Una mujer uruguaya de 30 años denunció haber sido violada en grupo el domingo de madrugada en Montevideo, en el barrio Cordón. Según relató la víctima, fue a un boliche en el barrio y allí conoció a un hombre con el que luego se dirigió a un apartamento a dos cuadras de donde estaban. Mantuvieron relaciones sexuales en una habitación hasta que ingresaron otros dos hombres y la violaron.
A las 6 de la mañana, el Ministerio del Interior recibió una llamada al 08004141, el servicio telefónico de orientación a mujeres en situación de violencia doméstica, que denunciaba un abuso contra la mujer, informó La Diaria.
Se enviaron móviles al lugar y encontraron a la víctima en estado de shock. La trasladaron a un centro de salud y los médicos determinaron que la mujer había sido violada. La Policía se trasladó hasta el apartamento donde sucedieron los hechos y detuvo a un menor de edad y dos hombres que alquilan el lugar. En ese momento, empezaron a trabajar en el caso Investigaciones de Zona I y la Policía Científica.
La Fiscalía informó que el relato de la mujer es coherente y que coincide con lo sucedido. Los detenidos se negaron a una prueba de ADN, así que para realizarla de todas formas se recurrió a una autorización judicial. Esto es un proceso de más de 48 horas, que es lo que en realidad Fiscalía tiene como plazo para imputar a una persona luego de que fue detenida.
Los hombres fueron emplazados y serán formalizados en el correr de los próximos días con las pruebas científicas. La fiscal encargada de la investigación declaró que una vez que se obtenga el resultado de la prueba de ADN se realizará la formalización correspondiente.
Apoyando a la mujer se encuentra la Unidad de Víctimas y Testigos de la Fiscalía y desde allí afirmaron que que “no se trata de una cuestión de impunidad sino de hacer los procedimientos de manera adecuada para que la defensa no recurra a un pedido de nulidad”.
A cargo del caso, en lo que respecta a los dos hombres, se encuentra la fiscal Sylvia Lovesio, de la Fiscalía Penal de Montevideo de Delitos Sexuales, Violencia Doméstica y Violencia basada en Género de 4º turno. En la investigación sobre el involucramiento del menor de edad está al frente Ricardo Chiecchi en la Fiscalía de Adolescentes.
En este momento, los dos hombres emplazados están en libertad con medidas limitativas que implican restricción de acercamiento a la víctima y la prohibición de salir del país. El adolescente fue ingresado, en un primer momento, al Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay porque no tenía quién se hiciera cargo de él ni dónde quedarse. Sin embargo, durante la tarde del lunes un adulto asumió responsabilidad del menor y corren para él las mismas medidas limitativas.
La fiscal explicó que “quedar emplazados es que se fije domicilio y quedar a disposición de la Fiscalía para ser investigados”, informó el diario El País. Desde que se hizo pública la denuncia, la opinión pública se ha manifestado en redes sociales y en la prensa en contra de lo que le sucedió a la víctima. “Esto recién comienza”, expresó Sylvia Lovesio.
Agregó que se activó el protocolo para recepcionar las pruebas de ADN y así poder imputar “a las tres personas denunciadas, si es que fueron las tres, a una o a dos”.
“Para eso se requiere que la víctima sea vista por ginecólogo, psicólogo, psiquiatra y por un médico forense. Además todos los informes que se pidieron en forma urgente, pero que demoran, porque obviamente es todo un procedimiento científico, que son sobre el cotejo de muestras de ADN”, dijo en Doble Click (Del Sol FM).
El proceso de denuncia
Es necesario “cambiar” el proceso actual de denuncia por el que pasan las víctimas de delitos sexuales, declaró Lovesio. Hay que poder dar una “respuesta rápida”, aunque opinó que los delitos sexuales en Uruguay “no son una prioridad en materia de políticas públicas”.
“Está bueno que se genere indignación y que este tema se ponga en el tapete público en el sentido de que la gente sepa cómo funciona nuestro sistema. Actuamos con la mayor diligencia, pero la respuesta inmediata que la víctima debe tener, no la tenemos porque carecemos de las herramientas fundamentales para tener una respuesta rápida”, dijo.
La fiscal fue consultada sobre si las mujeres están seguras en Uruguay y su respuesta fue: ”no, no están seguras”. Hizo hincapié en que las penas que reciben las personas que cometen estos delitos “no contemplan el daño que la víctima sufre, que queda con un daño irreversible para toda la vida”.
En este caso en particular, siente “lo mismo que le pasa al resto de la opinión pública”. Eso es porque “estamos todos los días trabajando con víctimas, me gustaría que el sistema cambiara, y es lo que reclamo todos los días, para poder tener las evidencias con mucha más inmediatez, para poder actuar más rápido y darle a la víctima una respuesta, que es lo que la víctima se merece”.
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