que deberá.
Se atienden, además, las necesidades específicas de las personas con discapacidad.
Los Contratos para la obtención de la práctica profesional podrán celebrarse hasta un máximo de tres (o cinco años en el caso de personas con discapacidad) después de obtenida la certificación. Tendrán entre seis meses y un año de duración.
La retribución será la propia del convenio para el puesto salvo previsión específica y también contarán, como en los formativos, con seguimiento tutorial.
La acción protectora de la Seguridad Social de las personas que suscriban un contrato formativo en cualquiera de las modalidades anteriores comprenderá las contingencias protegibles y prestaciones incluido el desempleo y la cobertura del Fondo de Garantía Salarial.
Rediseño de los desincentivos a los contratos de muy corta duración
Además, en el ámbito de la contratación se han rediseñado desincentivos para penalizar la excesiva rotación en los contratos de muy corta duración. En concreto, se introduce una penalización o malus de importe fijo por cada baja en un contrato temporal, de forma que se sustituye la penalización existente hasta ahora, lineal, por una que introduce un desincentivo mayor cuanto más cortos sean los contratos. Los contratos temporales inferiores a 30 días tendrán una cotización a la Seguridad Social adicional de 26 euros cuando se den de baja. Esto supone, además, una penalización creciente (cuantos más contratos cortos, mayor es el desincentivo: con un contrato corto de 10 días la penalización sería de 26 euros; si el mismo tiempo de trabajo se cubriera con dos contratos de cinco días, de 52 euros…).
Excepcionalmente, esta cotización no se aplicará a los regímenes especiales de trabajadores por cuenta ajena agrarios, de empleados de hogar, de la minería del carbón y tampoco a los contratos por sustitución.
Flexibilidad interna
Además, la reforma incluye la puesta en marcha de los nuevos mecanismos para favorecer la flexibilidad interna en las empresas, con el objetivo de fomentar la continuidad de las relaciones laborales estables, evitando el tránsito por el desempleo, lo que beneficia tanto a trabajadores como empresas. De esta forma, se revisa el modelo de ERTE ya existente y se crea el mecanismo RED.
Los cambios introducidos pretenden una mayor facilidad en su tramitación y flexibilidad en su aplicación, especialmente para las pymes. Así, el periodo de consultas se reduce a siete días para las empresas con menos de 50 trabajadores, previa constitución de la comisión representativa.
Se refuerza la información a la representación de las personas trabajadoras durante la aplicación de los ERTE. Se incorporan las prohibiciones de horas extra y externalizaciones de los actuales ERTE COVID.
A la fuerza mayor clásica se añade, como causa específica el impedimento o las limitaciones a la actividad normalizada determinadas por decisiones de la autoridad gubernativa.
Requerirán de un informe preceptivo de la Inspección de trabajo. La autoridad laboral deberá resolver en cinco días, con silencio positivo. La reducción de jornada será entre un 10 y un 70 por ciento. Durante el periodo de vigencia del ERTE la empresa podrá afectar y desafectar personas trabajadoras (como en los ERTE ETOP) previa información a la representación legal de las personas trabajadoras y comunicación a la Tesorería General de la Seguridad Social. Mantienen las garantías en el empleo de los actuales ERTE COVID.
Para ambas modalidades, se incorporan varios elementos novedosos, recogidos de la experiencia de la pandemia: la posibilidad de afectar o desafectar trabajadores en función de la actividad de la empresa, incrementando la flexibilidad de estos instrumentos; la posibilidad de obtener bonificaciones en las cotizaciones sociales y financiación si desarrollan actividades formativas para los trabajadores en ERTE; y las exoneraciones en las cotizaciones a la Seguridad Social. En el caso de los ERTE ETOP serán del 20%, condicionadas a la realización de acciones formativas, y en el caso de los de Fuerza Mayor, del 90%. Estarán vinculadas al mantenimiento del empleo de los actuales ERTE COVID y las empresas verán aumentado el crédito disponible para la formación.
Debe ser activado por el Consejo de Ministros, previa información a las organizaciones más representativas, a propuesta de Asuntos Económicos y Transformación Digital; Trabajo y Economía Social e Inclusión, Seguridad Social y Migraciones; que se encarga de abrir la puerta pero no de dirimir si las empresas, de manera individual, se pueden acoger. La autoridad laboral dará luz verde si la empresa ha desarrollado un periodo de consultas y si hay concurrencia de causas, por tanto, habrán de justificarse los motivos. 2 modalidades:
Cíclica: proporcionará a las empresas un marco estable ante una caída transitoria o cíclica de su demanda por causas macroeconómicas, para evitar despidos inmediatos al shock. Las empresas podrán suspender a parte de sus trabajadores durante un plazo máximo de un año en lugar de despedirles. Durante ese periodo de suspensión, se incentivará la formación de los trabajadores y se establecen exoneraciones en las cotizaciones a la Seguridad Social decrecientes en el tiempo.
Sectorial: las organizaciones sindicales y empresariales más representativas podrán solicitar la convocatoria de la Comisión Tripartita del Mecanismo RED. Irá, en este caso, acompañado de un plan de recualificación. Esta modalidad proporciona apoyo a la recualificación de trabajadores de empresas y sectores en transición que requieren cambios permanentes. En ese caso, para evitar el ajuste de empleo tradicional, la empresa puede activar este mecanismo durante un plazo máximo de un año (seis meses, con posibilidad de prorrogar seis meses más) y facilitar el paso de sus trabajadores a otra empresa mediante su recualificación. Para ello, además, la empresa de destino accederá a una bonificación del 50% durante seis meses.
Como novedades:
Auditoría sobre los resultados
El Gobierno efectuará una evaluación de los resultados obtenidos por las medidas previstas mediante el análisis de los datos de la contratación temporal e indefinida en enero del año 2025, procediendo a la publicación oficial, a estos efectos, de la tasa de temporalidad general y por sectores, una evaluación que deberá repetirse cada dos años.
ANEXO: TABLA EXONERACIONES ERTE
Exoneraciones ERTE:
20% ERTE ETOP
90% ERTE Fuerza mayor temporal
90% ERTE IMPEDIMENTO o LIMITACIÓN
MECANISMO RED CÍCLICO:
60% en los cuatro primeros meses de activación.
30% en el periodo inmediatamente posterior de cuatro meses
20% en los siguientes cuatro meses
MECANISMO RED SECTORIAL: 40%
Las exoneraciones del Mecanismo RED están vinculadas a acciones formativas
El Consejo de Ministros ha aprobado la celebración del contrato de servicios para la mejora del estado de los canales asociados a las zonas regables de interés general del Estado que dentro de sus competencias tiene asignada la Confederación Hidrográfica del Guadiana.
Estos trabajos tienen como objetivo impulsar el ahorro, la eficiencia y la sostenibilidad en el uso de los recursos hídricos en esta demarcación. La duración estimada del contrato es de 2 años y su valor estimado es de 16.527.712 euros.
Las actuaciones se llevarán a cabo en los canales del Zújar, Orellana, Las Dehesas, Lobón y en el de Montijo. Estas infraestructuras acumulan varias décadas desde su puesta en servicio y requieren actuaciones urgentes que mitiguen las pérdidas que sufren y garanticen un uso sostenible y responsable del agua en la agricultura, asegurando el buen estado de ríos, acuíferos y humedales.
Los trabajos se dividen en tres bloques que afectan a: Canal del Zújar; Canal de Orellana y Canal de Las Dehesas y, por último, Canal de Lobón y Canal de Montijo. Para cada uno de los tres lotes, las labores a realizar incluyen, por un lado, operaciones normales de mantenimiento y conservación para la explotación ordinaria del sistema, que podrán planificarse y ejecutarse al finalizar la campaña de riegos, entre los meses de octubre a marzo y que incluyen medidas destinadas al ahorro de agua, a la conservación y mantenimiento de estas infraestructuras y a la mejora de su eficiencia.
Y por otra parte, se contemplan actuaciones que no puedan planificarse de forma preventiva y que obedezcan tanto a cuestiones meteorológicas como averías en la red de infraestructuras en cualquier época del año, siendo urgente la actuación.
El Consejo de Ministros ha aprobado un real decreto por el que se modifica el Reglamento de la Planificación Hidrológica para actualizar los requisitos y procedimientos que se tendrán en cuenta para los próximos planes hidrológicos de cuenca -que estuvieron en consulta pública hasta el pasado 22 de diciembre-- y los planes especiales de sequía.
Este nuevo reglamento, el principal referente normativo en materia de planificación hidrológica, actualiza el que se aprobó en 2007 con el objetivo de ajustarse a las líneas del Pacto Verde Europeo y, en general, a las políticas nacionales e internacionales adoptadas en materia de agua en los últimos años.
Entre las principales novedades, la modificación del Reglamento de Planificación Hidrológica incluye la regulación de los planes especiales de sequía para señalar sus contenidos mínimos exigibles y sus procedimientos de elaboración, tramitación, aprobación y revisión. También destaca la consideración del cambio climático en el nuevo ciclo de planificación hidrológica, la armonización de los contenidos normativos en los planes de todo el territorio y la actualización en los requisitos de publicación y notificación de estos documentos a la Unión Europea, adecuándose a las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones.
Después de catorce años de vigencia del anterior reglamento, su actualización supone un salto cualitativo fundamental, dado que integra en el corazón mismo de la planificación hidrológica la necesidad de adaptarse a los efectos del cambio climático y tomar en consideración los límites ambientales.
El nuevo reglamento también clarifica y refuerza los criterios para justificar las exenciones al logro de los objetivos ambientales, en especial cuando se trata de promover nuevas modificaciones de las características físicas de las masas de agua, y establece los programas de medidas que deberán impulsar cada una de las administraciones competentes, tanto para los planes hidrológicos como para actuaciones específicas (obras, estudios y trabajos) con presupuesto de inversión asociado.
Los planes hidrológicos de tercer ciclo, que se aprobarán en los próximos meses, se verán beneficiados a corto plazo por esta modificación reglamentaria, ya que establece formalmente lo que hasta ahora habían sido indicaciones de coordinación dictadas desde la Dirección General del Agua. El nuevo reglamento permitirá, entre otras cosas, que la planificación hidrológica sea coherente en todo el territorio español, corrigiendo el problema detectado en algunos dictámenes del Consejo de Estado que alertaba sobre la dispersión normativa entre las distintas demarcaciones.
Plan de recuperación, transformación y resiliencia
Esta modificación, que ha contado con un amplio proceso participativo, afecta fundamentalmente a las cuencas intercomunitarias, pero también ayuda a la adecuada canalización de los ejercicios de notificación de todos los planes hidrológicos de España ante la Unión Europea.
La actualización está enmarcada en un paquete de acciones de reforma acordadas con la Comisión Europea dentro del componente 5 sobre espacio litoral y recursos hídricos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de España.
El Consejo de Ministros ha aprobado el acuerdo por el que se autoriza la adquisición de participaciones de Andes Plus Fund I, L. P., con cargo al Fondo para la Promoción del Desarrollo, por un importe máximo de 7.000.000 de dólares estadounidenses.
El Fondo para la Promoción del Desarrollo (FONPRODE) se regula por la Ley 36/2010, de 22 octubre, y por el Real Decreto 597/2015, de 3 de julio, por el que se aprueba el Reglamento del FONPRODE. La operación propuesta por este Acuerdo se enmarca en lo establecido en el Artículo 53 de la Ley 11/2020, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2021 (LPGE) y en el Artículo 2.3 h) de la citada Ley 36/2010 .
En el presente Acuerdo se propone la adquisición de participaciones de Andes Plus Fund I, L. P. con cargo al Fondo para la Promoción del Desarrollo, con las siguientes condiciones:
El objetivo del Acurdo es proporcionar financiación a PyMES que aportan bienes y servicios a comunidades locales sub-atendidas, y/o generan puestos de trabajo e ingresos sostenibles en estas comunidades por medio de su inclusión en la cadena de valor como proveedores, minoristas, empleados o consumidores, así como ayudar a estas empresas a alcanzar escala y sostenibilidad a largo plazo, promoviendo un enfoque de género.
Su foco geográfico será Colombia y Perú. En caso de que los compromisos totales del Fondo superaran los 30 millones de USD, el foco geográfico podría ampliarse mediante operaciones puntuales en Bolivia, Paraguay o Ecuador.
El Fondo tiene un enfoque de igualdad de género por lo que se dará prioridad a empresas propiedad de mujeres, con equipos de gestión diversos y practiquen la igualdad de género en todos los niveles de su organización.
Esta operación está alineada con las prioridades de la Cooperación Española en la región. El V Plan Director de la Cooperación Española 2018-2021 establece que el FONPRODE dará preferencia en sus operaciones a los Países de Asociación. Asimismo, establece que se prestará especial atención a las intervenciones en microfinanzas, bancarización de remesas, pequeñas y medianas empresas, economía social, capital riesgo, creación de infraestructuras y APPD (Alianzas Público Privadas de Desarrollo).
Los países objetivo del Fondo están situados en Latinoamérica, región prioritaria de acuerdo al V Plan Director de la Cooperación Española.
La operación es consistente con los objetivos de la Cooperación Española, contribuyendo a la consecución de los siguientes Objetivos de Desarrollo Sostenibles (ODS): ODS 1. Fin de la pobreza, por su contribución a la integración de las comunidades desfavorecidas en las cadenas de producción; ODS 5. Igualdad de género, por su promoción del liderazgo femenino e igualdad en acceso a puestos de trabajo y promociones; ODS 8. Trabajo decente y crecimiento económico, por la promoción para la generación de empleo de calidad; ODS 10. Reducción de las desigualdades, por la contribución a la integración de comunidades y promoción de la igualdad de género y ODS 12. Producción y consumo responsables, por la promoción de producción y consumo sostenible.
En la XLVII sesión del Comité Ejecutivo del FONPRODE, celebrada el 11 de noviembre de 2021, se acordó, conforme a lo establecido en el Artículo 16.6 del Reglamento del FONPRODE, elevar al Consejo de Ministros, la autorización de la adquisición de participaciones en el Andes Plus Fund I, L. P., con cargo al Fondo para la Promoción del Desarrollo, por un importe máximo de 7.000.000 de dólares estadounidenses.
La propuesta de Acuerdo de Consejo de Ministros relativa a la operación se informó por la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos en su sesión del 10 de diciembre de 2021, de acuerdo con lo establecido en el Artículo 2.3.h) de la Ley 36/2010 y en el Artículo 16.5 del Reglamento del FONPRODE.
El Consejo de Ministros ha aprobado un acuerdo por el que se autoriza la concesión de un préstamo por un importe máximo de 3.000.000 de dólares estadounidenses apara la Inclusión de la microempresa en Centroamérica y El Caribe, S.A., (SICSA), con cargo al Fondo para la Promoción del Desarrollo.
El Fondo para la Promoción del Desarrollo (FONPRODE) se regula por la Ley 36/2010, de 22 octubre, y por el Real Decreto 597/2015, de 3 de julio, por el que se aprueba el Reglamento del FONPRODE. La operación propuesta se enmarca en lo establecido en la Ley 11/2020, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2021 (LPGE) y en la Ley 36/2010, de 22 de octubre .
Mediante este Acuerdo se propone que el Consejo de Ministros autorice la concesión de un préstamo por un importe máximo de 3.000.000 de dólares estadounidenses a SICSA, con cargo al Fondo para la Promoción del Desarrollo, para financiar la expansión de su cartera, con las siguientes condiciones:
En el año 2006, a iniciativa de la Red Centroamericana y del Caribe de Microfinanzas (REDCAMIF) se constituyó SICSA, con el objeto social de ofrecer servicios a las redes nacionales de microfinanzas que apoyan a la micro, pequeña y mediana empresa de la región.
El V Plan Director de la Cooperación Española 2018-2021 (V PD) señala que FONPRODE deberá prestar especial atención a las intervenciones en microfinanzas, bancarización de remesas, pequeñas y medianas empresas, economía social, capital riesgo, creación de infraestructuras y Alianzas Público-Privadas para el Desarrollo (APPD). El ámbito geográfico de SICSA es la región Centroamericana y El Caribe. Todos los países en los que se colocarán recursos de esta operación son clasificados en el V PD como Países de Asociación, principalmente actuaciones en Países de Asociación de Renta Media: El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y República Dominicana; aunque también habrá exposición en Países de Cooperación Avanzada: Costa Rica y Panamá.
La operación contribuye al logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y las metas priorizadas por la CE. Destaca la alineación con los ODS 8 (Trabajo Decente y Crecimiento Económico), ODS 1 (Reducción de la pobreza) y ODS 5 (Igualdad de género). La operación apoyaría el sustento 18.459 empleos en la MIPYME de la región, por lo que proporcionalmente, se podría atribuir a FONPRODE durante la vida de la operación (diciembre 2021 - diciembre de 2029) el apoyo de algo más de 16 mil empleos en las MIPYME atendidas con crédito. También contribuirá al ODS 1 y la meta 4 priorizada en el V PD de "acceso a la financiación de todas las personas, incluidas las más vulnerables".
De acuerdo con lo establecido en el Artículo 2.3.g) de la Ley 36/2010, de 22 de octubre, y en el Artículo 16.5 del Reglamento del FONPRODE, esta operación se ha sometido a la valoración de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos con carácter previo a su elevación al Consejo de Ministros.
A la vista de lo anterior, en la XLVII sesión del Comité Ejecutivo del FONPRODE, celebrada el 11 de noviembre de 2021, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 16.6 del Reglamento del FONPRODE, se acordó, a través del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, elevar al Consejo de Ministros la autorización de un préstamo CICSA, con cargo al FONPRODE, por un importe máximo de 3.000.000 de dólares estadounidenses.
El Consejo de Ministros ha aprobado un acuerdo por el que se autoriza la concesión de un préstamo por un importe máximo de 15.000.000 de dólares estadounidenses a Banco Azul de El Salvador S.A., con cargo al Fondo para la Promoción del Desarrollo.
El Fondo para la Promoción del Desarrollo (FONPRODE) se regula por la Ley 36/2010, de 22 octubre, y por el Real Decreto 597/2015, de 3 de julio, por el que se aprueba el Reglamento del FONPRODE. La operación propuesta se enmarca en lo establecido en la Ley 11/2020, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2021 (LPGE) y en la Ley 36/2010, de 22 de octubre.
Mediante este Acuerdo se propone que el Consejo de Ministros autorice la concesión de un préstamo por un importe máximo de 15.000.000 de dólares estadounidenses al Banco Azul de El Salvador S.A., con cargo al Fondo para la Promoción del Desarrollo, para financiar la expansión de su cartera, con las siguientes condiciones:
La entidad Banco Azul tiene su origen en la iniciativa de un grupo de inversores salvadoreños. En septiembre de 2013 recibió la autorización de la Superintendencia del Sistema Financiero de El Salvador y fue constituido como banco. Su objeto social es la intermediación financiera, enfocada a operaciones activas y pasivas, tanto para personas físicas como jurídicas. Su misión es la de contribuir al desarrollo del país a través de la prestación de servicios financieros y atención personalizada. La entidad tiene el objetivo de consolidarse en el sector bancario salvadoreño como una entidad de tamaño medio.
El préstamo a Banco Azul persigue contribuir a aumentar la cartera de crédito dirigida a la pequeña y mediana empresa de todos los sectores productivos de El Salvador, así como a financiar proyectos de energía limpia, contribuyendo de esta manera al desarrollo económico, social y medioambiental del país.
El V Plan Director de la Cooperación Española 2018-2021 señala que FONPRODE prestará especial atención a las intervenciones en microfinanzas, bancarización de remesas, pequeñas y medianas empresas, economía social, capital riesgo, creación de infraestructuras y Alianzas Público-Privadas para el Desarrollo (APPD). Asimismo, incluye a El Salvador entre los países de Asociación de Renta Media, en los que la Cooperación Española (CE) pretende ser un medio para apalancar recursos, entablar relaciones y colaboraciones institucionales y catalizar otras actuaciones. En estos países reviste especial importancia para la CE la cooperación financiera y la financiación combinada; además la cooperación se centrará en la construcción de resiliencia, así como el apoyo en su transición hacia modelos productivos sostenibles.
La operación contribuye al logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y las metas priorizadas por la CE. Destaca la alineación con los ODS 8 (Trabajo Decente y Crecimiento Económico) y ODS 7 (Energía asequible y no contaminante). La operación apoyaría al sustento de más de 45 mil empleos. La contribución atribuida a la financiación del FONPRODE durante la vida del préstamo (2022-2030) contemplaría el sustento de al menos 1.000 puestos de trabajo. Adicionalmente se puede contemplar la contribución al ODS 7 a través de la financiación de proyectos dirigidos a financiar la puesta en marcha de sistemas de eficiencia energética y de gestión sostenible de los recursos.
De acuerdo con lo establecido en el Artículo 2.3.g) de la Ley 36/2010, de 22 de octubre, y en el Artículo 16.5 del Reglamento del FONPRODE, esta operación se ha sometido a la valoración de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos con carácter previo a su elevación al Consejo de Ministros. A la vista de lo anterior, en la XLVII sesión del Comité Ejecutivo del FONPRODE, celebrada el 11 de noviembre de 2021, de acuerdo a lo establecido en el artículo 16.6 del Reglamento del FONPRODE, se acordó, a través del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, elevar al Consejo de Ministros la autorización de un préstamo al Banco Azul de El Salvador S.A. (Banco Azul), de El Salvador, con cargo al FONPRODE, por un importe máximo de 15.000.000 de dólares estadounidenses.
El Consejo de Ministros ha aprobado el acuerdo por el que se autoriza la contribución voluntaria de España al Global Agriculture and Food Security Program (GAFSP), por importe de 5.000.000 de euros.
El Global Agriculture and Food Security Program (GAFSP) nace en 2010 como una de las iniciativas globales del G-20 -en el ámbito de la seguridad alimentaria- para mitigar la crisis mundial de la volatilidad de los precios de los alimentos. Fue impulsado fundamentalmente por Estados Unidos, Canadá, España (94,2 millones de USD aportados, 7º donante en términos acumulados) y la Fundación Gates, y tiene como objetivo mejorar la seguridad alimentaria, la nutrición y los ingresos agroalimentarios de la población más desfavorecida en los países menos desarrollados, siendo elegibles los países IDA.
GAFSP funciona como un Fondo Global, administrado por el Banco Mundial, y hasta la fecha se ha estructurado en dos ventanas, una pública y otra privada, que se combinarán a partir de ahora para optimizar el impacto de los recursos que lo financian en lo que se ha dado en llamar el GAFSP 2.0. El programa trabaja con agentes de los sectores público y privado, con organizaciones de la sociedad civil y con Agencias de Naciones Unidas y Bancos Regionales de Desarrollo, siendo estos últimos las entidades supervisoras de los proyectos. A lo largo de los años, GAFSP ha canalizado más de 1.700 millones de USD para combatir el hambre, la desnutrición y la pobreza en más de 40 países de bajos ingresos.
Actualmente, para minimizar el impacto de la pandemia de COVID-19 en el sistema de seguridad alimentaria, es importante proteger el flujo de alimentos y productos agrícolas en el mundo, garantizar el funcionamiento de las cadenas de suministro, gestionar la escasez de mano de obra y las pérdidas de ingresos, y aumentar el acceso a dietas asequibles y nutritivas.
Con ese objetivo, el Presidente del Gobierno anunció -en el marco del evento Global Goal: Unite for our Future de 27 de junio de 2020- la aportación 10.000.000 de euros al GAFSP, como señal inequívoca del compromiso de nuestro país con el esfuerzo internacional en la lucha contra el COVID-19. La contribución se hará en dos pagos de 5.000.000 de euros cada uno, correspondiendo el primero al año 2021.
El Consejo de Ministros ha aprobado un acuerdo por el que se autoriza la contribución voluntaria de España a la Red de Institutos Nacionales de Cultura de la Unión Europea, por importe de 400.000 euros.
La Red de Institutos Nacionales de Cultura de la Unión Europea (EUNIC) es una red europea de institutos y agencias nacionales de cultura que opera en numerosos países promoviendo la colaboración entre organismos europeos y socios locales y la difusión de la cultura europea. Por parte de España, son miembros de pleno derecho el Instituto Cervantes y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), que se unió a la red en el 2015.
Como miembro de EUNIC, la AECID participa activamente en la red apoyando la colaboración europea en el ámbito de la cultura a través de su red de Centros Culturales Españoles y Misiones Diplomáticas en más de 80 localidades de todo el mundo, y en particular en las zonas de América Latina y África Subsahariana. Asimismo, la AECID también participa en la red EUNIC en el avance de la cultura y el desarrollo sostenible.
En la Asamblea General de EUNIC celebrada en octubre de 2020, el actual Director de Relaciones Culturales y Científicas de la AECID, Guzmán Palacios Fernández, fue elegido, entre sus contrapartes, presidente de EUNIC para el periodo 2021-2022.
Durante la Asamblea General de EUNIC celebrada en Toledo los días 10 y 11 de junio de 2021, la AECID asumió formalmente su presidencia y se celebró una reunión birregional con las contrapartes iberoamericanas de la Red Iberoamericana de Diplomacia Cultural (RIDCULT). A su finalización EUNIC y RIDCULT firmaron una Declaración Conjunta para profundizar el diálogo birregional en materia de cultura y colaborar en la promoción de sus valores compartidos.
Con objeto de lograr este objetivo, la AECID propone realizar una contribución voluntaria a EUNIC por importe de 400.000 euros que se destinarían a la financiación de las iniciativas de EUNIC en el marco de la presidencia de la AECID, entre las que se encuentran el Cluster Fund de EUNIC y un fondo para la profundización del diálogo cultural euro-latinoamericano.
-El Cluster Fund se estableció en 2012 y desde entonces ha financiado 145 proyectos a través de una convocatoria anual abierta a los clústeres EUNIC en todo el mundo. El presupuesto de cada convocatoria se basa en aportaciones voluntarias de las sedes de los miembros de EUNIC. La convocatoria del Cluster Fund de 2021 establece un foco temático en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), de forma que los proyectos que se seleccionan entre los enviados por los clústeres son aquellos que contribuyen, mediante la cultura, a la consecución de los ODS.
EUNIC solicitó el 23 de noviembre de 2021 el pago de 400.000 euros como contribución española a las actividades desarrolladas durante la presidencia de la AECID. La adhesión de España a EUNIC constituye la normativa que ampara la contribución voluntaria española a la EUNIC.
El Consejo de Ministros ha autorizado dos operaciones vinculadas con el Fondo para la Promoción del Desarrollo que tienen como destinataria a la República de Níger.
Por una parte, el acuerdo por el que se autoriza la concesión de un crédito a la República de Níger, con cargo al Fondo para la Promoción del Desarrollo, por un importe máximo de 10.000.000 de euros.
Por otra, el acuerdo por el que se autoriza el pago de hasta 445.000 dólares estadounidenses al Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola, con cargo al Fondo para la Promoción del Desarrollo, por la preparación y supervisión del "Proyecto de refuerzo de la resiliencia de las comunidades rurales a la inseguridad alimentaria y nutricional de Níger (PRECIS)", cofinanciado con el crédito de hasta 10.000.000 de euros concedido por dicho Fondo a la República de Níger.
El Fondo para la Promoción del Desarrollo (FONPRODE) se regula por la Ley 36/2010, de 22 octubre, y por el Real Decreto 597/2015, de 3 de julio, por el que se aprueba el Reglamento del FONPRODE.
Las operaciones propuestas por estos Acuerdos se enmarcan en lo establecido en el Artículo 53 de la Ley 11/2020, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2021 (LPGE) y en los Artículos 2.3.e) y 2.4 de la citada Ley 36/2010.
En el primero de estos Acuerdos se propone la concesión de un crédito a la República de Níger para la financiación del "Proyecto de refuerzo de la resiliencia de las comunidades rurales a la inseguridad alimentaria y nutricional de Níger (PRECIS)", con las siguientes condiciones:
En el segundo de estos Acuerdos, según lo establecido en el Artículo 2.4 de la Ley 36/2010, de 22 de octubre, y con lo recogido en el "Acuerdo Marco de Cofinanciación entre el Reino de España y FIDA", firmado el 22 de septiembre de 2020, para operaciones de cofinanciación conjunta con garantía soberana en países en desarrollo de interés común, FONPRODE abonará al FIDA una tasa por los costes de preparación y supervisión del Proyecto hasta un máximo de 445.000 dólares estadounidenses.
En la XLVI sesión del Comité Ejecutivo del FONPRODE, celebrada el 27 de mayo de 2021, se acordó, conforme a lo establecido en el artículo 7.2.c) del Reglamento del FONPRODE, elevar al Consejo de Ministros, la autorización de un crédito a la República de Níger con cargo al FONPRODE, por un importe máximo de 10.000.000 de euros y la autorización para el pago de hasta 445.000 dólares estadounidenses al FIDA, con cargo al FONPRODE, por las labores de preparación y supervisión del "Proyecto de refuerzo de la resiliencia de las comunidades rurales a la inseguridad alimentaria y nutricional de Níger (PRECIS)".
El Consejo de Ministros ha aprobado el acuerdo por el que se prorrogan las medidas contenidas en los Artículos 11 y 15 del Real Decreto-ley 38/2020, de 29 de diciembre, por el que se adoptan medidas de adaptación a la situación de Estado Tercero del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte tras la finalización del periodo transitorio previsto en el Acuerdo sobre la retirada del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte de la Unión Europea y de la Comunidad Europea de la Energía Atómica, de 31 de enero de 2020.
El 31 de enero de 2020 el Reino Unido dejó de ser Estado miembro de la UE y pasó a tener la consideración de tercer país, tras la ratificación del Acuerdo sobre la Retirada del Reino Unido de la Unión Europea y de la Comunidad Europea de la Energía Atómica (Acuerdo de Retirada), que preveía un período transitorio desde su entrada en vigor hasta el 31 de diciembre de 2020.
Por ello, España aprobó el Real Decreto-ley 38/2020, de 29 de diciembre, por el que se adoptan medidas de adaptación a la situación de Estado tercero del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, tras la finalización del período transitorio previsto en el Acuerdo sobre la retirada del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte de la Unión Europea y de la Comunidad Europea de la Energía Atómica, de 31 de enero de 2020.
El Real Decreto-ley 38/2020 determina en su Artículo 2 que las medidas previstas en el mismo, sujetas a un plazo de vigencia, dejarán de estar en vigor por el mero transcurso de dicho plazo, salvo que el Gobierno, mediante acuerdo, proceda a prorrogarlo. En virtud de dicho artículo, mediante Acuerdo de Consejo de Ministros de 22 de junio de 2021, algunas de esas medidas, que estaban próximas a expirar su vigencia el 30 de junio de 2021, fueron prorrogadas por un plazo adicional de cuatro meses. Posteriormente, mediante Acuerdo de Consejo de Ministros del pasado 26 de octubre de 2021, se estableció una nueva prórroga de las medidas previstas en los Artículos 11, 12 y 15 por un plazo adicional de dos meses, hasta el próximo 31 de diciembre de 2021.
Próxima a expirar la vigencia de dicha prórroga el próximo 31 de diciembre de 2021, se considera necesario prorrogar por un plazo adicional de seis meses, hasta el 30 de junio de 2022, la vigencia de los plazos previstos en los Artículos 11 y 15 del Real Decreto-ley 38/2020. En consecuencia, mediante este Acuerdo se prorrogan las siguientes medidas recogidas en el Real Decreto-ley 38/2020:
No obstante, estas medidas dejarán de aplicarse si, con anterioridad a la fecha de finalización de su vigencia, entrase en vigor un acuerdo de la Unión Europea con el Reino Unido sobre Gibraltar que incluya el acceso a la asistencia sanitaria dentro de su ámbito de aplicación material.
Transcurrido dicho plazo, será de aplicación el régimen previsto en el Artículo 15.2, que establece que el régimen de los permisos de conducción expedidos por las autoridades británicas será el previsto para los permisos expedidos en terceros países, en los términos regulados en la normativa vigente en materia de tráfico.
Se ha solicitado por parte del MPCM la conformidad del MAUC a este asunto, con fecha 21 de diciembre de 2021. Se ha enviado la conformidad de este MAUC el 22 de diciembre.
El Consejo de Ministros ha autorizado dos operaciones vinculadas con el Fondo para la Promoción del Desarrollo que tienen como destinatario a la República Dominicana.
Por un lado, el acuerdo por el que se autoriza la concesión de un crédito a la República Dominicana, con cargo al Fondo para la Promoción del Desarrollo, por un importe máximo de 20.000.000 de dólares estadounidenses.
Por otro, el acuerdo por el que se autoriza el pago de hasta 445.000 dólares estadounidenses al Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola, con cargo al Fondo para la Promoción del Desarrollo, por la preparación y supervisión del "Proyecto de inclusión productiva y resiliente de familias rurales - PRORURAL inclusivo", cofinanciado con el crédito de hasta 20.000.000 de dólares estadounidenses concedido por dicho Fondo a la República Dominicana.
El Fondo para la Promoción del Desarrollo (FONPRODE) se regula por la Ley 36/2010, de 22 octubre, y por el Real Decreto 597/2015, de 3 de julio, por el que se aprueba el Reglamento del FONPRODE. Las operaciones propuestas por estos Acuerdos se enmarcan en lo establecido en el Artículo 53 de la Ley 11/2020, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2021 (LPGE) y en los Artículos 2.3.e) y 2.4 de la citada Ley 36/2010 .
En el primero de estos Acuerdos se propone la concesión de un crédito a la Republica Dominicana para la financiación del "Proyecto de inclusión productiva y resiliente de familias rurales-PRORURAL inclusivo", con las siguientes condiciones:
En el segundo de estos Acuerdos, según lo establecido en el Artículo 2.4 de la Ley 36/2010, de 22 de octubre, y con lo recogido en el "Acuerdo Marco de Cofinanciación entre el Reino de España y FIDA", firmado el 22 de septiembre de 2020, para operaciones de cofinanciación conjunta con garantía soberana en países en desarrollo de interés común, FONPRODE abonará al FIDA una tasa por los costes de preparación y supervisión del Proyecto hasta un máximo de 445.000 dólares estadounidenses.
En la XLVII sesión del Comité Ejecutivo del FONPRODE, celebrada el 11 de noviembre de 2021, se acordó, conforme a lo establecido en el Artículo 7.2.c) del Reglamento del FONPRODE, elevar al Consejo de Ministros, la autorización de un crédito a la República Dominicana con cargo al FONPRODE, por un importe máximo de 20.000.000 de dólares estadounidenses y la autorización para el pago de hasta 445.000 dólares estadounidenses al FIDA, con cargo al FONPRODE, por las labores de preparación y supervisión del "PROMOGED-Proyecto de inclusión productiva y resiliente de familias rurales-PRORURAL inclusivo".
El Consejo de Ministros ha aprobado el acuerdo por el que se autoriza la contribución voluntaria de España a Unitaid, por importe de 2.000.000 de euros.
La contribución propuesta se destina a Unitaid, un servicio internacional de adquisición de medicamentos creado por acuerdo entre la Organización Mundial de la Salud (OMS) y varios estados, con el objeto de agilizar el acceso a los métodos de diagnóstico y a los medicamentos de alta calidad en la lucha contra el VIH/SIDA, la tuberculosis y la malaria en los países en desarrollo más afectados.
La OMS es la organización anfitriona de Unitaid y pone a su disposición su Secretaría, el Fondo Fiduciario, apoyo administrativo y fiduciario y las instalaciones pertinentes para el adecuado desarrollo de su labor.
España se adhirió al memorando de entendimiento entre la República Federativa del Brasil, la República Francesa, la República de Chile, el Reino de Noruega, el Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte y la Organización Mundial de la Salud el 8 de mayo de 2007, siendo el único país junto a Corea de Sur que, aparte de los cinco fundadores, tiene derecho a designar a un miembro del Consejo de Administración.
Actualmente nos encontramos en un momento de urgencia y crisis sanitaria ocasionado por la pandemia de COVID-19. En este contexto se ha desarrollado la iniciativa para acelerar el Acceso a las herramientas contra la COVID-19 (ACT-A por sus siglas en inglés), entre cuyos países fundadores se encuentra España. Se trata de un marco de colaboración a nivel internacional que reúne a gobiernos, organizaciones sanitarias, científicos, empresas, organizaciones de la sociedad civil y filántropos, y cuyo objetivo es acelerar el desarrollo y la producción de pruebas, tratamientos y vacunas contra la COVID-19 y el acceso equitativo a los mismos, así como fortalecer los sistemas nacionales de salud para que puedan aplicar los productos desarrollados. ACT-A en su conjunto está enmarcado en el Plan de la Organización Mundial de la Salud (OMS).
Uno de los pilares en los que se estructura dicho Plan es el pilar de tratamientos, liderado por Unitaid, y cuyo propósito es avanzar en la investigación de tratamientos eficaces y apoyar a los países para optimizar la atención clínica.
El Presidente del Gobierno anunció, durante su intervención en la 76 Asamblea General de Naciones Unidas en septiembre de 2021, el respaldo de España a Unitaid con una contribución de 2 millones de euros como señal del compromiso inequívoco de nuestro país con el esfuerzo internacional en la lucha contra el Covid-19, reforzando el papel del pilar de tratamientos dentro del ACT-A.
El Consejo de Ministros ha aprobado un Acuerdo por el que se autoriza una transferencia de crédito desde el presupuesto del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital al Ministerio de Cultura y Deporte para actuaciones de impulso del sector audiovisual por importe de 9 millones de euros, en el marco del Componente 25, Inversión 1, del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
La Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales ha incoado expediente de transferencia de crédito, por importe de 9 millones de euros, al Ministerio de Cultura y Deporte, con repercusión en el Instituto de Cinematografía y Artes Audiovisuales (ICAA).
Tal expediente tiene como finalidad impulsar la industria audiovisual española, incrementar la competitividad del sector, favorecer su desarrollo al ritmo que marca el crecimiento global y, así, posicionarse como un Hub internacional de producción de contenidos audiovisuales. En concreto, el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) incluye en el Componente 25, Inversión 1, el denominado 'Hub Audiovisual. Plan de Impulso al Sector Audiovisual', Plan que, además, es uno de los ejes de la Agencia España Digital 2025.
En la puesta en marcha de este Plan participan el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital y el Ministerio de Cultura y Deporte, a través del Instituto de Cinematografía y de Artes Audiovisuales mediante una inversión de 100 millones de euros en ambos casos.
En los Presupuestos Generales del Estado de 2021 se aprobó una dotación de 109 millones de euros al Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital para la ejecución del Componente 25 y, en el PRTR se le asignan 100 millones de euros en 2021 por este concepto, mientras que los 9 millones restantes deberán ser ejecutados por el Ministerio de Cultura y Deporte.
De ahí que sea necesaria la transferencia de crédito que se aprueba hoy en Consejo de Ministros por importe de 9 millones desde la aplicación 'Hub audiovisual. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia' a la aplicación 'Al Instituto de Cinematografía y de Artes Audiovisuales. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia', con el correspondiente incremento en el presupuesto de ingresos y de gastos del citado Instituto.
El Consejo de Ministros ha aprobado un acuerdo por el que se autorizan límites de gasto, con cargo a ejercicios futuros, según lo establecido en el artículo 47 de la Ley General Presupuestaria, para que Umivale, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social número 15 pueda contratar, tramitar de forma anticipada y prorrogar diversos expedientes con objeto de mantener la prestación del servicio o suministro necesario para la gestión de las competencias que tiene encomendadas.
Umivale, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 15, es una entidad colaboradora con la Seguridad Social con personalidad jurídica propia que tiene atribuidas, entre otras funciones, la gestión de las prestaciones de la Seguridad Social previstas en el artículo 80.2 del Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social.
En el ejercicio de tales funciones, con el objeto de mantener la prestación del servicio o suministro necesario para la gestión de las competencias que tienen encomendadas, resulta necesario tramitar expedientes antes de finalizar el ejercicio 2021 que considera imprescindibles para la consecución de sus fines y cuyos compromisos de gastos plurianuales superarán los límites establecidos en la Ley General Presupuestaria.
En concreto, se autoriza la modificación de los límites establecidos para adquirir compromisos de gastos durante 2021 con cargo al crédito del Capítulo II 'Gastos corrientes en bienes y servicios' de los Grupos de Programas 21 'Atención primaria de salud', 22 'Atención especializada' y 45 'Administración y servicios generales de tesorería y otros servicios funcionales comunes', para posibilitar la contratación, la tramitación anticipada y la prórroga de diversos expedientes con objeto de mantener la prestación del servicio.
Los expedientes tramitados hasta la fecha e imputados al Capítulo II del Grupo de los diversos programas se prolongarán hasta 2024 o 2025.
El Presupuesto para 2021 del Capítulo II, a nivel de vinculación, de los Grupos de Programas 21 'Atención primaria de salud', 22 'Atención especializada' y 45 'Administración y servicios generales de tesorería y otros servicios funcionales comunes' es de 19.089.750 euros, 3.461.020 euros y 2.935.080 euros, respectivamente.
Otro acuerdo
Asimismo, el Consejo de Ministros ha aprobado otro acuerdo, por el que se autorizan límites para adquirir durante 2021 compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros en aplicación de lo dispuesto en la Ley General Presupuestaria, para posibilitar a Umivale la tramitación anticipada y la prórroga de diversos expedientes de Capítulo VI 'Inversiones reales'.
Los expedientes tramitados hasta la fecha e imputados al Capítulo VI del Grupo de Programas 21 del Presupuesto de Gastos de la Mutua Colaboradora correspondientes a los ejercicios 2022 y 2023, sumados a los nuevos compromisos, presentarían los siguientes porcentajes sobre dicho crédito inicial:
Nivel de VinculaciónGP 21 Capítulo VI | Comprometido hasta la fecha | Nuevos compromisos | Total Comprometido | Porcentaje resultante |
---|---|---|---|---|
Ejercicio 2022 | 499.696,54 € | 1.928.880,43 € | 2.428.576,97 € | 119,12% |
Ejercicio 2023 | 0,00 € | 40.107,43 € | 40.107,43 € | 1,97%(*) |
El Presupuesto para 2021 del Capítulo VI 'Inversiones reales' del Grupo de Programas 21 'Atención primaria de salud', a nivel de vinculación, es de 2.038.790 euros.
El Consejo de Ministros ha aprobado un Acuerdo por el que se modifican los límites para adquirir compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros, según lo establecido en el artículo 47 de la Ley General Presupuestaria, con la finalidad de posibilitar al Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial Esteban Terradas, O.A (INTA), llevar a cabo los siguientes proyectos durante el ejercicio 2022:
Para la puesta en marcha de este nuevo proyecto, que comenzará el 1 de enero de 2022, el INTA precisa del apoyo de una Oficina de Gestión integral de Proyectos (PMO). Al carecer de suficientes medios técnicos resulta necesaria la tramitación de un encargo a ISDEFE, sociedad que tiene la consideración de medio propio y servicio técnico de la Administración General del Estado y de los entes, entidades y organismos dependientes de ella. El coste correspondiente al ejercicio 2022 se eleva a 371.496,21 euros.
El Consejo de Ministros ha aprobado el nuevo ciclo de revisión del gasto público 2022-2026 y ha formalizado la fase I del mismo ciclo.
En concreto, el Gobierno, previa consulta con la AIReF, ha aprobado un nuevo marco plurianual (2022-2026) del proceso de revisión del gasto público ('Spending Review'), lo que da respuesta al hito 400 del Anexo de la Decisión de Ejecución del Consejo del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR).
Este nuevo ciclo de revisión del gasto público se llevará a cabo por áreas específicas de gasto y por fases. En concreto, el Ministerio de Hacienda y Función Pública ha identificado las siguientes áreas para ser analizadas en este nuevo ciclo plurianual:
Primera fase del nuevo ciclo de evaluación del gasto público
En virtud del mismo Acuerdo, el Consejo de Ministros ha formalizado la primera fase de este nuevo ciclo de 'Spending Review', determinado por las dos primeras áreas de análisis.
En primer lugar, se realizará la evaluación de los instrumentos financieros del sector público de apoyo a los sectores productivos. Se trata de medidas en el ámbito económico que han buscado proteger y dar soporte al tejido productivo, minimizar el impacto derivado de la crisis ocasionada por la COVID-19 y que la recuperación de la actividad se produjera lo antes posible. La evaluación de estos instrumentos contribuirá a reforzar su papel de apoyo a sectores clave de la economía. Esta fase complementará el estudio ya iniciado por la AIReF correspondiente a la tercera fase del primer ciclo del proceso de revisión del gasto de las administraciones públicas.
El segundo ámbito de revisión que será objeto de análisis en la primera fase se refiere al gasto derivado de la asistencia del mutualismo administrativo. Las mutualidades de funcionarios, en su calidad de gestoras del citado Régimen Especial de la Seguridad Social, prestan a sus mutualistas y beneficiarios, entre otros servicios, la asistencia sanitaria, conforme a lo establecido en sus leyes reguladoras aprobadas por el Real Decreto Legislativo 4/2000, de 23 de junio.
Los trabajos correspondientes a la primera fase del 'Spending Review' se iniciarán en el ejercicio 2022. La AIReF deberá elaborar y presentar en el plazo de tres meses un Plan de Acción que concrete, entre otros, la metodología a emplear y un calendario de actuaciones. Una vez que el Ministerio de Hacienda y Función Pública apruebe ese Plan, la AIReF deberá presentar los resultados del estudio en un plazo máximo de doce meses.
Primer ciclo del 'Spending Review'
El primer ciclo del proceso de revisión del gasto público, también llamado 'Spending Review', se inició en 2017 y se llevó a cabo por áreas específicas de gasto y por fases.
La primera fase de análisis encargada a la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) se centró en las subvenciones públicas.
Posteriormente, en la segunda fase, se revisaron cuatro áreas de gasto: beneficios fiscales, gasto hospitalario del Sistema Nacional de Salud, incentivos a la contratación e infraestructuras de transporte del conjunto de Administraciones Públicas.
Finalmente, en 2021 se ha formalizado la tercera y última fase centrada en la revisión de los instrumentos de financiación del sector público para el apoyo a los sectores productivos de la economía española y de la gestión de los residuos urbanos. Con el mencionado estudio de la tercera fase se cierra el primer ciclo plurianual de revisión del gasto de las Administraciones Públicas, cuyos resultados se esperan para el primer semestre de 2023.
Compromiso del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia
El compromiso del Gobierno con la transparencia, la mejora de la calidad del gasto público y el refuerzo de la estabilidad presupuestaria y la sostenibilidad de las finanzas públicas sigue vigente, como refleja el inicio de este nuevo ciclo y tal y como queda también recogido en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR). En concreto, su componente 29 está dedicado a la mejora de la eficacia del gasto público. Dentro de él, se enmarca la reforma 1 'Proceso de revisión y evaluación del gasto público'. Esta reforma tiene como objetivo mejorar la calidad del gasto público, en particular revisando su composición y reorientando su uso, para favorecer el crecimiento económico y la creación de empleo y, en última instancia, asegurar la estabilidad presupuestaria y reafirmar la sostenibilidad de la deuda pública a medio plazo.
El Consejo de Ministros ha autorizado la concesión de una nueva operación de respaldo público temporal, por un importe de 30 millones de euros, solicitada por el Grupo Soho Boutique Hoteles, empresa turística que gestiona 28 establecimientos hoteleros.
Esta autorización se produce después de que el Consejo Gestor del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas haya aprobado dicho apoyo financiero. Esta ayuda se canalizará a través de un préstamo participativo por importe de 24 millones y un préstamo ordinario de 6 millones.
La operación ha sido aprobada tras un exhaustivo y riguroso proceso de análisis de la situación económica y jurídica de la empresa, del impacto que ha sufrido por la COVID-19, del plan de viabilidad que ha presentado el Grupo Soho, así como de las perspectivas de evolución y de las garantías aportadas para asegurar la devolución del apoyo financiero público temporal que va a recibir.
La ayuda procede del citado Fondo de Apoyo, dotado con 10.000 millones de euros. Este mecanismo fue aprobado por el Gobierno en julio de 2020 con el objetivo de aportar apoyo público temporal para reforzar la solvencia de empresas no financieras afectadas por la pandemia de la COVID-19 que sean consideradas estratégicas para el tejido productivo nacional o regional. La prórroga acordada por la Comisión Europea amplía el campo de aplicación del Marco Temporal de ayudas estatales hasta el 30 de junio de 2022.
Referente nacional y presencia internacional
La cadena abrió su primer establecimiento en Málaga, en 2014. Seis años más tarde, en 2020, Soho Boutique ocupaba el puesto número 16 de grandes hoteleras españolas, dando empleo a 600 personas. Sin embargo, la crisis pandémica le obligó a posponer su plan de expansión en EEUU y México, y concentrar sus esfuerzos en el mercado nacional.
La compañía abarca una amplia distribución geográfica, con hoteles en Málaga, Sevilla, Córdoba, Cádiz, Madrid, Cáceres, Salamanca, Asturias y Valencia.
Grupo Soho Boutique Hoteles es una empresa comprometida con el medio ambiente. Durante el periodo de financiación del Fondo de Solvencia, el grupo tiene como objetivo aplicar medidas de eficiencia energética que le reportarán un ahorro del 17,54% del consumo. Además, su plan de transición ecológica contempla también la instalación de placas fotovoltaicas, sistemas de aerotermia y su inscripción en el Registro de Huella de Carbono, entre otros.
Esta nueva operación del Fondo de Apoyo a la Solvencia Empresarial se eleva al Consejo de Ministros para su autorización, y se sumaría así a las ya autorizadas para Air Europa, Ávoris Corporación Empresarial, Plus Ultra Líneas Aéreas, Duro Felguera, Tubos Reunidos, Rugui Steel, Hotusa, Grupo Airtificial, Grupo Serhs, Reinosa Forgings & Castings y Grupo Losán.
Las operaciones de apoyo público temporal aprobadas suponen una cuantía total de 1.506,83 millones de euros, lo que equivale a un 28% del total solicitado, que asciende a 5.345 millones.
De las 12 empresas y grupos empresariales beneficiarios, seis pertenecen al sector turístico y seis al sector industrial. A 31 de diciembre de 2019 generaban 24.777 empleos directos.
El Consejo de Ministros ha aprobado un acuerdo por el que se modifican los límites de gasto, con cargo a ejercicios futuros, según lo establecido en el artículo 47 de la Ley General Presupuestaria, para que el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación lleve a cabo obras de remodelación y acondicionamiento de la sede de la representación permanente de España ante la UE, en Bruselas.
La Representación Permanente de España ante la Unión Europea en Bruselas (en adelante REPER-UE) tiene su sede administrativa en el denominado complejo España, compuesto por 4 edificios adyacentes.
Teniendo en cuenta que durante el segundo semestre de 2023 España ostentará la Presidencia del Consejo de la Unión Europea, resulta imprescindible la remodelación de dichos espacios, en concreto de varias plantas del edificio Ducale, ampliando y acondicionando las mismas, lo que permitirá mejorar su distribución y funcionalidad.
De acuerdo con el proyecto realizado, el correspondiente expediente de obras tendrá un coste estimado que asciende a 472.679,5 euros, con una ejecución prevista de entre cinco y seis meses a lo largo del año 2022, si bien pretende iniciarse de forma anticipada en el presente ejercicio.
Por otra parte, y en previsión del incremento de personal, reuniones, actividades protocolarias y de representación que se producirá durante la preparación y desarrollo de la mencionada presidencia española del Consejo de la Unión Europea, se ha iniciado otro expediente para la reforma de los accesos y otras zonas comunes de sus instalaciones con la finalidad de adecuarlos a las necesidades actuales y futuras, con un presupuesto base de licitación para la contratación de la asistencia técnica para la elaboración del proyecto, dirección y ejecución de las obras por un importe de 65.000 euros (exento de IVA), repartido en tres anualidades, con los importes que se detallan:
Ejercicio | Porcentaje | Importe anual |
---|---|---|
2021 | 50% | 32.250,00 |
2022 | 45% | 29.250,00 |
2023 | 5% | 3.250,00 |
Total | 100% | 65.000,00 |
El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto-ley que modifica el Régimen Económico y Fiscal (REF) de Canarias para adecuarlo al Mapa de Ayudas de Finalidad Regional.
España notificó a la Comisión Europea el pasado 1 de diciembre de 2021 su Mapa de Ayudas de Finalidad Regional para el período 2022-2027, por lo que es necesario modificar varias referencias temporales contenidas en la Ley 19/1994, de 6 de julio, de modificación del Régimen Económico y Fiscal de Canarias, de modo que las referencias legales tengan el mismo alcance temporal que el periodo de vigencia de la normativa comunitaria.
Asimismo, se extiende la vigencia de la Zona Especial Canaria (ZEC) hasta el nuevo término del período de vigencia del Mapa de Ayudas Regionales.
Con dicha modificación se pretende eliminar la inseguridad jurídica que podría generar en los operadores económicos el mantenimiento de los plazos mencionados en la actual redacción legal.
El Consejo de Ministros ha autorizado al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) a licitar, a través de Adif, un contrato para realizar labores de mejora y mantenimiento en los edificios, dependencias e instalaciones ligados a las labores de conservación y mantenimiento de la red ferroviaria.
El contrato, que tiene un valor de 19.768.800,00 euros (sin IVA) y un periodo de 24 meses, comprende el total de 1.260 dependencias y edificios vinculados a la actividad de conservación con que cuenta Adif, repartidos por toda la red, de los que 561 corresponden a la red de alta velocidad.
Esta actuación se licita estructurada en siete lotes. Seis de ellos abarcan las dependencias vinculadas a los trabajos de conservación de la red ferroviaria convencional y de la red de ancho métrico, agrupadas en función de su distinta ubicación geográfica.
De su lado, el séptimo lote incluye todos los edificios e instalaciones asociados a las labores de conservación y mantenimiento de la red de alta velocidad.
Optimización de las instalaciones
El contrato contempla la realización de obras y trabajos para la optimización de estas instalaciones, así como el mantenimiento de todas ellas. El objetivo es garantizar su plena disponibilidad para acometer los trabajos de conservación y mantenimiento de la red ferroviaria en las mejores condiciones de calidad y fiabilidad.
El alcance del contrato comprende, asimismo, todos los elementos constructivos e instalaciones y dotaciones de los distintos edificios, locales, edificios auxiliares y de las parcelas o espacios exteriores propios que dispongan los mismos. Además, incluye la resolución o reparación de eventuales incidencias o averías en los plazos que se indiquen.
Este contrato contribuye a la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), como es el número 9, que tiene entre sus metas el fomento de infraestructuras sostenibles, fiables y de calidad.
El Consejo de Ministros ha autorizado la suscripción de un convenio entre el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) y la Diputación Foral de Araba para la financiación y ejecución de obras de ampliación de capacidad de los ramales de acceso, en ambos sentidos, de la conexión de la actual AP-1 con la A-1 en el enlace de Armiñón.
El 30 de noviembre de 2018 la autopista AP-1 Burgos-Armiñón quedó libre de peaje. Además, mediante Real Decreto 1414/2018 (BOE de 5 de diciembre de 2018) se traspasó la titularidad del tramo de AP-1 entre el límite provincial de Burgos (P.K. 77,2) y el enlace de Armiñón (P.K. 83,2) a la Comunidad Autónoma del País Vasco, siendo las competencias en materia viaria en este caso asumidas por la Diputación Foral de Araba, de acuerdo al Estatuto de Autonomía del País Vasco.
La Comisión Mixta de Transferencias Estado-País Vasco de 26 de noviembre de 2018 acordó que las actuaciones tendentes a ampliar la capacidad del enlace de conexión entre la A-1 y la AP-1 en Armiñón (Araba) se acordarían mediante un convenio, que hoy autoriza el Consejo de Ministros, asumiendo su financiación la Administración del Estado.
Características técnicas
La liberación del pago del peaje en la AP-1 hace precisa la mejora de las condiciones de seguridad vial y de comodidad a los usuarios del actual enlace de Armiñón, que supone el punto de conexión entre la hasta ahora AP-1 y la A-1 (autovía de Vitoria-Gasteiz).
Las actuaciones contemplarán la ampliación de capacidad de los ramales de acceso en ambos sentidos de circulación de la conexión de la actual AP-1 con la A-1 en el enlace de Armiñón, incluyendo una bifurcación en el sentido Irun-Madrid y una confluencia en el sentido Madrid-Irun, todo ello con el objetivo mantener unas adecuadas condiciones de vialidad en todo el corredor de la AP-1 que da soporte al tráfico de largo recorrido tanto nacional como internacional, corredor que forma parte de los itinerarios E-5 y E-80 de la Red Transeuropea de carreteras.
El importe estimado de las actuaciones, que serán financiadas por Mitma, es de 16 millones de euros.
El Consejo de Ministros ha autorizado al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) a licitar el contrato de obras para la ejecución del proyecto de "Remodelación del enlace entre la Autovía del Mediterráneo (E-15/A-7) y la Autovía A 92 en Viator", provincia de Almería, con un valor estimado de 32,84 millones de euros.
El enlace actual entre las autovías E-15/A-7 y A-92 se configura mediante una tipología de diamante con glorieta inferior, existiendo como único movimiento directo el Granada-Málaga, mediante un ramal segregado. En dicha glorieta conectan la carretera A-1000 de la Junta de Andalucía, el acceso a la Base Militar La Legión y la autovía A-92 con dirección a Granada.
El nudo presenta actualmente perturbaciones en su funcionamiento, ocasionando en horas punta la formación de largas colas de espera en el tronco de la A-7, principalmente en el movimiento Almería - Granada y, en menor medida, en el movimiento Murcia-Granada.
La actuación mejorará la capacidad del nudo al resolver los movimientos entre las Autovías A-7 y A-92, con origen-destino Almería, Murcia y Granada mediante ramales directos, que tendrán una longitud total conjunta de 4,96 km, dotándolo de una mayor capacidad y mejorando su nivel de servicio. Asimismo, se rediseñan los cuatro ramales del enlace actual, adaptándolos a la nueva situación, definiendo los movimientos de la A-7 y A-92 con Viator (Carretera A-1000).
Un aspecto importante de estas obras es la ejecución de estructuras, habiéndose proyectado:
Seis pasos superiores de carreteras.Seis pasos superiores de carretera.
Un paso inferior de camino.Un paso inferior de camino.
Cuatro pasos inferiores tipo bóveda.Cuatro pasos inferiores tipo bóveda.
Cuatro muros de hormigón.Cuatro muros de hormigón.
Un muro de suelo reforzado.Un muro de suelo reforzado.
Así mismo, se han incluido todas las actuaciones ambientales establecidas en la Declaración de Impacto Ambiental, entre las que destacan el jalonamiento perimetral, barreras de retención de sedimentos, medidas de defensa contra la erosión, un programa específico de localización, trasplante y repoblación de la especie Thimus Hyemalis (Tomillo Salsero) y la integración paisajística de la obra, así como barreras acústicas para reducir las afecciones.
Esta actuación incidirá en una mejora de la seguridad vial de las carreteras de la Red de Carreteras del Estado en la provincia de Almería.
El Consejo de Ministros ha aprobado la creación de un nuevo curso de especialización en materiales compuestos en la industria aeroespacial. Continúa así la mejora de la oferta formativa vinculada al proceso de modernización de la Formación Profesional que está llevando a cabo el Gobierno.
Este curso, el decimosexto diseñado por el MEFP, se centra en la fabricación de piezas y elementos de estructuras aeroespaciales, manualmente o en cadenas de producción, así como controlar los procesos implicados, verificar los resultados obtenidos, realizar el mantenimiento avanzado, la preparación y puesta a punto de la instalación, maquinaria y utillajes.
La duración será de 600 horas y se podrá acceder a él siendo titulado superior en Programación de la Producción en Fabricación Mecánica; Sistemas Electrotécnicos y Automatizados; Programación de la Producción en Moldeo de Metales y Polímeros; Mecatrónica Industrial; y Automatización y Robótica Industrial.
Los cursos de especialización complementan las competencias de aquellos que ya disponen de un título de formación profesional y facilitan, además, el aprendizaje a lo largo de la vida. Se trata de formaciones desarrolladas por el Ministerio de Educación y Formación Profesional en colaboración con empresas punteras de los sectores implicados, que responden de forma rápida a las innovaciones que se producen en el sistema productivo y tienen, por tanto, una alta empleabilidad.
La aprobación de esta titulación se enmarca en la ampliación del catálogo de títulos y la agilización de su publicación para dar respuesta a las necesidades de cualificación de cada sector productivo, uno de los pilares del Plan de Modernización de la Formación Profesional que desarrolla el Gobierno desde 2018.
Este plan se complementa con la Ley de Ordenación e Integración de la Formación Profesional, que recibió luz verde en el Congreso de los Diputados el pasado 16 de diciembre y cuya aprobación definitiva está prevista para el primer trimestre de 2022. La ley culminará la transformación y modernización de la Formación Profesional para ponerla al servicio de los estudiantes y de los trabajadores.
El Consejo de Ministros ha autorizado la concesión de un crédito reembolsable en condiciones concesionales OCDE con cargo al Fondo para la internacionalización de la empresa, (FIEM) a la National Authority for Tunnels (NAT) en Egipto, para financiar el proyecto de modernización de material rodante para la Línea 1 de Metro de El Cairo por importe de hasta 159 M€.
El objeto del contrato es la modernización del material rodante de la línea 1 del Metro de El Cairo, con el objetivo de extender 20 años la vida útil de las 23 unidades de tren.
El importe asciende a 185M€, de los cuales el 71,7% corresponde a bienes y servicios españoles, un 14,2% a bienes y servicios de terceros países y el 14,1% restante gasto local en destino.
El comprador es la National Authority for Tunnels (NAT), una agencia gubernamental bajo la jurisdicción del Mº de Transporte de Egipto, creada para la ejecución de proyectos de líneas de metro en el país. El exportador, Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles, S.A.(CAF) es un grupo multinacional con más de 100 años de experiencia que cuenta con notable presencia en el mercado internacional y con gran foco en Europa. El Grupo dispone de plantas productivas en países como España, Polonia, Reino Unido, Francia, Estados Unidos, México y Brasil.
El Consejo de Ministros ha autorizado la suscripción de una quinta adenda al convenio entre Ministerio de Industria, Energía y Turismo y la UTE INDRA SISTEMAS S.A. - SANTA BARBARA SISTEMAS S.A. - SAPA OPERACIONES S.L. (UTE VCR 8X8) relativo a los Programas Tecnológicos asociados al futuro vehículo de combate sobre ruedas 8x8.
La quinta Adenda contempla que la devolución al Tesoro Público del importe de la financiación aportada a la UTE VCR 8x8 en el marco del Convenio (91.969.680€) será efectuada en una anualidad única en el ejercicio 2023 y no supone ningún incremento de gasto sobre el anteriormente autorizado para este programa.
El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto que modifica otros tres de diciembre de 2014 sobre la aplicación de la Política Agraria Común (PAC), que incorpora los cambios necesarios para adaptar la normativa nacional a ciertas actualizaciones legislativas de la Unión Europea (UE). Estas modificaciones permitirán que los agricultores y ganaderos españoles puedan percibir más de 7.425 millones de euros en ayudas en el año 2022, último ejercicio de transición entre el anterior marco (2014-2020) y la entrada en vigor de la nueva PAC, el 1 de enero de 2023.
La nueva norma modifica los Reales Decretos 1075/2014, 1076/2014 y 1078/2014, todos ellos de 19 de diciembre que, además de actualizar la nueva reglamentación de la UE, incorpora algunos ajustes técnicos derivados de la experiencia de gestión de la PAC en años anteriores. Los 7.425 millones previstos en 2022 incluyen tanto el Fondo Europea Agrícola de Garantía Agraria (FEAGA), del que proceden las ayudas directas, como del Fondo Europeo de Desarrollo Rural (Feader), que financia las actuaciones del llamado segundo pilar de la PAC. La campaña de solicitud de las ayudas se iniciará el 1 de febrero.
Las principales modificaciones del Real Decreto 1075/2014 se refieren a la definición de "coeficiente de admisibilidad de pastos" para permitir que las comunidades autónomas puedan establecer en su normativa un valor mínimo de coeficiente por debajo del cual dicha superficie no se considerará subvencionable. Así mismo, se modifican las ayudas asociadas ganaderas aclarando, para el caso de quienes comienzan su actividad, el procedimiento de cómputo de animales elegibles, de tal manera que la autoridad competente pueda aplicar la opción más beneficiosa para estos solicitantes.
Igualmente, se simplifica la gestión para los consejos reguladores o entidades acreditativas de denominaciones de calidad para las legumbres, que no tendrán que remitir anualmente el NIF de los agricultores inscritos o en trámite de inscripción, ni la superficie registrada por cada uno de ellos cuando las autoridades competentes ya dispongan de esta información.
Respecto al contenido de la solicitud única cuando comience el plazo de presentación de la misma, el Fondo Español de Garantía Agraria O.A. (FEGA) dará publicidad al catálogo de cultivos al objeto de que los agricultores puedan realizar correctamente la declaración. En el caso del cultivo del cáñamo, junto con la solicitud debe proporcionarse prueba de la existencia de contrato formalizado con la industria transformadora o bien autorización emitida por la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios.
Por otro lado, en cuanto a los plazos de presentación de las solicitudes, la normativa europea ahora permite que los mismos sean fijados por los estados miembros. Para establecer unos plazos comunes nacionales que garanticen la igualdad de trato entre los agricultores, se fija el 30 de abril como fecha límite para la presentación de solicitud única, el 31 de mayo para la modificación de ésta, y el 31 de agosto para la adaptación de la solicitud en aquellos casos en los que se ha comunicado al solicitante alguna incidencia derivada de los controles preliminares o de los controles por monitorización, así como retirar total o parcialmente parcelas de su solicitud.
No obstante, para que haya cierta flexibilidad en las fechas, que permita tener en cuenta las cambiantes condiciones climáticas y meteorológicas y circunstancias de otro tipo, las comunidades autónomas podrán ampliar la fecha límite de presentación de la solicitud única en su territorio más allá del 30 de abril, previa comunicación al FEGA. También podrán ampliar la fecha límite de adaptación de la solicitud única más allá del 31 de agosto, si se dan las razones para ello.
Respecto al Real Decreto 1076/2014, sobre asignación de derechos de régimen de pago básico, se modifica el mecanismo de convergencia, con el fin de proporcionar una acomodación más gradual de las explotaciones al futuro marco normativo de aplicación de la Política Agrícola Común (PAC) a partir de 2023, asegurando así una transición más suave.
Y en relación con el real decreto 1078/2014, por el que se establecen las normas de la condicionalidad, por recomendación de la Comisión Europea se modifica el anexo que establece las Buenas Condiciones Agrarias y Medioambientales de la tierra, en particular la BCAM 4 (Cobertura mínima del suelo) y la BCAM 5 (Gestión mínima de las tierras que refleje las condiciones específicas locales para limitar la erosión). Con la modificación introducida, se elimina la excepción que afectaba a las parcelas de cultivo menores de una hectárea, y parcelas irregulares o alargadas cuya dimensión mínima en el sentido transversal a la pendiente fuera inferior a 100 metros.
El Consejo de Ministros ha recibido el Plan Estratégico para la aplicación de la Política Agraria Común (PAC) en España a partir del año 2023 de parte del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, y mañana, día 29, será remitido a la Comisión Europea para su aprobación, cumpliendo así lo establecido en los nuevos reglamentos.
El Consejo de Ministros ha aprobado además un anteproyecto de ley con el objetivo de diseñar un sistema eficaz de gestión de esta política.
Una PAC más justa, más social y más sostenible
Con esta nueva PAC, España contará con política agraria más justa, más social y más sostenible para potenciar un sector agroalimentario que es estratégico en la economía nacional y que contará con el presupuesto y las herramientas necesarias para poder afrontar los retos económicos, sociales y medioambientales de la próxima década, en consonancia también con las nuevas demanda de los consumidores.
El objetivo es apoyar a la agricultura profesional y familiar para que mejore su competitividad al tiempo que se impulsan cambios, profundos, pero graduales, que remuneren el compromiso medioambiental de agricultores y ganaderos, al tiempo que permitan aumentar su eficacia y garanticen unos pagos más justos y eficientes.
El pasado día 6, el Diario Oficial de la Unión Europea publicó el texto definitivo de los tres reglamentos que regirán la PAC en el periodo 2023-2027. Estos nuevos reglamentos permitirán la aplicación del presupuesto de la PAC acordado por el Consejo Europeo en julio de 2020 y que en el caso de España suponen 47.724 millones de euros para todo el periodo 2021-2027.
La entrega a la Comisión Europea del Plan Estratégico, que debe realizarse antes del 1 de enero de 2022, supone la culminación de un trabajo iniciado hace más de tres años, durante los que el ministerio ha trabajado conjuntamente con las comunidades autónomas para definir el contenido de la propuesta, y ha mantenido contacto y diálogo constante con las organizaciones profesionales agrarias, cooperativas agroalimentarias, y las organizaciones civiles de carácter ambiental, así como con el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y con los servicios de la Comisión Europea.
Todos los documentos de trabajo han sido públicos, abiertos a la participación de cualquier interesado a través de la página web habilitada al afecto. En total, en la preparación de esta propuesta se han celebrado cerca de 300 reuniones y se han analizado aproximadamente 1.000 aportaciones escritas.
Una versión inicial del Plan Estratégico está disponible desde el día 30 de noviembre en la web del ministerio para consulta de todos los interesados, en el marco de la Evaluación Ambiental Estratégica. Tras los ajustes que puedan derivarse de todas las observaciones y alegaciones recibidas en el marco de la fase de Información Pública y de evaluación ambiental y de las propias observaciones de la Comisión, España propondrá un texto definitivo del Plan Estratégico. Se prevé que la Comisión lo apruebe a finales del primer semestre de 2022, para que sea de aplicación a partir del 1 de enero de 2023.
El nuevo reglamento europeo supone un cambio sustancial en la PAC, que pasa de ser una política basada en la descripción de los requisitos que deben cumplir los beneficiarios finales de las ayudas, a una política basada en la planificación estratégica. Ahora se orienta a la consecución de resultados concretos vinculados a unos objetivos comunes para toda la Unión Europea pero traducidos en las necesidades específicas de cada estado identificadas en la fase de diagnóstico.
Estos objetivos son el fomento de un sector agrícola inteligente, resistente y diversificado que garantice la seguridad alimentaria; la intensificación del cuidado del medio ambiente y la acción por el clima, contribuyendo a alcanzar los objetivos climáticos y medioambientales de la UE, y el fortalecimiento del tejido socioeconómico de las zonas rurales. En este aspecto, se incluye por primera vez en la PAC, a propuesta de España, el objetivo específico de "promover la igualdad de género, incluida la participación de las mujeres en la agricultura".
Plan Estratégico de la PAC, clave para garantizar la viabilidad del sector agrario
El Plan Estratégico es un instrumento determinante para garantizar la viabilidad de nuestros sectores agrícolas y ganaderos, que son la base del sistema agroalimentario y el principal motor económico de la España rural. Para ello contempla apoyos enfocados a la mejora de la competitividad de sus explotaciones mediante las ayudas a rentas, el servicio de asesoramiento y las medidas de desarrollo rural en favor de la innovación, la mejora del conocimiento, las inversiones, el uso de tecnología y la digitalización, entre otros aspectos.
La PAC acompañará de forma particular a las explotaciones pequeñas y medianas haciendo uso de todas las medidas de redistribución a su alcance. Entre ellas, la limitación ("capping") y reducción de la ayuda básica, que fijará el importe máximo de los pagos a 100.000 euros y prevé una reducción progresiva cuando supere los 60.000 euros. No obstante, para evitar distorsiones de empleo, se podrán descontar los costes salariales y laborales, en cualquier caso, ninguna explotación cobrará más de 200.000 euros de ayuda básica a la renta. También recoge el pago redistributivo de la ayuda a explotaciones de mayor tamaño a las pequeñas y medianas.
Además, el Plan incluye otros aspectos especialmente relevantes en España como son la reducción de la brecha de género y el apoyo al relevo generacional. Por primera vez se incorpora a la PAC la dimensión social y España, atendiendo a la importancia en nuestro sector de la presencia de asalariados, pretende hacerlo desde el año 2024, un año antes de lo previsto como obligatorio en el reglamento.
Se trata de la PAC más ambiciosa en materia climática y ambiental de la historia de la UE, acorde con los compromisos adquiridos en el marco de los convenios de Naciones Unidas (Biodiversidad y Cambio Climático) y de la propia hoja de ruta establecida en el "Pacto Verde Europeo". De esta manera, el Plan Estratégico de España dará respuesta a las necesidades ambientales identificadas para nuestro país, contribuyendo a la consecución de los objetivos de las estrategias de la "Granja a la Mesa" y de "Biodiversidad para el horizonte 2030".
Algunos de estos objetivos son la reducción de emisiones, el incremento del papel de sumidero de carbono, el incremento de la superficie dedicada a la agricultura ecológica y las reducciones del empleo de productos fitosanitarios, de la pérdida de nutrientes del suelo y del uso de fertilizantes y de antimicrobianos en la cría del ganado. En el caso concreto de España, la lucha contra la desertificación y la erosión, la mejora de la estructura de los suelos y su contenido en materia orgánica o el mantenimiento de la elevada biodiversidad ligada a hábitats agrarios, son necesidades que cobran una importancia relevante. La propuesta que se va a presentar a la Comisión Europea destina cerca del 43% del presupuesto total a alcanzar los objetivos climáticos y ambientales.
Ley de gestión de la PAC
El Consejo de Ministros ha aprobado también hoy un anteproyecto de ley que establece las normas para la aplicación y gestión de la nueva Política Agraria Común (PAC) en España, con el objetivo de posibilitar una aplicación homogénea de ésta en todo el territorio nacional.
La nueva orientación de la PAC con el diseño de los planes estratégicos nacionales hace necesario disponer de las adecuadas herramientas que permitan una aplicación armonizada de todas las medidas incluidas en el mismo. Este anteproyecto de ley tiene como objetivo poner en marcha un sistema eficaz de gestión y control y evitar cualquier situación discriminatoria de los beneficiarios, garantizando el cumplimiento de la normativa de la Unión Europea en el marco de la PAC.
La ley incluye además algunos aspectos que hasta ahora estaban recogidos en la reglamentación comunitaria y que, por la mayor subsidiariedad otorgada a los estados miembros en este periodo, deben desarrollarse en normas nacionales, como la aplicación de penalizaciones y sanciones en el caso de que los beneficiarios no cumplan las condiciones y obligaciones establecidas para el acceso a las ayudas.
Otro punto reseñable es la necesidad de garantizar la protección de los intereses financieros de la Unión Europea, por lo que se establece un marco nacional de actuación para aquellos casos en los que pudiera producirse algún pago indebido a los beneficiarios al objeto de alcanzar una aplicación homogénea en el territorio nacional, facilitándose a la vez la actuación de las administraciones competentes en la lucha contra el fraude.
En el marco de las actuaciones para ajustar la normativa a algunas de las reformas introducidas en el Reglamento de la Organización Común de Mercados Agrarios (OCMA) y para dar cumplimiento a los objetivos de la PAC, tales como la conservación de la biodiversidad, o los objetivos establecidos en la Estrategia Europea "De la granja a la mesa" para un sistema alimentario justo, saludable y respetuoso con el medio ambiente, se regula el régimen sancionador en otras materias agrarias conexas con la PAC.
En particular, en lo relativo a la comercialización de aceite de oliva y sistema de información de los mercados oleícolas, en materia de declaraciones obligatorias y contratación, y de organizaciones de productores y asociaciones organizaciones de productores del sector de la leche y los productos lácteos, y en el ámbito de la conservación de recursos genéticos, la legislación en materia de bienestar animal, sanidad animal y vegetal o la nutrición sostenible de los suelos agrícolas.
https://www.m a pa.gob.es/es/pac/post-2020/el-pepac-de-espana-resumen-de-la-propuesta-dic-2021_tcm30-583992.pdf
El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto por el que se regula el reconocimiento de las organizaciones de productores y sus asociaciones de los sectores ganaderos de carne de vacuno, y de carne de ovino, y se establecen las condiciones para la negociación contractual por parte de estas organizaciones y sus asociaciones.
Este Real Decreto tiene como principal objetivo reforzar la posición negociadora de los productores de carne de vacuno, ovino y caprino y lograr así una mayor retribución al sector ganadero y un mejor reparto del valor a lo largo de la cadena alimentaria. Todo ello dentro del marco de la normativa comunitaria y de la libre competencia en el mercado.
Apoyo a las organizaciones de productores
Con esta iniciativa, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación continúa con su decidido apoyo a la constitución de organizaciones de productores en el sector agrario.
En este sentido, la reforma de la Política Agraria Común (PAC), que entrará en vigor en 2023, reconoce el papel fundamental de las organizaciones de productores en la concentración de la oferta y en la mejora de la comercialización y planificación de la producción, así como en la adaptación de la producción a la demanda, la optimización de los costes de producción y la estabilización de los precios al productor. Por ello, las incluye como estructuras clave para mejorar la posición del sector primario en la cadena, contribuyendo de esta forma a cumplir con los objetivos de esta política comunitaria.
En este sentido, las recomendaciones realizadas por la Comisión Europea a nuestro país en diciembre de 2020, en el marco de la "Estrategia de la Granja a la mesa", y que se han tenido en cuenta en la elaboración del Plan Estratégico para la aplicación de la PAC en nuestro país, incluyen el desarrollo legislativo para el reconocimiento de organizaciones de productores en aquellos sectores que aún no cuentan con normativa a este respecto.
El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto por el que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones para 2022 y 2023 a agrupaciones de entidades que realicen proyectos en materia de crecimiento azul en el sector pesquero y de la acuicultura, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR). El presupuesto de estas ayudas es de un millón de euros en cada uno de los dos ejercicios en los que se convocarán.
Con esta línea de subvenciones del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación se podrán financiar proyectos de actividades de crecimiento azul en los sectores pesquero y de la acuicultura, que conlleven la modernización, actualización y mejora sostenible de éstos, incluyendo toda la cadena de transformación y comercialización de sus productos, así como su competitividad y productividad.
Esta línea de subvenciones está destinada a agrupaciones de entidades lideradas por alguno de los Espacios de Conocimiento que mantienen un protocolo general de colaboración en materia de economía azul con la Secretaría General de Pesca.
En la concesión de las subvenciones se priorizarán, con carácter transversal, cuestiones como el fomento de la igualdad, el impulso a las técnicas formativas y que faciliten el relevo generacional, la innovación en salud laboral, la diversificación con actividades complementarias a la pesca y el marisqueo, potenciar la acciones para el desarrollo local que aporten valor añadido al sector pesquero y visibilizar y prestigiar a éste y a sus trabajadores.
El presupuesto de las ayudas de esta medida se reparte en dos ejercicios. Para el año 2022 se contempla 1 millón de euros, y otro millón para 2023, con la posibilidad de realizar pagos anticipados en cualquiera de los dos años, y con la idea de cubrir hasta el 100% de los gastos elegibles.
Esta línea de subvenciones es una de las medidas contempladas en el Plan de Impulso a la Sostenibilidad, Investigación Innovación y Digitalización del Sector Pesquero diseñado por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) e incluido en el programa de actuaciones que gestiona éste dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Economía Española (PRTR).
El Consejo de Ministros ha dado luz verde al Real Decreto por el que se aprueba la Estrategia de Seguridad Nacional, el marco estratégico de referencia de la Política de Seguridad Nacional.
Aunque la estrategia vigente es de 2017 y la Ley de Seguridad Nacional establece su renovación cada cinco años, se ha decidido revisar el texto de forma anticipada para adaptarlo al contexto actual caracterizado por una mayor competición geopolítica y un entorno socioeconómico marcado por las consecuencias del COVID, así como por la aceleración de la transformación provocada por la tecnología y la transición ecológica.
Los objetivos de la nueva estrategia, que tiene un diseño más integrado, proactivo y de orientación preventiva, son avanzar en materia de gestión de crisis, favorecer la seguridad de las capacidades tecnológicas y los sectores estratégicos y desarrollar la capacidad preventiva, de detección y de respuesta frente a las amenazas híbridas.
Las actuaciones para desarrollar estos objetivos se articulan en torno a tres ejes: la protección de las personas y el ordenamiento; la promoción de la prosperidad y el bienestar y la participación en la seguridad internacional.
Entre las nuevas actuaciones, destacan algunas como la modernización del sistema de vigilancia epidemiológica, el desarrollo de un Plan Integral de Seguridad para Ceuta y Melilla, la elaboración de una Estrategia Nacional de lucha contra las campañas de desinformación, la creación de una Agencia Espacial Española con una componente dedicada a la Seguridad Nacional o la incorporación de los ODS.
Las iniciativas que se llevarán a cabo para desarrollar las capacidades nacionales son las siguientes:
Esta nueva estrategia -que ha sido sometida a la valoración de 17 expertos de la sociedad civil, revisada por los gobiernos autonómicos, y obtuvo también el informe favorable del Consejo de Seguridad Nacional del pasado 18 de noviembre- será presentada en las Cortes Generales una vez aprobada en el Consejo de Ministros.
El Consejo de Ministros ha dado el visto bueno al informe sobre el Plan de Acción de Atención Primaria y Comunitaria 2022-2023, aprobado por el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud el 15 de diciembre.
El Plan se ha definido en 13 objetivos y 12 puntos clave, cada uno de ellos con varias acciones para cumplir antes de 2023 hasta sumar 52.
La fecha de ejecución del mismo es 2022-2023 y cuenta con financiación finalista para AP tanto en los Presupuestos Generales del Estado como en las aportaciones que realicen las propias Comunidades Autónomas.
Entre otros aspectos, el Plan recoge la creación de la categoría profesional de Enfermera Familiar y Comunitaria en AP en el año 2022 y se fomentan los nombramientos de enfermeras especialistas y se marca el objetivo de reducir la temporalidad en Atención Primaria por debajo del 8%.
El Plan marca la mejora de procedimientos para incrementar la capacidad resolutiva o la adquisición del equipamiento diagnóstico y el desarrollo de formación continuada necesaria. Se trabaja asimismo en la optimización de los procesos administrativos para que sean más ágiles y resolutivos.
El Plan incrementa los proyectos de teleconsulta, acceso a imágenes médicas, emisión de alertas individualizadas y detección remota de riesgos a través de herramientas informáticas y de Big-Data.
El documento aprobado actualizará la cartera común de servicios en Atención Primaria, en especial en lo referente a la indicación y realización de procedimientos diagnósticos y en el Servicio de Atención Comunitaria. En este punto se suma la ampliación progresiva de la cartera común de servicios de salud bucodental.
También se aúna en el seguimiento de las acciones recogidas en las Estrategias de Salud del SNS con un especial abordaje a la cronicidad, a la seguridad al paciente y a la prevención del cáncer.
El documento refleja como objetivo el desarrollo de una Estrategia de Salud Comunitaria a nivel de cada comunidad autónoma que se complementa con una estrategia de formación en el abordaje biopsicosocial y acción comunitaria.
Además, se va a fomentar estrategias y mecanismos de coordinación entre el sistema sanitario y los barrios, los municipios y las comunidades autónomas entendiendo la salud como un todo y con una importante participación de la ciudadanía.
En el documento hay iniciativas relacionadas con el incremento de I+D+i y con el empoderamiento de los profesionales de la Atención Primaria, entre otros aspectos.
El Consejo de Ministros ha aprobado el anteproyecto de ley por el que se modifica la Ley 23/2011, de 29 de junio, de depósito legal para adaptarla a la situación actual de la producción editorial española, permitiendo cumplir un papel más efectivo en la conservación de la edición nacional y optimizando la gestión de los centros de conservación.
La modificación incluye diversas mejoras entre las que destaca la entrega por parte de los editores de los archivos digitales previos a la impresión. Esto facilitará la conservación y el acceso a los documentos y supondrá no tener que digitalizar en el futuro estos ejemplares.
También se incorporan nuevas tipologías documentales como objeto de depósito legal, entre las que destacan los videojuegos; las publicaciones de impresión bajo demanda; los catálogos comerciales de librerías, editoriales y subastas, así como los marcapáginas; y obras y documentos audiovisuales; en coherencia con la Ley de Propiedad Intelectual.
Igualmente, se incluye, como novedad, el reconocimiento como centro de conservación a la Filmoteca Española, cuyos objetivos son la recuperación, investigación y conservación del patrimonio cinematográfico español y su difusión.
El texto incorpora, además, los cambios derivados de la aprobación en 2015 del Real Decreto 635/2015, de 10 de julio, por el que se regula el depósito legal de las publicaciones en línea, que facilitaba la conservación del patrimonio digital.
El trámite de elaboración se ha realizado en colaboración con las Comunidades Autónomas y los principales agentes del sector: la Federación de Gremios de Editores de España, la Asociación Española de(AEVI) y el Centro Español de Derechos Reprográficos (CEDRO).
El depósito legal
El depósito legal es la normativa que permite a la Biblioteca Nacional de España (BNE) y a los centros de conservación de las Comunidades Autónomas recoger ejemplares de las publicaciones de todo tipo editadas en cualquier clase de soporte (tanto físico como en línea), con la finalidad de cumplir con el deber de preservar el patrimonio bibliográfico y documental español.
También en virtud del depósito legal, la BNE y las CC.AA. son responsables de la conservación del patrimonio que nace digital, las publicaciones en línea, tanto sitios web como libros o revistas electrónicas.
Anualmente a través del depósito legal se reciben en la BNE en torno a 400.000 documentos en soporte físico gracias a esta norma y la BNE cuenta ya con 120.000 libros digitales y en torno a un petabyte de sitios web españoles recolectados.
Cultura y Deporte
LAIA PALAU RECIBIRÁ LA GRAN CRUZ DE LA REAL ORDEN DEL MÉRITO DEPORTIVO
El Consejo de Ministrosha aprobado la concesión de la Gran Cruz de la Real Orden del Mérito Deportivo a la jugadora de baloncesto Laia Palau. La base, que el pasado mes de noviembre anunció su retirada de la Selección española, se suma así al selecto grupo de deportistas que ostentan la mayor condecoración del Estado en materia de deporte, entre los que figuran Rafa Nadal, Arantxa Sánchez Vicario, Xavi, David Cal o, el más reciente, Pau Gasol.
Nacida en Barcelona en 1979 y actualmente en las filas del UNI Girona, Palau acumula un palmarés en el que, entre otras, destacan tres medallas de oro, una de plata y cuatro de bronce en el Campeonato Europeo de Baloncesto Femenino; una plata y dos bronces en el Mundial; y una plata en los Juegos Olímpicos de Río de 2016.
Internacional absoluta desde 2002 y capitana de la Selección femenina de baloncesto desde 2014, Palau es la deportista española que más veces ha vestido la elástica del conjunto nacional representando a España -un total de 314 partidos- y también la que más veces ha subido a un pódium de baloncesto. A nivel de clubes ha jugado en el CBF Universitat de Barcelona, Bourges Basket, Ros Casares Valencia, CCC Polkowice, ZVVZ USK Praga y en el UNI Girona.
Por todos estos méritos, Laia Palau es considerada la mejor jugadora española de baloncesto y la gran capitana de la selección.
Real Orden del Mérito Deportivo
Creada en 1982, la Real Orden del Mérito Deportivo supone un reconocimiento público a quienes se han distinguido en materia de la práctica del deporte, en el fomento y enseñanza de la educación física o en la investigación, difusión, organización y desarrollo de la cultura física y el deporte. Su mayor distinción es la Gran Cruz, que se confiere mediante real decreto acordado en Consejo de Ministros, además de las medallas de oro, plata y bronce, que otorga el presidente del Consejo Superior de Deportes (CSD).
El Consejo de Ministros ha autorizado el pago de la contribución voluntaria a la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB) para la Secretaría del Programa Iberoamericano de Ciencia ypara el Desarrollo (CYTED), correspondiente a 2021, por un importe de 550.000 euros.
El Programa Iberoamericano de Ciencia ypara el Desarrollo (en adelante CYTED) tiene su origen en un Acuerdo Marco Institucional, firmado el 11 de mayo de 1984 por 19 países de América Latina (Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela), Portugal y España.
Desde su creación, se estableció una Secretaría General, que tiene sede permanente en Madrid y cuyos gastos de sostenimiento asume España, que aporta los medios materiales y humanos adecuados para su funcionamiento. La aportación que el Ministerio de Ciencia e Innovación concede a la SEGIB para el Programa CYTED, en virtud de este acuerdo, lo es para el apoyo del mismo y de su Secretaría durante el año 2021.
SUBREFLECTORES DE LAS ANTENAS PARABÓLICAS DE LA ORGANIZACIÓN 'SQUARE KILOMETRE ARRAY OBSERVATORY' (SKAO)
El Consejo de Ministros ha autorizado el pago de la contribución voluntaria de España al proyecto de construcción de los subreflectores de las antenas parabólicas de la organización 'Square Kilometre Array Observatory' (SKAO), que se instalarán en la República de Sudáfrica, por importe de 4.400.000,00 euros, con cargo al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR).
En 2011 se creó la organización SKA, con sede en el observatorio Jodrell Bank (Manchester, Reino Unido) con la misión de construir y explotar el telescopio SKA, que estará constituido por dos grandes redes de radiotelescopios en Sudáfrica y Australia que operarán como un único observatorio. El SKA permitirá a los astrónomos realizar observaciones del cielo con gran detalle y mucho más rápidamente que cualquier otro sistema existente en la actualidad.
Actualmente cuenta con la participación de 16 países Alemania, Australia, Canadá, China, Corea del Sur, España, Francia, India, Italia, Japón, Sudáfrica, Suecia, Suiza, Países Bajos, Portugal y Reino Unido.
Diez años después, el 4 de febrero de 2021, la organización SKA se constituyó en organización intergubernamental, bajo la denominación SKA Observatory (en lo sucesivo, SKAO), mediante la firma de un tratado que ya ha sido ratificada por siete países (Australia, China, Italia, Países Bajos, Portugal, Reino Unido y Sudáfrica) y se espera que la adhesión de los restantes futuros miembros se produzca de manera paulatina, según vayan concluyendo los procesos de aprobación en cada país.
España se adhirió a la Organización SKA, en calidad de miembro asociado, en junio de 2018, y viene participado desde entonces en todos los órganos de asesoramiento y gobierno del proyecto de construcción del SKA. El Ministerio de Ciencia e Innovación ha expresado desde entonces el interés de nuestro país en participar plena y formalmente en SKAO, de manera que la solicitud del Reino de España para ser miembro de pleno derecho se presentó oficialmente al Consejo del SKAO en su reunión de junio de 2021, proponiéndose a los miembros la aprobación, por procedimiento escrito, de la membresía y la aplicación provisional del Tratado en España hasta su entrada en vigor. El 13 de julio de 2021 se comunicó a España la aprobación unánime de dicha solicitud.
El Consejo de Ministros ha autorizado la suscripción de un acuerdo con el Observatorio Europeo Austral (ESO) en relación a la contribución española para el proyecto de diseño, fabricación y puesta en funcionamiento de diferentes componentes del instrumento HARMONI de este observatorio, por un importe de dos millones de euros.
El Observatorio Europeo Austral (en adelante ESO, por sus siglas en inglés, European Southern Observatory), es un organismo internacional que se fundó en el año 1962, y del que España es Estado miembro desde 2006. De acuerdo con su contribución, nuestro país cuenta con una participación de aproximadamente el 8% del patrimonio y del tiempo de observación ofrecido por la organización.
ESO constituye una referencia mundial en investigación científica y desarrollo técnico en el campo de la astronomía. Lleva a cabo un ambicioso programa orientado al diseño, la construcción y el funcionamiento de potentes instalaciones de observación astronómica instaladas en tierra, que conforman un conjunto de herramientas óptimas para lograr importantes descubrimientos científicos en materia de astronomía.
Actualmente se encuentra embarcado en la construcción del Telescopio Extremadamente Grande (o ELT, por sus siglas en inglés; Extremely Large Telescope), un telescopio con un espejo primario de 39 metros de diámetro que constituirá el más importante de entre los telescopios de rango óptico e infrarrojo cercano disponibles y, además, uno de los proyectos astronómicos más ambiciosos del mundo. De hecho, el ELT está llamado a revolucionar nuestra percepción del universo, pues permitirá afrontar varias cuestiones aún sin resolver en el campo de la astronomía.
Uno de los primeros instrumentos que se instalará en el ELT es un espectrógrafo óptico/infrarrojo de campo integral y alta resolución espacial, denominado HARMONI. Este instrumento, que supondrá un auténtico alarde tecnológico, podrá operar al límite de difracción del ELT en el infrarrojo cercano y tendrá una gran versatilidad, ya que permitirá abordar diferentes tipos de observaciones astronómicas mediante la oportuna y necesaria adaptación de su resolución angular, sensibilidad, campo de visión, etc.
El diseño y construcción de este instrumento corre a cargo del Consorcio Internacional HARMONI, que ha sido contratado por ESO para este fin y que cuenta con la participación de algunos de los institutos europeos de mayor prestigio en el campo de la instrumentación astronómica, tales como el ATC Edimburgo, la Universidad de Durham, el CRAL-Lyon y el LAM-Marsella, además de la Universidad de Michigan (EEUU). El consorcio está liderado por la Universidad de Oxford y España también participa, muy activamente, a través del Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC) y del Centro de Astrobiología (CAB, INTA-CSIC).
Actualmente el desarrollo de HARMONI se encuentra en la fase de diseño final, que consiste en la consolidación de un modelo detallado fabricable en el que se hayan resuelto aquello aspectos tecnológicos identificados como "de riesgo" en fases previas. El coste total del desarrollo y puesta en funcionamiento de HARMONI se estima en 28 M€ en hardware.
Nuestras instituciones de investigación y empresas tecnológicas cuentan con una amplia experiencia en instrumentación astronómica. El acuerdo aprobado hoy busca proporcionar a los socios españoles en el Consorcio HARMONI (IAC y CAB), a través de ESO, la financiación necesaria para que centros tecnológicos y grupos de investigación españoles participen en las tareas de diseño y fabricación de prototipos y equipos altamente especializados necesarios para la puesta en marcha del instrumento HARMONI.
El Consejo de Ministros ha autorizado la suscripción de un acuerdo con el Consorcio de Infraestructuras de Investigación Europeas (ERIC) Fuente Europea de Espalación (ESS, por sus siglas en inglés), para el proyecto de construcción, instalación y puesta en funcionamiento de los distintos equipos de la ESS, por el que el Gobierno contribuirá con 14,3 millones de euros, con cargo al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR).
El ERIC Fuente Europea de Espalación es un consorcio europeo de infraestructuras de investigación, al que España se adhirió como miembro fundador de pleno derecho en abril de 2018, que trabaja en la construcción y puesta en marcha de la infraestructura científico-tecnológica más importante de Europa de la próxima década. La Fuente Europea de Espalación o ESS constituirá la fuente de neutrones más potente del mundo, con 5 MW de potencia y un conjunto de 22 instrumentos, que permitirá un estudio muy detallado de la estructura de la materia, con gran repercusión en numerosas disciplinas científicas tales como la física fundamental y la biología.
Se trata de una instalación genuinamente paneuropea, participada por trece países socios, y considerada de carácter estratégico por la Unión Europea. En la actualidad, España participa en todos los órganos de asesoramiento y gobierno del proyecto de construcción de la ESS, y realiza su contribución a través del centro de tecnologías neutrónicas ESS Bilbao, responsable de los trabajos relacionados con las contribuciones en especie acordadas con ESS ERIC.
Además de la contribución periódica, los Estados que participan en ESS ERIC han decidido financiar la fabricación de nuevo equipamiento para la fuente. En concreto, España asumiría la dotación de nuevos equipos de alta tecnología que se emplearían en la construcción, el testeo y la puesta en marcha del acelerador, del blanco y de los instrumentos de la ESS, con cargo a los fondos del MRR consignados.
El Consejo de Ministros ha autorizado la suscripción de un acuerdo con la Organización Europea de Investigación Nuclear (CERN) para la contribución española a la actualización de los experimentos ATLAS, CMS y LHCb y a los proyectos nuevos de ISOLDE y n-TOF, y se ha autorizado la contribución al citado organismo por importe de 6.340.000,00 euros, con cargo al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR).
El CERN es un organismo internacional fundado en virtud del Convenio Internacional de París, firmado el 1 de julio de 1953, y tiene su sede en Ginebra (Suiza). En la actualidad, está constituido por 23 Estados miembros. España es miembro de CERN de manera ininterrumpida desde el 15 de noviembre de 1983 y aporta actualmente una contribución de aproximadamente el 7,4 % del presupuesto de la organización.
El objetivo básico de la investigación en el CERN es el estudio de los constituyentes últimos de la materia y de las fuerzas fundamentales a través de las que interaccionan. La técnica utilizada para ello son los aceleradores de partículas. El CERN constituye un conjunto articulado de aceleradores cuyo eslabón final es el Large Hadron Collider (LHC), con sus cuatro gigantescos detectores: ATLAS, CMS, LHCb y ALICE.
Nuestras instituciones de investigación y empresas tecnológicas cuentan con una amplia experiencia en el desarrollo de los proyectos y el diseño de la instrumentación necesaria para la experimentación en el área de física de partículas de alta energía desarrollada en CERN.
Es por ello necesario proporcionar a los centros tecnológicos y grupos de investigación españoles que colaboran con CERN, la financiación necesaria para que participen en las tareas de diseño y fabricación de prototipos y equipos altamente especializados necesarios para la actualización de sus grandes detectores y de otros proyectos novedosos. La capacitación y el buen posicionamiento de nuestra industria a la hora de desarrollar este tipo de equipamiento supondría, además, un alto nivel de retorno para las entidades españolas licitantes y para nuestra industria de la ciencia en general.
El Consejo de Ministros ha aprobado el Programa Nacional de Reasentamiento de Refugiados en España para el año 2022. Se materializa, un año más, un compromiso que España contrae con un límite que, en el nuevo Programa, se establece en la acogida de hasta 1.200 personas refugiadas a lo largo del próximo año.
El Consejo de Ministros aprueba anualmente los Programas Nacionales de Reasentamiento, que ofrecen protección a personas refugiadas procedentes de países afectados por conflictos y graves crisis humanitarias. El compromiso del Gobierno de España con este programa se incluye en las prioridades globales de reasentamiento identificadas por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y la Unión Europea, y el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones es el encargado de ofrecer acogida en el marco del Sistema de Acogida de Protección Internacional.
Inclusión fomenta, además de la acogida de estas familias, su pleno acompañamiento a través de la implantación paulatina de programas de Patrocinio Comunitario, en colaboración con ACNUR y distintas comunidades autónomas. El desarrollo, consolidación y extensión de esta herramienta de acogida constituye para el Ministerio un objetivo esencial a lo largo de 2022.
El Gobierno de España confirma con la aprobación de este nuevo programa un compromiso firme con las personas refugiadas, que se mantendrá a lo largo de 2022. Así, durante el próximo año se han previsto seis misiones de selección de personas refugiadas por parte del Ministerio de Inclusión, incluyendo modalidades de entrevista online de las familias si las condiciones sanitarias impidieran el desplazamiento físico.
Actualmente, ya están previstas en el calendario dos llegadas a España desde Líbano procedentes de países en conflicto, que se producirán durante el primer trimestre de 2022 con un total de 658 personas, cifra que garantiza una alta ejecución del compromiso asumido en este nuevo Programa.
El sistema de acogida se articula en torno a plazas propias (en los Centros de Acogida a Refugiados- CAR-) y centros gestionados por entidades con financiación estatal, con una capacidad superior a las 10.000 plazas en todo el territorio nacional.
El pasado 15 de diciembre, en el marco del Plan Nacional de Reasentamiento, personal del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones recibió en el Aeropuerto de Barajas a 116 personas reasentadas, nacionales de Siria, Irán, Afganistán e Iraq y procedentes de Líbano, Turquía y Jordania.
El Consejo de Ministros ha aprobado el acuerdo por el que se establece el carácter oficial y con validez en todo el territorio nacional de un total de 18 títulos de Grado.
Rama | Títulos | Universidad | Naturaleza Universidad |
---|---|---|---|
Artes y Humanidades | Grado en Diseño y Narración de Animación y | U. Católica de Valencia San Vicente Mártir | Civil |
Grado en Diseño e Innovación | U. de Vic- U. Central de Catalunya | Civil | |
Ciencias | Grado en Biotecnología | U. Europea de Valencia | Civil |
Grado en Física | U. Europea de Valencia | Civil | |
Grado en Matemáticas | U. Internacional Valenciana | Civil | |
Grado en Matemáticas | U. Politècnica de València | Civil | |
Ciencias de la Salud | Grado en Nutrición Humana y Dietética | U. Europea de Canarias | Civil |
Grado en Logopedia | U. Internacional Valenciana | Civil | |
Ciencias Sociales y Jurídicas | Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte | U. Cardenal Herrera-CEU | Civil |
Grado en Psicología | U. del Atlántico Medio | Civil | |
Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte | U. Jaume I de Castellón | Civil | |
Grado en Comunicación | U. Internacional Valenciana | Civil | |
Grado en Pedagogía | U. Internacional Valenciana | Civil | |
Ingeniería y Arquitectura | Grado en Ingeniería de Diseño Industrial | U. de Vic- U. Central de Catalunya | Civil |
Grado en Inteligencia Robótica | U. Jaume I de Castellón | Civil | |
Grado en Ingeniería en Organización Industrial | U. Internacional Valenciana | Civil | |
Grado en Diseño Arquitectónico de Interiores | U. Politècnica de Valènica | Civil | |
Grado en Ingeniería Física | U. Politècnica de València | Civil |
El Consejo de Ministros ha aprobado el acuerdo por el que se establece el carácter oficial y con validez en todo el territorio nacional de un total de 3 títulos de Doctor o Doctora.
Programa | Universidad |
---|---|
Doctorado en Educación y | U. a Distancia de Madrid |
Doctorado en Ciencias del Deporte y del Movimiento Humano | U. de Vic-U. Central de Catalunya |
Doctorado en ,y Cultura | U. Oberta de Catalunya |
El Consejo de Ministros ha aprobado el acuerdo por el que se establece el carácter oficial y con validez en todo el territorio nacional de un total de 51 títulos de Máster.
Rama | Título de Máster Universitario | Universidad | Naturaleza Universidad |
---|---|---|---|
Artes y Humanidades | Arqueología Prehistórica | U. Autónoma de Barcelona | Civil |
Español como Lengua Extranjera: Investigación y Prácticas Profesionales | U. de Barcelona | Civil | |
Historia Contemporánea y Mundo Actual | U. de Barcelona | Civil | |
Ciencias | Física de los Sistemas Complejos y Biofísica | U. de Barcelona | Civil |
Química | U. de Castilla-La Mancha | Civil | |
Estadística Computacional y Ciencia de Datos para la Toma de Decisiones/ Computational Statistics and Data Science for Decision Making | U. Miguel Hernández de Elche | Civil | |
Ciencias de la Salud | Innovación Enfermera aplicada a la Vulnerabilidad y la Salud | U. Autónoma de Barcelona | Civil |
Dirección y Gestión en Enfermería | U. Cardenal Herrera-CEU | Civil | |
Cirugía Podológica Integral | U. de Barcelona | Civil | |
Fisioterapia para el Abordaje del Dolor-Neuro-Músculo-Esquelético | U. Miguel Hernández de Elche | Civil | |
Investigación e Innovación en Salud | U. de les Illes Balears | Civil | |
Ciencias Sociales y Jurídicas | Emprendimiento e Innovación Social | U. Autónoma de Barcelona | Civil |
Estudios Territoriales y Planeamiento | U. Autónoma de Barcelona | Civil | |
Entornos de Enseñanza y Aprendizaje con s Digitales | U. de Barcelona | Civil | |
Estudios Interdisciplinarios en Diseño y Comunicación | U. de Vic- U. Central de Catalunya | Civil | |
Docencia Universitaria | U. Europea de Valencia | Civil | |
Educación Especial | U. Europea de Valencia | Civil | |
Psicopedagogía | U. Europea de Valencia | Civil | |
Investigación e Intervención Psicoeducativa | U. de les Illes Balears | Civil | |
Comunicación Corporativa y Estratégica | U. Internacional Valenciana | Civil | |
Dirección y Gestión de Personas | U. Internacional Valenciana | Civil | |
Marketing Digital y Analítico/Digital Marketing and Analytics | U. Internacional Valenciana | Civil | |
Psicología Jurídica | U. Internacional Valenciana | Civil | |
Finanzas/ Finance | U. Pontificia de Comillas | Católico | |
Gestión de Talento/Talent Management | U. Pontificia de Comillas | Católico | |
Ingeniería y Arquitectura | Arquitectura | U. Cardenal Herrera-CEU | Civil |
Ciencia de Datos/Data Science | U. Politécnica de Catalunya | Civil | |
Ciencia yAeroespaciales/ Aerospace Science and Technology | U. Politécnica de Catalunya | Civil | |
Ingeniería Térmica/ Thermal Engineering | U. Politécnica de Catalunya | Civil | |
Investigación en Ingeniería Mecánica | U. Politécnica de Catalunya | Civil | |
Sistemas y Accionamientos Eléctricos/Electric Power Systems and Drives | U. Politécnica de Catalunya | Civil | |
Big Data y Ciencia de Datos | U. Internacional Valenciana | Civil | |
Ciberseguridad | U. Internacional Valenciana | Civil | |
Desarrollo de Aplicaciones y Servicios Web | U. Internacional Valenciana | Civil | |
Energías Renovables | U. Internacional Valenciana | Civil | |
Inteligencia Artificial | U. Internacional Valenciana | Civil | |
Programas de Máster organizados conjuntamente por distintas universidades | |||
Rama | Título de Máster Universitario | Universidad | |
Ciencias | Máster Universitario en Ciencia yCuánticas/ Quantum Science and Technology | U. Autónoma de Barcelona, U. de Barcelona y U. Politécnica de Catalunya | |
Máster Universitario Erasmus Mundus en Innovación y Regulación en Química | U. de Barcelona, Alma Mater Studiorum- Università di Bologna (Italia) y Universidade do Algarve (Portugal) | ||
Máster Universitario Erasmus Mundus en Matemáticas Interdisciplinares/ Erasmus Master in Interdisciplinary Mathematics | U. Autónoma de Barcelona, Technisque Universität Hamburg-Harburg (Alemania), Technisque Universität Wien (Austria), Università degli Studi di L' Aquila (Italia) y Université Côte d'Azur (Francia) | ||
Máster Universitario Erasmus Mundus en Mejora Genética Vegetal/ Erasmus Mundus Master in Plant Breeding-emPLANT + | U. Politècnica de València, Hungarian University of Agriculture and Life Sciences, MATE (Hungría), Institut Polytechnique UniLaSalle (Francia), Sveriges Lantbruksuniversitet-Swedish University of Agricultural Sciences (SLU)(Suecia), Università degli Studi di Milano (Italia) y Universität für Bodenkultur Wien-University of Natural Resources and Life Sciences (BOKU)(Austria) | ||
Máster Universitario Erasmus Mundus en Sanidad Acuícola/ Erasmus Mundus Master of Science in Health Management in Aquaculture | U. Autónoma de Barcelona, U. de Barcelona, Norges Teknisk- Naturvitenskapelige Universitet (Noruega), Universiteit Gent (Bélgica) y Wageningen Universiteit (Países Bajos) | ||
Ciencias de la Salud | Máster Universitario Erasmus Mundus en Innovaciones en Ciencias Biológicas y Bioingeniería para la Medicina de Precisión (BeinPM) | U. de Barcelona, Università degli Studi di Napoli Federico II (Italia) y Université Grenoble Alpes (Francia) | |
Ciencias sociales y jurídicas | Máster Universitario en Gestión Estratégica de Fronteras/ Master in Strategic Border Management | U. de Salamanca, Universidad Nacional de Educación a Distancia, Faculty of Military Sciences, Netherlands Defence Academy (Países Bajos), Mykolo Romerio Universitetas (Lituania), Rezeknes Augstskola (Letonia) y Sisekaitseakadeemias (Estonia) | |
Ingeniería y Arquitectura | Máster Universitario en Diseño de Experiencia de Usuario | U. de Lleida y Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD)(Colombia) | |
Máster Universitario en Diseño, Construcción y Gestión Sostenibles del Ambiente Construido/ Master in Sustainable Design, Construction and Management of the Built Environment | U. de Cantabria, Universidade de Porto (Portugal) y University of Applied Sciences Mittelhessen (Alemania) | ||
Máster Universitario en Informática Industrial y Robótica | U. de A Coruña y U. de La Laguna | ||
Máster Universitario enGeoespacial/ Master in Geospatial Technologies | U. Jaume I de Castellón, Universidade Nova de Lisboa (Portugal) y Westfällische Wilhelms-Universität Münster (Alemania) | ||
Máster Universitario Erasmus Mundus en Ciencia en Ingeniería Textil/ Erasmus Mundus Master in Science in Textile Engineering | U. Politècnica de València, Hógskolan i Boräs (Suecia), Kyoto Institute of Technology (KIT) (Japón), Universiteit Gent (Bélgica), University of West Attica (UNIWA)(Grecia) y Université de Haute-Alsace (Francia) | ||
Máster Universitario Erasmus Mundus en Diseño Avanzado de Barcos y Energías Renovables Marinas/ Advanced Ship Design and Offshore Renewable Energies | U. Politécnica de Madrid y Université de Liège (Bélgica) | ||
Máster Universitario Erasmus Mundus en Ondas, Acústica, Vibraciones, Ingeniería y Sonido/ Erasmus Mundus Master in Waves, Acoustics, Vibrations, Engineering and Sound (WAVES) | U. Politècnica de València, Aix-Marseille Université (Francia), Universidade de Coimbra (Portugal) y École Centrale de Marseille (Francia) | ||
Máster Universitario Erasmus Mundus en Robótica Inteligente Marina y Marítima/ Erasmus Mundus in Marine and Maritime Intelligent Robotics | U. Jaume I de Castellón, Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet (Noruega), Universidade de Lisboa (Portugal) y Université de Toulon et du Var (Francia) |
Directora de la Oficina del Alto Comisionado para España Nación Emprendedora
Dª MARÍA DE MIGUEL DE SANTOS
María de Miguel es ingeniera de telecomunicaciones por la Universidad Politécnica de Madrid y pertenece al Cuerpo Superior de Sistemas y s de la Información de la Administración del Estado desde el año 2010.
Ha desempeñado distintos puestos como funcionaria tanto en la Administración General del Estado como en el Ayuntamiento de Madrid: en la Agencia Tributaria Madrid, ha participado en la coordinación del proyecto de transformación interna de toda la organización, coordinando a su vez la gestión del cambio en la misma; en el Departamento de Seguridad Nacional colaboró con la Agencia de Ciberseguridad Europea y en la coordinación del Foro Nacional de Ciberseguridad; en el Ministerio de Economía y Transformación Digital participó en el diseño de distintos acuerdos internacionales y programas nacionales en el ámbito digital, también participó en diversos grupos de trabajo de la OCDE y la UIT; en el Ministerio de Justicia llevó a cabo la gestión de distintos proyectos tecnológicos. Previo a esta etapa como funcionaria pública, trabajó durante casi una década en el sector de las telecomunicaciones.
Asuntos Económicos y Transformación Digital
Director del Gabinete Adjunto de la Vicepresidenta Primera del Gobierno
D. ANDRÉS VALVERDE ÁLVAREZ
Desde la incorporación en el Banco de España. en el año 1994. su experiencia profesional se ha centrado en la protección de los clientes bancarios. siendo su primer destino el Servicio de Reclamaciones del Banco de España
A partir del año 2012. desempeño el puesto de Responsable de Unidad. primero en el Servicio de Reclamaciones y posteriormente, a partir de 2013. en el Departamento de Conducta de Mercado y Reclamaciones.
Posteriormente, en el año 2014. paso a desarrollar su actividad en la Secretaria General del Tesorc y Politica Financiera, del Ministerio de Economia y Competitividad, en concreto en la Subdireccion General de Legislación y Política financiera. asesorando sobre normativa financiera y participando en distintas negociaciones, talleres y seminarios celebrados por la Comisión Europea y el Consejo. en materias relacionadas con la protección de los clientes financieros
En el año 2021 se incorporó al Gabinete de la Vicepresidenta Primera y Ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital asesorando en materia económica y de digitalización
Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación
Secretaria General para la Unión Europea
Dª MARÍA DOLORES LLEDÓ LAREDO
Ingresó en la carrera diplomática el 1 de julio de 1999.
En la sede central del Ministerio de Asuntos Exteriores, ha desempeñado distintas funciones en la Dirección General de Asuntos Jurídicos y Consulares, la Dirección General de asuntos políticos y para las Naciones Unidas y ha sido vocal asesora en el gabinete del Ministro y Directora del gabinete de la Secretaria de Estado de Cooperación Internacional.
En el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte ocupó el cargo de Subdirectora General de promoción exterior de la cultura.
Ha estado destinada en las embajadas de Marruecos y Reino Unido, ha sido cónsul general en Argel y cónsul adjunta en Bogotá. En la representación de España ante la Unión Europea, ha desempeñado las funciones de representante permanente adjunta ante el Comité político y de seguridad y de consejera para asuntos parlamentarios.
En la actualidad es la Directora General para la coordinación del mercado interior y otras políticas comunitarias.
Embajadora de España en el Reino de los Países Bajos
Dª MARÍA DEL CONSOL FEMENÍA GUARDIOLA
Diplomática con 29 años de experiencia. Ha ocupado puestos de distinto nivel en las Secretarías de Estado de Cooperación Internacional y AECID, y en las Secretarías de Estado de Asuntos Exteriores y Europeos. Ha estado destinada en las Embajadas de Rusia, Nicaragua y Países Bajos, y como Embajadora estuvo encargada de las misiones en Letonia y Malta, cargo que ocupaba hasta la actualidad. Con experiencia en la Unión Europea y en la agenda de seguridad y no proliferación, fue Reper Adjunta ante la OPAQ y Embajadora en Misión Especial para el Tratado del Comercio de Armas.
También ha sido asesora del Ministerio para la comunicación digital, Subdirectora de programas culturales y científicos del MAEC, y Directora de Cooperación con América Latina y Caribe.
Embajador de España en la República Helénica
D. CARLES MARÍA CASAJUANA PALET
Nacido el 25 de octubre de 1954. Licenciado en Derecho y en Ciencias Económicas y por la Universidad de Barcelona.
Ingresó en la Carrera Diplomática en 1980. Estuvo destinado en las embajadas de España en Bolivia, en Filipinas y en la Representación Permanente de España ante las Naciones Unidas. De 1991 a 1996 fue Director del gabinete del Secretario General de Política Exterior en el Ministerio de Asuntos Exteriores. A continuación, fue Embajador de España en Malasia (1996-2001), Embajador Representante de España en el Comité Político y de Seguridad de la Unión Europea (2001-2004), director del Departamento Internacional del Gabinete de la Presidencia del Gobierno (2004-2008) y Embajador de España en el Reino Unido (2008-2012).
Es Académico de número de la Real Academia de Ciencias Económicas y Financieras.
Embajador de España en la República de Sudán
D. ISIDRO ANTONIO GONZÁLEZ AFONSO
Nacido en Tenerife. Es Licenciado en Derecho y Licenciado en Ciencias Políticas y Sociología. Posee el Diploma Superior de Comercio Internacional de la Cámara de Comercio de Madrid, y ha realizado el Programa de Negociaciones para Conflictos del Negotiations Strategy Institute de la Universidad de Harvard.
Ingresó en la Carrera Diplomática en 2002.
Ha estado destinado en la Representación Permanente de España ante la OSCE en Viena, en la Embajada de España en la República de Chipre, en la Embajada de España en el Reino de Marruecos, y en el Consulado General de España en Jerusalén.
En los servicios centrales ha sido Jefe de Servicio en el Gabinete del Subsecretario y Jefe de Área, Consejero Técnico y Vocal Asesor en el Gabinete del Ministro, en dos etapas.
Desde agosto de 2019 era Secretario General Adjunto de la Unión por el Mediterráneo.
Subsecretaria del Ministerio de Sanidad
Dª DIONISIA MANTECA MARCOS
Nacida en Zamora en 1970. Es licenciada en Derecho por la Universidad de Salamanca y funcionaria del Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado desde 1996.
Ha ocupado distintos puestos en la Administración General del Estado, entre otros, Gerente del Organismo Autónomo Trabajo y Prestaciones Penitenciarias del Ministerio del Interior (entre 2001 y 2004), Jefa del Gabinete Técnico del Subsecretario de Sanidad y Consumo (en 2004) y Vocal Asesora del Gabinete Técnico del Subsecretario de Sanidad y Consumo (de 2004 a 2007).
De 2007 a 2009 fue Directora General de Recursos Humanos, Programación Económica y Administración Periférica y Directora General de Servicios y Coordinación de la Administración General del Estado en las Comunidades Autónomas y Ciudades con Estatuto de Autonomía, en el Ministerio de Administraciones Públicas.
Desde 2009 a 2018 fue Vocal Asesora en la Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas de la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos del Ministerio de Hacienda.
También fue Miembro del Consejo Económico y Social de España (entre 2009 y 2012), en calidad de experta.
Ha sido Subsecretaria de Política Territorial y Función Pública desde junio de 2018 a febrero de 2021.
Universidades
Directora del Gabinete del Ministro de Universidades
Dª MARTA CRUELLS LÓPEZ
Licenciada en Filosofía por la Universidad de Barcelona y Doctora en Ciencia Política por el Instituto de Gobierno y Políticas Públicas de la Universidad Autónoma de Barcelona. En el ámbito universitario ha sido profesora asociada en la Universidad de Girona y en la Universidad de Vic, en teorías de la democracia, diseño de programas y evaluación de políticas. Asimismo, ha participado en el ámbito de la investigación universitaria como coordinadora e investigadora en diversos proyectos sobre políticas de envejecimiento, desarrollo autonómico y descentralización de las políticas de Bienestar, sistemas penitenciarios, y desigualdad de género e interseccional y su entrada en la agenda política. Cuenta con diversas publicaciones en libros y revistas científicas de impacto y ha coeditado diversos libros, el último de ellos "Igualdad de género y no discriminación en España: evolución, problemas y perspectivas" (Centro de Estudios Políticos y Constitucionales). En su trayectoria profesional ha sido directora de gabinete de la Concejalía de Feminismos y Lgtbi y de la Concejalía de Relaciones Internacionales del Ayuntamiento de Barcelona, y ha diseñado y dinamizado la política de ciencia y universidades del mismo ayuntamiento. También ha coordinado diversas evaluaciones de políticas de igualdad para el Gobierno Vasco y la Generalitat de Catalunya y ha asesorado a administraciones y entidades en materia de políticas de género, de usos del tiempo, de transversalidad, y de desigualdades y sistema penitenciario. Desde el 15 de enero de 2020 ha sido Directora del Gabinete del Ministro de Universidades.
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