Corte SupremaAunque la salida de Breyer no alterará el "balance ideológico" de la Corte Suprema, era muy esperada por grupos progresistas que no querían que se repitiera la frustrante experiencia que para ellos significó la muerte de Ruth Bader Ginsburg. Por:: Carlos Chirinos,Publicado 27 Ene 2022 – 07:48 AM EST | Actualizado 28 Ene 2022 – 04:04 AM ESTComparteCargando Video...
El anuncio del retiro del juez de la Corte Suprema Stephen Breyer no altera para nada el llamado balance ideológico del tribunal, pero cae como un alivio entre grupos progresistas porque permitirá a la disminuida bancada liberal cimentar un puesto y evitar el fiasco de lo sucedido tras la muerte de la jueza Ruth Bader Ginsburg a fines de 2020.
Será la primera oportunidad para el presidente Joe Biden de nombrar a un magistrado para uno de los cargos vitalicios en el alto tribunal. Y la expectativa es mayor a la normal, porque, durante la campaña, el hoy mandatario ofreció postular a una mujer negra y cumplir con una vieja aspiración de la comunidad afroamericana.
Solo ha habido dos magistrados negros, ambos hombres: Thurgood Marshall, nominado por Lyndon B Johnson y quien sirvió entre 1967 y 1991, y su sucesor en el puesto, Clarence Thomas, propuesto por George W. Bush, quien ejerce el cargo desde 1991.
En teoría, la aprobación del sucesor de Breyer debería ser un proceso sin complicaciones. No hay manera de bloquear la aprobación por mayoría simple de la persona que vaya a nominar Biden. Será la nominación de un presidente demócrata para un proceso de confirmación ante un Senado de (efímera) mayoría de su partido.
Sin embargo, la salida de Breyer, prevista para junio, cuando acabe el actual término de sesiones de la Corte, promete ser una extensión de la batalla de las elecciones en otro campo y su intensidad dependerá de en quien recaiga la nominación que haga la Casa Blanca.
Las palabras del senador republicano Lindsey Graham, quien es miembro del Comité Judicial, dan una idea de la pelea que viene.
“Si todos los demócratas se mantienen unidos, lo cual espero que lo hagan, tendrán el poder de reemplazar al juez Breyer en 2022 sin un voto republicano de apoyo. Las elecciones tienen consecuencias, y eso es más evidente cuando se trata de cubrir vacantes en la Corte Suprema”, escribió Graham en su cuenta Twitter.
La Corte Suprema trata de presentarse por encima del pulso partidista cada vez más radicalizado que se produce en Washington. Sin embargo, después de unas elecciones generales o de Congreso, el proceso de selección y confirmación de un magistrado de la corte se ha convertido en una de las peleas más duras de cuantas se escenifican entre conservadores y liberales.
El alto tribunal no funciona en líneas partidistas. Sin embargo, los postulados a integrarla suelen estar alineados con el presidente que los selecciona, al menos en su filosofía judicial. Independientemente de sus afiliaciones partidistas, los jueces son liberales o conservadores, pero en cuanto a su manera de interpretar la Constitución y las leyes.
Cada sector espera contar con magistrados cercanos a sus posiciones, sobre todo para temas álgidos como derecho al aborto, al porte de armas, los derechos de los estados o los límites del poder del gobierno federal.
La actual corte, modificada en el tiempo de Trump quedó con un desequilibrio de 6 magistrados conservadores frente a 3 liberales. Breyer es uno de estos últimos.
En los últimos años la corte se ha ido haciendo más conservadora (judicialmente hablando) y eso se refleja en decisiones que han favorecido el desmontaje de partes de leyes del voto que protegían a las minorías, los controles que regulaban los fondos de campaña, o, más recientemente, la autorización para que entre en vigor una restrictiva ley de aborto de Texas mientras es desafiada legalmente.
Pero en ese mismo período ha permitido la legalización del matrimonio igualitario, ampliado derechos de los trabajadores o blindado la Ley de Cuidados de Salud Asequible, u Obamacare, para frustración de los republicanos que han intentado derogarla por todos los medios posibles.
El actual presidente del tribunal, John Roberts (un nominado del presidente George W. Bush) ha sido un celoso defensor de la independencia y despolitización de la corte. Él mismo es un conservador, pero ha sido el fiel de la balanza en varios casos en los que su voto favoreció causas consideradas más liberales.
Con la inclinación a la derecha que significó la expedita sustitución de Bader Ginsburg por Amy Coney Barret, Roberts perdió ese poder de equilibrio. Breyer también ha cuestionado que se ponga al máximo tribunal en medio del debate partidista, porque, como dijo a principios del año pasado en un evento en la Escuela de Leyes de Harvard.
“Si el público ve a los jueces como políticos con túnicas, su confianza en los tribunales, y en el propio estado de derecho, solo puede disminuir, disminuyendo el poder de la corte, incluido su poder para actuar como control de otras ramas”, dijo Breyer en esa ocasión.
Pese a sus deseos, su permanencia en el cargo era objeto de críticas por parte de sectores liberales. Con 84 años, es el magistrado de mayor edad en el panel, y muchos temían que sucediera lo que pasó con Bader Ginsburg, una heroína de las causas progresistas cuyo legado corre el riesgo de quedar disminuido con la actual corte conservadora.
Si Ginsburg se hubiera retirado bajo el gobierno de Obama, es el razonamiento de esos grupos, se habría podido conservar ese asiento en el supremo. Pero Ginsburg no lo hizo, dicen quienes la conocieron, porque estaba muy confiada en que ganaría Hillary Clinton y no Donald Trump.
Pese a los deseos de Robert o Breyer, o las afirmaciones de otros magistrados sobre su desconexión con la política partidista, los últimos cuatro nombramientos de magistrados han estado rodeados de una gran polémica y se han politizado a un nivel pocas veces visto.
Empezó en 2016, cuando el Senado, entonces controlado por los republicanos de Mitch McConnell, se negó a siquiera considerar la postulación que hacía Barack Obama de Merrick Garland como sustituto del fallecido Antonin Scalia.
Luego, en 2017, con el primer nominado del presidente Donald Trump, Neil Gorsuch, McConnell alteró las reglas del Senado para evitar el previsible bloqueo que algunos demócratas prometían presentar en “desagravio” de Garland.
Desde entonces los magistrados de la Corte Suprema no pueden ser objeto de la maniobra dilatoria del ‘filibuster’ y pueden ser elegidos con mayoría simple.
En 2018 Trump tuvo oportunidad de hacer otro nombramiento, el de Brett Kavanaugh, cuya nominación se vio empañada por las denuncias de Chirstine Blasey Ford sobre un supuesto intento de violación cuando el juez estaba en la universidad. La denuncia forzó sesiones adicionales para escuchar a Ford y los alegatos en su defensa de Kavanaugh, en una audiencia en la que se enfrentó (e irrespetó) a los senadores y que, según algunos de ellos, demostró que “carecía del talante” para ejercer como juez.
Y en septiembre de 2020, ante la sorpresiva muerte de Bader Ginsburg, el presidente Trump nombró para sucederla a Coney Barret, una jueza de filosofía conservadora y opiniones muy polémicas sobre el aborto a la que le tomó solo 27 días ser confirmada por el Senado.
La confirmación de Barret se produjo cuando las elecciones presidenciales que finalmente perdería Trump ya habían empezado en varias partes del país, un contraste con el argumento presentado por McConnell en 2016 para bloquear a Garland de que era necesario esperar el resultado de las presidenciales para así dar una “voz” al electorado en la configuración de la Corte Suprema.
2022 es también año electoral y con los comicios de noviembre los demócratas arriesgan perder las mayorías que tienen en el Senado (garantizada ahora solo por el voto de desempate que representa la vicepresidenta Kamala Harris, en su condición de presidenta de la Cámara Alta).
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