Por qué la ley contra el aborto de Texas es considerada la más estricta de Estados Unidos aldia-dallas-horiz TDMN

Austin, Texas — El hecho de que la Corte Suprema haya respaldado una nueva ley de Texas que prohíbe la mayoría de los abortos representa la mayor restricción a este derecho constitucional en décadas, y los republicanos de otros estados ya están sopesando aplicar medidas similares.

La ley de Texas prohíbe que se realicen los abortos una vez que los médicos detecten el latido cardíaco fetal, lo que usualmente ocurre a las seis semanas de gestación, antes de que muchas mujeres se hayan percatado de que están embarazadas. Los tribunales han impedido que otros estados impongan restricciones similares, pero la ley de Texas se diferencia significativamente porque deja la aplicación en manos de los ciudadanos a través de demandas civiles en lugar de recurrir a los fiscales.

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Este es un vistazo a lo que hay que saber sobre la nueva ley de Texas que entró en vigor el martes, por la cual las clínicas de aborto en estados vecinos ya han reportado un aumento en el número de texanas que buscan someterse al procedimiento:

Permite que cualquier ciudadano demande a proveedores de abortos de Texas que quebranten la ley, así como a cualquier persona que “ayude o instigue” a una mujer para que se someta al procedimiento. Sin embargo, las pacientes que abortan no pueden ser demandadas.

La ley no hace excepciones por casos de violación o incesto. La persona que presente la demanda —la cual no necesariamente debe tener un vínculo con la mujer que se sometió al procedimiento— tiene derecho a recibir hasta $10,000 por daños y prejuicios si gana en la corte. El Texas Right to Life, el grupo opositor al aborto más grande del estado, lanzó un sitio web para recibir pistas sobre presuntas violaciones y señaló que ya tiene abogados listos para presentar demandas.

La diferencia principal es el mecanismo de aplicación. La ley de Texas se apoya en ciudadanos que demanden a proveedores de abortos por presuntas violaciones. Otros estados han tratado de hacer valer sus leyes a través de acciones gubernamentales, tales como cargos penales contra médicos que realicen el procedimiento.

Texas es uno de 14 estados con leyes que o prohíben el aborto por completo o lo prohíben después de las ocho semanas o menos de embarazo. Los tribunales han suspendido otras leyes. Recientemente, un tribunal bloqueó una nueva ley de Arkansas que habría prohibido todos los abortos a menos de que sea necesario salvar la vida de la madre en una emergencia médica. Otras entidades con leyes bloqueadas que prohíben los abortos en las primeras etapas del embarazo son: Alabama, Georgia, Iowa, Kentucky, Luisiana, Mississippi, Missouri, North Dakota, Ohio, South Carolina, Tennessee y Utah.

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Desde hace tiempo, Texas ha sido un importante campo de batalla en torno al derecho y el acceso al aborto, incluida una ley de 2013 que cerró más de la mitad de las más de 40 clínicas que realizan abortos en el estado antes de que la Corte Suprema la bloqueara.

Envalentonados por las victorias conseguidas en las elecciones de 2020, los republicanos respondieron este año con un agenda de extrema derecha que incluía flexibilizar las leyes de armas y un mayor endurecimiento a las que ya son algunas de las leyes electorales más estrictas del país. Los grupos que se oponen al aborto dijeron que la nueva ley fue una respuesta a la frustración por la negativa de los fiscales a implementar otras restricciones al aborto que ya estaban en vigor.

Antes de que el gobernador republicano Greg Abbott promulgara la ley en mayo, los votantes de Lubbock, Texas, aprobaron una ordenanza que también pretendía prohibir la interrupción del embarazo en la ciudad al permitir que los familiares demandaran a un proveedor de abortos.

La acción de la Corte Suprema no restablece ninguna ley de aborto anulada en otros estados. Pero “en esencia, el máximo tribunal del país ha dado a otros estados una guía para restringir” el fallo del caso Roe contra Wade, comentó Steven Schwinn, profesor de derecho constitucional de la Universidad de Illinois en Chicago.

De hecho, algunos legisladores republicanos ya están hablando acerca de seguir el ejemplo.

En Arkansas, el senador estatal republicano Jason Rapert tuiteó el jueves que planeaba presentar un proyecto de ley similar a la ley de Texas para que la Legislatura lo someta a análisis cuando vuelva a reunirse en el otoño. Pero no está claro si eso se permitirá, debido a que la agenda de la sesión se limita actualmente a la redistribución de los distritos del Congreso y a las propuestas relacionadas con covid-19.

En Mississippi, el senador estatal republicano Chris McDaniel dijo el jueves que consideraría “totalmente” la posibilidad de presentar una iniciativa que se asemeje a la ley de Texas.

“Creo que la mayoría de los estados conservadores en el sur observarán esta inacción por parte de la corte (Suprema) y tal vez la considerarán una oportunidad para avanzar en ese tema”, comentó McDaniel.

La Legislatura de Mississippi tiene previsto comenzar a sesionar en enero. La Corte Suprema escuchará los alegatos este otoño sobre una ley de ese estado de 2018 que prohibiría la mayoría de los abortos después de 15 semanas de embarazo, un caso que es un desafío directo a la despenalización del aborto.

Algunos estados ya han recurrido a los ciudadanos para la aplicación de leyes nuevas.

Una ley de Missouri que entró en vigor la semana pasada permite que los ciudadanos demanden a las agencias policiales locales cuyos agentes apliquen conscientemente cualquier ley federal sobre armas. Los departamentos de policía pueden enfrentar multas de hasta $50,000 por cada caso. La ley fue respaldada por republicanos que temen que el gobierno del presidente demócrata Joe Biden pudiera implementar políticas restrictivas en materia de armas.

En Kansas, una nueva ley surgida a partir de la frustración por las restricciones contra el coronavirus permite que los residentes presenten demandas impugnando las órdenes de uso de mascarillas y los límites a las reuniones públicas impuestos por los condados. El mes pasado, la Corte Suprema de Kansas permitió que se implementara la ley mientras analiza una apelación a un fallo de un tribunal de menor instancia que la declaró inconstitucional.

El año pasado, Utah también adoptó una estrategia similar sobre la pornografía, aprobando una ley que permite a los ciudadanos demandar a sitios web que no muestren una advertencia sobre los efectos que tienen los “materiales obscenos” en los menores de edad. Aunque los grupos de entretenimiento para adultos señalaron que era una violación a la libertad de expresión, muchos sitios han cumplido con la ley para evitarse el gasto de una posible avalancha de impugnaciones judiciales.

Desde hace tiempo, los ciudadanos que presentan sus propias demandas son un elemento del derecho ambiental y de los derechos de las personas con discapacidad, dijo Travis Brandon, profesor adjunto de la Facultad de Derecho de la Universidad Belmont. Los grupos ambientalistas, por ejemplo, ayudan a entablar demandas contra negocios acusados de violar los permisos federales de operación para empresas contaminantes.

En California, la Proposición 65 permite que las personas que podrían haber estado expuestas a materiales potencialmente cancerígenos puedan presentar sus propias demandas y cobrar una especie de “recompensa” si ganan. Sin embargo, esas leyes son diferentes, en el sentido de que, en general, las personas deben demostrar que se han visto directamente afectadas por una infracción a la ley, una característica que falta en la nueva medida de Texas, señaló Brandon.

David A. Lieb informó desde Jefferson City, Missouri. Los periodistas de The Associated Press Andrew DeMillo en Little Rock, Arkansas; Heather Hollingsworth en Mission, Kansas; Emily Wagster Pettus en Jackson, Mississippi, y Lindsay Whitehurst en Salt Lake City contribuyeron a este despacho.